Jueza federal rechaza conceder suspensión a Ernesto Ruffo Appel por bloqueo de su Pensión Bienestar
El Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada desestimó la medida cautelar provisional debido a que la defensa omitió acreditar la titularidad de la cuenta bancaria
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sufrió un revés legal luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, rechazó concederle la suspensión provisional dentro del juicio de amparo indirecto promovido por la inmovilización de su cuenta en el Banco del Bienestar. A través de dicho instrumento financiero, el exmandatario percibía los depósitos bimestrales de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
La defensa legal del exfuncionario impugnó la inmovilización, retención, bloqueo y congelamiento del producto bancario utilizado para dispersar el apoyo gubernamental. En su escrito inicial, el quejoso argumentó que la restricción de los fondos le impide costear requerimientos vitales indispensables como alimentación, atención médica y cuidados personales elementales durante el cumplimiento de su medida cautelar.
Fundamentos del fallo judicial y autoridades señaladas
En la resolución incidental, la jueza federal determinó que, aunque las manifestaciones bajo protesta de decir verdad acreditaron la existencia de los actos reclamados, la parte promovente omitió demostrar la apariencia del buen derecho y el interés suspensional exigidos por la ley reglamentaria. La titular del juzgado precisó que los abogados no aportaron documentos idóneos para constatar la titularidad sobre la cuenta señalada ni el derecho formal sobre la dispersión del recurso social.
El recurso de garantías señaló formalmente como autoridades responsables al titular de la Secretaría de Bienestar, a la Subsecretaría de Bienestar y a la Dirección General para la Operación de Programas Sociales a nivel federal. Asimismo, la demanda involucró a la delegación estatal del organismo en territorio bajacaliforniano, a la dirección regional de programas para el desarrollo y al apoderado legal de la entidad bancaria estatal.
Proceso penal y calendario de audiencias
El reclamo de las percepciones económicas coincide con el proceso penal que enfrenta el expolítico de 74 años, vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conducta conocida como huachicol fiscal. Dicho procedimiento derivó en su detención en julio de 2026 y su reclusión temporal en el Penal del Altiplano, antes de que la autoridad judicial modificara la medida cautelar hacia el resguardo domiciliario en su residencia de Ensenada.
El juzgado federal calendarizó la audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva el 10 de noviembre de 2026. Por su parte, la celebración de la audiencia constitucional del juicio principal quedó fijada en los estrados para el 5 de enero de 2027, fecha en la que el órgano jurisdiccional abordará el fondo del asunto.
Antecedentes de beneficiarios en la función pública
El programa de transferencias gubernamentales universales ampara a diversos perfiles de la administración pública y de la iniciativa privada. Registros oficiales documentan que figuras políticas como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador Gerardo Fernández Noroña, el exsenador Gustavo Madero y el exconsejero Gabriel Quadri figuran en el padrón de beneficiarios del programa.
La lista de derechohabientes del esquema universal de pensiones incluye también a legisladores como Judith Díaz Delgado y Leonel Godoy Rangel, junto a empresarios como Alfonso Romo Garza, Gerardo Garza Sada y David Garza Lagüera. Ernesto Ruffo Appel, quien en 1989 gobernó Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional, permanece a la espera de que sus representantes subsanen los requisitos formales ante el tribunal de distrito.
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