Suprema Corte perfila blindaje a Samuel García para impedir que el Congreso de Nuevo León lo destituya mediante juicio político, mientras enfrenta una nueva denuncia ante la FGR por presunto peculado y enriquecimiento ilícito
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto resolver este jueves 5 de noviembre de 2026 si mantiene la suspensión que impide al Congreso de Nuevo León destituir o inhabilitar al gobernador Samuel García Sepúlveda mediante un juicio político por presuntos actos de corrupción.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra propone confirmar la medida que protege al mandatario mientras se determina si el procedimiento legislativo cumple con la Constitución. La votación aún está pendiente, por lo que no existe una resolución definitiva sobre esta impugnación.
De acuerdo con los expedientes de la Suprema Corte y los asuntos programados para la sesión, la propuesta de Herrerías busca rechazar el recurso presentado por el Congreso estatal contra la suspensión concedida por la ministra María Estela Ríos González en julio. La protección judicial no cancela el juicio político ni determina si las acusaciones contra el gobernador tienen fundamento. Su efecto consiste en impedir que una eventual sanción se ejecute antes de que la Corte resuelva el conflicto constitucional.
El caso tiene una consecuencia para el futuro político de Nuevo León. Samuel García concluye su mandato en octubre de 2027 y no existe una fecha límite establecida para que la Corte resuelva el fondo de la controversia. Si la suspensión permanece vigente, el mandatario podría continuar en el cargo durante buena parte del tiempo que le resta de su administración, incluso si el Congreso avanza en el procedimiento.
La discusión también definirá hasta dónde puede actuar el Poder Legislativo estatal mientras se revisa la constitucionalidad del acuerdo con el que autorizó el juicio político contra el gobernador.
¿Por qué la Suprema Corte podría impedir la destitución de Samuel García?
La ministra Sara Herrerías presentó un proyecto para confirmar la suspensión concedida al gobernador dentro de la controversia constitucional 386/2026.
La medida fue otorgada por María Estela Ríos en julio, después de que el Ejecutivo de Nuevo León impugnara el acuerdo aprobado el 12 de junio por la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal.
La propuesta plantea declarar infundado el recurso de reclamación promovido por el Poder Legislativo, lo que permitiría mantener la protección mientras continúa el análisis constitucional.
Para confirmar la suspensión, bastarían tres votos del Pleno, conforme al mecanismo de votación aplicable a este recurso.
El proyecto no resuelve si Samuel García cometió alguna irregularidad ni determina la validez definitiva del juicio político. La Corte revisará, en esta etapa, si debe mantenerse la medida cautelar que impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación.
¿De qué acusan a Samuel García en el juicio político?
El procedimiento comenzó a partir de una denuncia presentada el 8 de junio de 2026 por la dirigencia de Morena en Nuevo León, que señaló presuntos actos de peculado, corrupción y triangulación de recursos públicos.
Según los señalamientos presentados ante el Congreso, recursos provenientes de operaciones del gobierno estatal habrían sido canalizados hacia empresas y despachos relacionados con familiares del mandatario, incluido un despacho vinculado con su padre.
El procedimiento se desarrolló en las siguientes fechas:
- 8 de junio: Morena presentó la solicitud de juicio político.
- 10 de junio: La denuncia fue turnada a la Comisión Anticorrupción.
- 12 de junio: La comisión aprobó iniciar el procedimiento.
- 23 de junio: Samuel García presentó por escrito su defensa.
- Julio: La Suprema Corte concedió una suspensión para impedir la ejecución de sanciones.
- 5 de noviembre: Está programada la discusión de los recursos relacionados con la admisión de la controversia y la suspensión.
La información sobre la denuncia y las actuaciones legislativas fue documentada por La Jornada y El Financiero. Hasta esta etapa, los señalamientos constituyen acusaciones que deben ser examinadas mediante los procedimientos correspondientes y no acreditan por sí mismos la responsabilidad del gobernador.
¿Puede el Congreso de Nuevo León continuar el juicio político contra Samuel García?
Sí. La suspensión de la Suprema Corte no impide que el Congreso investigue, integre el expediente o continúe las etapas del juicio político.
Lo que restringe es la ejecución de cualquier determinación que implique separar al gobernador de su cargo o inhabilitarlo para ejercer funciones públicas.
Esto significa que, si los diputados avanzan hacia una resolución contra Samuel García, sus consecuencias no podrán aplicarse mientras siga vigente la suspensión.
La ministra María Estela Ríos aclaró en julio que la medida tiene una finalidad jurídica y no política. En su explicación señaló:
La suspensión concedida no paraliza el procedimiento de juicio político correspondiente”.
La distinción es importante porque el juicio político no ha sido cancelado y Samuel García tampoco ha sido declarado inocente. La Corte mantiene bajo revisión el conflicto entre el Ejecutivo estatal y el Congreso sobre las facultades para desarrollar el procedimiento.
¿Por qué la Corte considera necesario proteger a Samuel García de una destitución?
La suspensión concedida en julio se fundamentó en la necesidad de preservar el funcionamiento de la administración estatal y evitar consecuencias que una sentencia posterior no pudiera reparar.
El argumento central es que, si Samuel García fuera destituido y después la Suprema Corte resolviera a su favor, no podría recuperar los meses durante los cuales estuvo separado del cargo.
En la resolución se explicó:
Se podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”.
El razonamiento parte de que el mandato de un gobernador tiene una duración establecida y una sentencia favorable no puede devolverle el tiempo transcurrido.
Por esa razón, la suspensión busca conservar la situación jurídica del mandatario hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la controversia constitucional.
¿Hasta cuándo podría permanecer protegido Samuel García?
Samuel García tiene previsto concluir su periodo como gobernador de Nuevo León en octubre de 2027, por lo que le resta menos de un año de administración.
La suspensión no tiene una fecha fija de vencimiento. Su vigencia está vinculada a la resolución de fondo que emita la Suprema Corte.
De mantenerse, pueden presentarse dos escenarios:
- Si la Corte resuelve antes de octubre de 2027: el alcance de la protección dependerá de la sentencia definitiva y de las determinaciones judiciales correspondientes.
- Si la resolución llega después de que termine su mandato: la suspensión podría haber impedido que una sanción de destitución se ejecutara durante el resto de su periodo como gobernador.
Sin embargo, esto no representa una garantía de que Samuel García terminará su mandato sin enfrentar consecuencias judiciales o políticas. La protección corresponde al procedimiento impugnado y no equivale a inmunidad frente a otras investigaciones.
¿Qué resolverá la Suprema Corte este 5 de noviembre?
La discusión contempla dos recursos de reclamación relacionados con la controversia constitucional 386/2026.
El primero, identificado como 53/2026-CA, cuestiona la decisión de admitir la controversia promovida por el gobierno de Nuevo León.
El segundo, 54/2026-CA, impugna la suspensión que impide ejecutar sanciones derivadas del juicio político.
En ambos casos, los proyectos de la ministra Sara Herrerías proponen declarar infundadas las reclamaciones del Congreso y confirmar los acuerdos impugnados.
La decisión sobre la suspensión determinará si continúa vigente el impedimento para destituir o inhabilitar al mandatario mientras se analiza el fondo del conflicto.
Por ahora, la Suprema Corte no decidirá si Samuel García es responsable de los actos que se le atribuyen, sino si debe mantenerse la protección judicial y continuar el estudio de la controversia.
El resultado de la votación permitirá conocer si el Congreso de Nuevo León conserva únicamente la posibilidad de continuar el juicio político sin ejecutar sus sanciones, o si cambia el alcance de las restricciones impuestas desde julio.
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