Narcoespía: la historia del doble agente de la SIDE que trabajaba para los traficantes y admitió su culpa para quedar libre
ROSARIO.- El 6 de enero de 2023, cuando los gendarmes del Escuadrón Operaciones Antidrogas lo interceptaron al salir de un edificio de la calle 9 de Julio 2477, Iván Roberto Jokanovich se identificó como integrante de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y dijo que era el “jefe de inteligencia de la jurisdicción”. Le secuestraron un celular Xiaomi azul. Lo que había en ese teléfono, y sobre todo lo que faltaba, terminó por complicar su situación judicial.
Casi cuatro años después, el Tribunal Oral Federal N° 1 de esta ciudad lo condenó a un año y seis meses de prisión efectiva y tres de inhabilitación especial por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena fue pactada en un juicio abreviado que homologó el juez Ricardo Vásquez el 20 de octubre pasado. Por el tiempo que llevaba detenido, Jokanovich quedó en libertad, que a esta altura era lo único que buscaba.
El fallo reconstruye el papel de este abogado de 54 años, sin antecedentes penales hasta su detención, en la trama que le permitió a Juan José Raffo, excomisario que era integrante de la banda de Los Monos, eludir la captura durante más de dos años. Raffo fue detenido en marzo de 2025 en el barrio de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La sentencia incorpora documentación desclasificada del organismo de inteligencia que desmiente el cargo que Jokanovich se atribuyó ante los gendarmes. Según las notas AFI 005/2023 y 006/2023 y la resolución 07/2023, emitidas el 10 de enero de 2023, cuatro días después del secuestro del teléfono, tuvo dos pasos por la agencia de inteligencia: entre el 18 de mayo de 2015 y el 28 de enero de 2016, y entre el 1° de enero de 2021 y el 6 de enero de 2023. Su vínculo con el organismo terminó el mismo día en que Gendarmería le quitó el celular. En ese momento, la exAFI le soltó la mano.
En ese último período no figura como jefe sino como agente de la Unidad Operacional Rosario, con tareas de “reunión de información”. Entró a la AFI el año de su creación, salió semanas después de la asunción de Mauricio Macri y volvió durante el gobierno de Alberto Fernández.
Hay otro documento clave en la causa: la resolución “S” 293/2024, del 15 de octubre de 2024, en la que la exAFI informó que no existían registros de que Jokanovich hubiera recibido órdenes o autorización para intervenir en actividades relacionadas con la causa en la que se investigaba a Raffo. Todo lo que sabía de esa pesquisa lo había obtenido por fuera de cualquier canal institucional.
La causa nació de un imputado colaborador que contó que la red de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, y de Leandro “Pollo” Vinardi en San Lorenzo y Granadero Baigorria seguía activa a través de Guillermo “Chupa” Sosa, un hombre ligado al narcotráfico y a la barra brava de Newell’s. Los teléfonos de Sosa, detenido en mayo de 2022 por el homicidio de Nelson Saravia, llevaron a Raffo, y la pista de este excomisario narco llevó al espía.
Según los hechos que Jokanovich aceptó, entre agosto de 2022 y mayo de 2024 le pasó a Raffo datos de la investigación federal: los seguimientos de Gendarmería y las escuchas de la línea del expolicía. Eso, según el fallo, le permitió eludir la detención ordenada en la causa provincial por el crimen de Saravia.
En los allanamientos del 3 de marzo de 2023, uno de ellos, en Julio Marc 3010, en Rosario, no lo encontraron. La acusación atribuye a la ayuda del espía la “pérdida de eficacia” de los seguimientos y las escuchas. No hay muchos casos en los que un agente de la SIDE haya admitido haber ayudado y haber pasado información a un narco.
La sentencia detalló también cómo Jokanovich alertó a Mariano Ríos Artacho, entonces fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las tareas de vigilancia establecieron que Raffo usaba, al menos desde el 18 de octubre de 2022, un Chevrolet Cruze registrado a nombre del fiscal. El 14 de noviembre de ese año fue visto con ese auto en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
El 27 de diciembre de 2022, Jokanovich contactó a Ríos Artacho y le contó que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) investigaba a Raffo por narcotráfico; le preguntó si era dueño de un Cruze oscuro y le dijo que ese vehículo había sido fotografiado en Ezeiza. Según el relato que el propio Ríos Artacho hizo después, el agente le aseguró que podía manejar la situación desde el ámbito nacional y que lograría apartarlo de la investigación federal.
