Diputados aprueban por unanimidad el juicio político a Santiago Peña
- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña.
- El documento pasa ahora a la Cámara de Senadores, que deberá constituirse en tribunal para analizar la acusación.
- El proceso avanza a la instancia de juzgamiento político, en medio de la crisis desatada por las denuncias vinculadas al caso Ueno y los cuestionamientos a la gestión del mandatario.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el libelo acusatorio para someter a juicio político al presidente de la República, Santiago Peña. Con esta decisión, la Cámara Baja dio curso al procedimiento constitucional y trasladará la acusación al Senado, que tendrá a su cargo el juzgamiento del mandatario.
La decisión se produce en medio de la crisis política y financiera desatada por el caso Ueno Bank, que puso bajo cuestionamiento los vínculos del presidente con Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay y la exposición de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad bancaria. Estos hechos forman parte de los argumentos incluidos en el libelo acusatorio.
La acusación también plantea presuntos conflictos de intereses, modificaciones normativas que habrían favorecido intereses privados, supuestos excesos en los límites crediticios y un posible beneficio patrimonial indebido. Los legisladores impulsores sostienen que estos hechos constituyen motivos para apartar al jefe de Estado de sus funciones.
Con la aprobación en Diputados, el proceso entra ahora en una segunda etapa. La Cámara de Senadores deberá constituirse en tribunal y desarrollar un juicio público, en el que los diputados designados como acusadores deberán fundamentar los cargos, mientras que Peña tendrá derecho a ejercer su defensa y presentar sus descargos.
El artículo 225 de la Constitución Nacional establece que el Senado necesita una mayoría absoluta de dos tercios de sus integrantes para declarar culpable al presidente. Esto significa que se requieren 30 votos de los 45 senadores para resolver su destitución. Si se comprueba la supuesta comisión de delitos, los antecedentes deberán remitirse a la Justicia ordinaria.
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