Títulos falsos: el MEC busca justificar su gestión con 1.000 carreras cerradas en 3 años

El ministro de Educación, Luis Ramírez, se reunió esta mañana con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para comunicar las últimas acciones impulsadas desde la institución, referente a la investigación de títulos irregulares, según reportó su departamento de Comunicación.

Tras presentar los avances en la investigación sobre irregularidades académicas, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmó la inhabilitación de 124 docentes por presentar títulos espurios —108 del sector privado y 16 del público—, una consecuencia directa de haberse reglamentado recién en esta gestión la Ley de Educación Superior, aprobada en 2003. El vacío normativo permitió durante más de dos décadas el registro masivo de títulos de carreras sin acreditación.

Ramírez detalló que estas sanciones forman parte de un primer lote de 300 casos denunciados ante el Ministerio Público. “Esta es la primera administración en poner condiciones para que las acreditaciones de las universidades tengan valor. Estamos trabajando en conjunto con rectores de universidades públicas y privadas para una reforma de la educación superior”, aseveró el ministro al salir de la reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

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Igualmente, el ministro de Educación, quien presidió personalmente el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) hasta hace poco, se ufanó de la clausura de 1.080 carreras universitarias debido a la falta de acreditación oficial, habilitación o por irregularidades en la emisión de títulos.

Los datos centrales del caso de títulos falsos en el MEC:

• Carreras clausuradas: Más de 1.000 ofertas de grado cerradas en los últimos tres años.
• Docentes sancionados: 124 educadores inhabilitados (108 del sector privado y 16 del sector público).
• Denuncias en Fiscalía: Primer lote de 300 sumarios, fue remitido al Ministerio Público por el MEC este año.
• Vacío legal de 20 años: Consecuencia directa de no haber reglamentado a tiempo la Ley de Educación Superior del 2003.

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Sin embargo, los anuncios del titular de la cartera educativa distan de ser una novedad. El lote de 300 sumarios y el desglose de los docentes sancionados ya habían sido confirmados oficialmente por el propio MEC semanas atrás y supuestamente ya habían sido remitidos los antecedentes al Ministerio Público. Presentó datos de investigación interna como si fueran avances en la investigación de los títulos espurios.

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Otro punto débil en el reporte del titular de la cartera educativa tiene que ver con la falta de más datos públicos sobre las indagaciones, ya que las autoridades continúan sin precisar cuántos alumnos fueron estafados o qué porcentaje de esas más de 1.000 ofertas clausuradas corresponden a programas de grado que operaban de forma activa al momento de la intervención y cuántas estaban ya inactivas desde el inicio de la gestión de Gobierno en el 2023.

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El caso del exsenador cartista Hernán Rivas —cuyo cuestionado título falso de abogado expuso la fragilidad del registro de títulos en el país— fue la verdadera punta de lanza que apuró los controles por parte de las autoridades educativas.

Antes del escándalo mediático y judicial que salpicó al propio Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), las alertas sobre la proliferación de ofertas académicas dudosas dormían en los cajones del Ministerio. Fue la indignación ciudadana la que terminó acelerando las auditorías y empujando a la administración de Ramírez a mostrar apuro ante la Fiscalía.