Al menos 20 grupos derechos humanos dejan de colaborar con la CPI tras sanciones de EE.UU.

Entre las entidades que han interrumpido su cooperación está Human Rights Watch, mientras que otras, como Save the Children Países Bajos y la plataforma Forensic Architecture, están reconsiderando sus relaciones con el tribunal, según una investigación de la plataforma neerlandesa Investico y del semanario De Groene Amsterdammer, que consultaron a más de 100 organizaciones.

El motivo son las sanciones aprobadas desde febrero de 2025 por la administración del presidente Donald Trump contra funcionarios de la corte, después de que la CPI dictara en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Las medidas estadounidenses incluyen restricciones financieras y de visado que pueden impedir a las personas sancionadas acceder a servicios bancarios y contratar empresas estadounidenses.

Washington endureció el pasado mes estas medidas con nuevas sanciones dirigidas contra el tribunal en su conjunto.

La CPI depende en gran medida de la colaboración de organizaciones locales para obtener testimonios, documentos y otras pruebas, y a menudo son las primeras en llegar al lugar de los hechos.

"Son una parte muy importante de nuestro trabajo (…). No investigan por nosotros, pero nos proporcionan pistas que nos permiten encontrar formas de corroborar las pruebas", explicó a Investico la ex fiscal jefe de la CPI Fatou Bensouda, quien dirigió la Fiscalía hasta 2021.

Según la investigación, varios financiadores estadounidenses han introducido cláusulas en sus contratos que prohíben colaborar con la CPI, incluso en proyectos sin relación con Estados Unidos o Israel.

El temor también afecta a entidades europeas que no están directamente sujetas a la legislación estadounidense.

"No podemos aceptar el riesgo de ser sancionados nosotros mismos y que, con ello, se ponga en peligro todo nuestro trabajo restante", señaló una ONG alemana a los investigadores.

Uno de los casos más graves es el de Defence for Children Palestine, dedicada a documentar vulneraciones de los derechos de los niños palestinos, que se disolvió este verano tras años de presiones.

La organización había sido incluida por Israel en una lista de entidades terroristas en 2021 y había sufrido registros en sus oficinas y dificultades para acceder al sistema financiero.

La presión también afecta a organizaciones con una larga trayectoria de colaboración con la CPI.

"Durante más de diez años hemos mantenido una relación de trabajo con la CPI. Ahora estamos reconsiderándola", declaró Eyal Weizman, director de Forensic Architecture.

La investigación también cuestiona la respuesta de Países Bajos, país anfitrión de la CPI, que tiene obligaciones internacionales para garantizar el funcionamiento independiente del tribunal.

El Gobierno neerlandés, que apuesta por una respuesta europea coordinada, aseguró que Países Bajos no tiene "ninguna responsabilidad especial como Estado anfitrión" para proteger a las ONG de las consecuencias de las sanciones estadounidenses.

La Unión Europea tiene mecanismos jurídicos, como el reglamento de bloqueo, que puede utilizarse para proteger a los operadores europeos frente a determinadas sanciones de terceros países, aunque no se ha activado en este caso.

Los investigadores advierten de que las veinte organizaciones identificadas podrían representar solo una parte del problema, ya que numerosas ONG han rechazado hablar públicamente por temor a represalias.