Analizan gaseros ampararse contra reforma a ISR

• Distribuidores de gas LP analizan promover amparos contra la reforma al ISR, al considerar que fueron excluidos de los beneficios fiscales sobre deducciones y pérdidas.

STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector de distribución de gas licuado de petróleo (LP) analiza interponer amparos contra la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por excluirlos en los sectores beneficiados contra el tope a deducciones y pérdidas fiscales.

La reforma, aprobada el martes por la Cámara de Diputados, puso un tope a las deducciones autorizadas de 96.67 por ciento a las empresas que facturan más de 50 millones de pesos y bajó de 30 a 20 por ciento la deducción de intereses.

Además, avaló exceptuar a la industria automotriz y a las gasolineras de estos nuevos esquemas de deducciones y pérdidas fiscales.

Lourdes Medina, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas (Amexgas), que agrupa a empresas como Regio Gas, Gas Metropolitano, Supergas, Grupo Uribe, entre otras compañías que representan alrededor de 70 por ciento del mercado, aseguró que la industria se encuentra extrañada porque no se le está dando el mismo tratamiento a los empresarios de gas LP.

“No se le está dando el mismo tratamiento (al sector de gas LP) que al gasolinero, siendo que nos regula la misma Ley de Hidrocarburos y sólo incluyeron diesel y gasolina.

“Entonces, estamos muy extrañados como sector, y estamos valorando y analizando los siguientes pasos. Ayer comentamos con Hacienda los amparos, por ser un tema de inequidad, exclusión y hasta discriminación. Es una de las vías legales que estamos explorando”, dijo la directiva en entrevista.

Explicó que la reforma afecta a alrededor de 80 por ciento de las empresas afiliadas a la Amexgas.

Recordó que también se ven afectadas porque no se ha ajustado el margen de operación, que debería ser de 6.06, las presiones del tipo de cambio y precios internacionales.

“El sector trabaja con un margen que no se ha actualizado, que debería ser de 6.06 según el decreto de enero publicado por la Secretaría de Energía, que se suma a presiones del tipo de cambio y precios internacionales.

“Hay empresas que han cerrado rutas de distribución lejanas, como en Baja California, y otras que han despedido entre mil y 2 mil personas. Y ahora, con la reforma pues presiona más a las empresas y esto abre la puerta para que el crimen organizado y el sector ilegal tomen el control del mercado”, añadió.