Raúl Benítez expone cinco ejes del libelo acusatorio y acusa a Peña de montar un esquema para favorecer a Ueno
- Durante el debate del juicio político en Diputados, el legislador opositor presentó los principales argumentos de la acusación contra Santiago Peña, que incluyen presuntos conflictos de intereses, uso de fondos públicos y complicidad del Banco Central.
- Benítez mencionó inversiones del presidente en empresas vinculadas al Grupo Vázquez, depósitos del IPS en Ueno, créditos a firmas relacionadas y un supuesto crecimiento patrimonial sin justificación.
- El diputado sostuvo que la crisis quebró la confianza en el sistema financiero y responsabilizó al mandatario por un esquema que, según denunció, habría sido montado desde el Poder Ejecutivo para beneficiar a un grupo empresarial.
El diputado opositor Raúl Benítez presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados los argumentos que sustentan el libelo acusatorio contra el presidente Santiago Peña y expuso cinco ejes principales sobre su presunta responsabilidad en el caso Ueno Bank. Durante su intervención, acusó al mandatario de utilizar instituciones públicas para favorecer a un grupo empresarial y poner en riesgo los recursos de los ahorristas.
Como primer punto, mencionó un supuesto conflicto de intereses por las inversiones que Peña mantenía en empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Citó su declaración jurada, en la que figurarían G. 6.100 millones en acciones de U Holding, un certificado de depósito de ahorro de G. 2.400 millones en Financiera Ueno y un bono de G. 350 millones en ITTI. En total, señaló G. 8.894 millones vinculados al grupo empresarial.
También cuestionó las designaciones realizadas por el Ejecutivo en el Banco Central del Paraguay. Recordó que Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, fue designado titular del BCP en agosto de 2023 y mencionó el paso de Juan Manuel Gustale desde la entidad bancaria al directorio del Banco Central.
Como segundo eje, Benítez denunció el presunto direccionamiento de recursos públicos hacia Ueno mediante convenios con organismos estatales y la flexibilización de normativas para permitir inversiones de fondos jubilatorios. En particular, señaló que el IPS pasó de tener G. 80.000 millones en Financiera Ueno a G. 2,2 billones en el banco, entre certificados de depósito, cuentas a la vista y bonos, en un periodo de 20 meses.
El legislador afirmó que la exposición del IPS llegó a casi el 11% de su cartera, superando el límite legal del 10%. Cuestionó que se hayan modificado disposiciones para facilitar las inversiones y sostuvo que se priorizó la rentabilidad del grupo financiero por encima de la seguridad y liquidez de los fondos de los asegurados.
El tercer punto estuvo relacionado con el supuesto copamiento del Banco Central. Benítez denunció que la institución habría omitido controles sobre operaciones crediticias a empresas vinculadas al mismo grupo empresarial. Mencionó créditos por G. 743.000 millones, equivalentes a unos USD 123 millones, otorgados a firmas relacionadas con el Grupo Vázquez, y afirmó que las operaciones representaban cerca del 30% del patrimonio efectivo del banco, por encima del límite del 20% que, según indicó, establece la normativa.
También cuestionó el tratamiento del denominado informe Rivarola y sostuvo que el Banco Central respondió a los cuestionamientos por una cuestión formal, sin abordar el fondo de las denuncias. Para el diputado, la actuación posterior de la institución demuestra que conocía las irregularidades denunciadas.
Como cuarto eje, apuntó al crecimiento patrimonial del presidente Peña. Según las cifras que expuso, el mandatario pasó de declarar G. 1.352 millones en 2017 a G. 23.000 millones en agosto de 2023. Benítez cuestionó una diferencia patrimonial de G. 9.200 millones que, a su criterio, no tendría una justificación clara.
También mencionó el préstamo de G. 3.548 millones otorgado por Ueno para la construcción de una residencia en San Bernardino, sobre un terreno que, según afirmó, no está a nombre del presidente. Agregó que el crédito implicaría cuotas mensuales de G. 239 millones y cuestionó las condiciones en que fue concedido.
El quinto eje fue el impacto sobre la confianza en el sistema financiero. Benítez recordó las crisis bancarias de la década de los 90 y advirtió que recuperar la credibilidad de los ahorristas puede llevar décadas.
“Un atraco a un banco. No se necesitó tener encapuchados con armas largas. Acá el presidente de la República instaló un esquema criminal desde el Poder Ejecutivo donde por medio de las instituciones creó un banco y con esas mismas instituciones lo fondeó”, afirmó durante su exposición.
El diputado también hizo referencia a las familias y trabajadores que actualmente no pueden disponer de sus ahorros y pidió que las instituciones responsables de investigar actúen sin interferencias políticas. Mencionó a la Cámara de Senadores y al Ministerio Público, y advirtió que cada decisión tendrá responsables. “Hoy Peña se tiene que ir y no a su casa, se tiene que ir a Tacumbú”, lanzó Benítez para terminar su intervención.
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