Dos días más tarde, el 29 de diciembre, Ríos Artacho se presentó espontáneamente ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA. Dijo que le había vendido el auto a Álvaro Rosales el 15 de octubre de 2022. Pero los registros del automotor muestran otra cosa: la denuncia de venta se hizo el 15 de diciembre, un mes después de que Raffo fuera visto con el auto en Ezeiza.
Para el tribunal, esto prueba que Jokanovich conocía una investigación en la que no tenía intervención y que le había contado sobre ella a uno de los involucrados. Por contactar a un funcionario judicial sin autorización de la conducción de la AFI se le imputó, además, una infracción a la ley de inteligencia.
El peritaje sobre el celular Xiaomi de Jokanovich permitió encontrar un contacto agendado como “JUAN”, que correspondía a la línea de Raffo, y comunicaciones con Ríos Artacho. Pero muchas conversaciones no tenían contenido visible. Los registros de varios chats de WhatsApp empezaban el 4 o el 5 de enero de 2023: el juzgado había ordenado el secuestro del teléfono el día 5. Había, además, mensajes con la leyenda “Borraste este mensaje”.
Quedaron otros rastros. Uno de ellos fue una factura por el alquiler de un departamento en San Martín 1619, piso 3 B, en Rosario, de noviembre de 2022, por $20.000, a cargo de Raffo. El documento consignaba como domicilio comercial Ituzaingó 1055, la dirección de Jokanovich. En esos meses Raffo ya era seguido por la Gendarmería.
El otro hallazgo abre una línea que el fallo no desarrolla: en el celular había documentos de la causa FRO 26709/2022, una investigación federal por narcotráfico en la Terminal Puerto Rosario, ajena a las funciones del agente.
Entre junio y julio de 2022 se detectó la salida de 1434 kilos de cocaína fraccionados en panes y camuflados mediante el método rip-off dentro de contenedores que transportaban maní originario de Córdoba. Pero se sospecha que otro cargamento de más de 1600 kilos de cocaína, que fue secuestrado en agosto de 2026, en un galpón en el barrio de Empalme Graneros, también iba a salir por aquella terminal.
El 10 de mayo de 2024 se allanaron dos propiedades de Jokanovich, en Ituzaingó 1055 y 1065. El tribunal ordenó el decomiso de todo lo secuestrado. La lista incluye una pistola Glock 25 calibre .380 con 14 balas, tres revólveres calibre .22 —dos Bisonte y un Taurus—, una escopeta semiautomática Benelli, 133 cartuchos calibre 12 y 700 municiones de 9 milímetros, para las cuales no se secuestró ningún arma. También había 4.751.800 pesos, 110 dólares, una máquina para contar billetes, una caja fuerte, dos DVR de cámaras de seguridad, dos cámaras fotográficas profesionales, al menos seis teléfonos celulares, varias computadoras, discos y memorias externas, y manuales de inteligencia.
En Ituzaingó 1065 se encontraron, además, seis cajas de lidocaína, con 100 ampollas de cinco mililitros cada una: 600 ampollas de un anestésico que suele aparecer como sustancia de corte en la cocaína. El fallo no explica por qué estaban en la casa del agente.
Los manuales serán enviados a la SIDE, a la que el tribunal le dio diez días hábiles para informar si quiere acceder al contenido de los dispositivos electrónicos.
Jokanovich fue detenido en mayo de 2024 y un mes después, en junio, el entonces juez federal Marcelo Bailaque –actualmente preso en su domicilio– le concedió la excarcelación; la Cámara Federal de Rosario la revocó en agosto, pero el agente siguió libre mientras recurría la decisión judicial. El 29 de mayo de 2025, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible su recurso y al día siguiente se ordenó de nuevo su detención. Desde entonces estuvo alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
En la audiencia del 16 de octubre pasado aceptó las acusaciones en su contra por encubrimiento agravado, que prevé de 1 a 6 años de prisión. El juez mencionó la “particular posición institucional” del acusado, pero valoró a su favor el reconocimiento y la falta de antecedentes.
La condena quedó cerca del mínimo, algo complejo de explicar al tratarse de un agente de inteligencia que era socio de quienes debía investigar.
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