INE, entre choque político y bloqueos de la UIF

En lo que se perfiló como una calculada maniobra de control de daños y disputa por la memoria histórica, la presidenta Claudia Sheinbaum convirtió ayer la polémica por la supuesta corrupción en el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei, en una ofensiva contra el pasado del árbitro electoral.

Lejos de acotar la crisis a las denuncias penales por cohecho, peculado y lavado de dinero presentadas por el PAN contra la exconsejera y sus proveedores, la mandataria desplazó los reflectores hacia dos décadas de presunta opacidad, al acusar a Lorenzo Córdova de tolerar un duopolio en la producción de urnas y mamparas.

Postura presidencial

Bajo la consigna de que “si vamos a analizar, vamos a analizar completo”, la mandataria descalificó la “autoridad moral” de ex titulares como Luis Carlos Ugalde, a quien tildó de ejecutor del fraude de 2006, y exigió a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar contrataciones desde la era del IFE.

El análisis de la narrativa oficial apunta a que ante la embestida de la oposición, que busca atribuir el colapso operativo del INE al proyecto de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo articuló una contraofensiva narrativa para vincular los supuestos malos manejos en el INE con un patrón estructural de presuntos vicios, privatizaciones de facto y fraudes electorales que se remonta a más de dos décadas.

Los antecedentes

De acuerdo con las investigaciones difundidas y los expedientes acumulados por el Órgano Interno de Control (OIC), las decisiones clave del organismo y la negociación de millonarios contratos no se realizaban en las oficinas institucionales, sino a 13 kilómetros de distancia, en una residencia de lujo ubicada en Picacho Ajusco 259, en la colonia El Pedregal.

En dicho inmueble, según las indagatorias del contralor interno Víctor Hugo Carvente Contreras, se habrían pactado adjudicaciones directas y entregas de dinero en efectivo en favor del grupo cercano a la expresidenta del instituto.

Las pesquisas de la Contraloría Interna, que derivaron en la dimisión de Taddei el pasado 26 de octubre de 2026, mantienen abiertos expedientes que involucran a 15 funcionarios y exfuncionarios de su círculo inmediato, ocho personas físicas y 18 empresas proveedoras. Entre los expedientes bajo sospecha destaca la adjudicación de contratos por más de 15 millones de pesos al empresario José Alfredo Hernández Casillas, así como la simulación de licitaciones para la producción de materiales electorales.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acompañado por el abogado Roberto Gil Zuarth y coordinadores parlamentarios como Elías Lixa, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia formal de hechos contra Guadalupe Taddei y quienes resulten responsables.

La querella abarca la presunta comisión de seis delitos federales de alta gravedad: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La respuesta

Ayer por la tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras de riesgo vinculadas con proveedores electorales.

La dependencia señaló que la medida deriva de análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones y tiene carácter preventivo y precautorio, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

Además, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones identificadas y determine si existen posibles responsabilidades legales.

Hacienda precisó que las personas físicas y morales incorporadas a la lista cuentan con garantía de audiencia y mecanismos de defensa establecidos en la legislación aplicable.

La dependencia subrayó que las investigaciones deberán desarrollarse bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia, mientras las autoridades competentes determinan el alcance de las operaciones financieras detectadas.

¿Corrupción o jugada de control?

La reciente sacudida política en el Instituto Nacional Electoral (INE), evidenciada por la salida de su presidenta Guadalupe Taddei tras la exposición de supuestos escándalos de corrupción, no constituye un simple proceso de depuración administrativa. De acuerdo con la evaluación del politólogo y articulista Oswaldo Villaseñor, las acusaciones de corrupción han servido como un instrumento político para que la presidenta Claudia Sheinbaum tome el control directo del órgano electoral.

El analista sostuvo que la reconfiguración del INE no se diseñó pensando en la contienda intermedia de 2027, sino con la mirada puesta en el proceso de revocación de mandato de junio de 2028. Dijo que ante la desconfianza hacia los cuadros heredados del gobierno anterior, la administración central busca asegurar un árbitro incondicional antes de enfrentar la ratificación presidencial. También enfatizó que la revocación de mandato, prevista para el primer domingo de junio de 2028, en coincidencia con la elección del Poder Judicial, representa el verdadero cálculo de riesgo de la presidenta Sheinbaum.