De “El INE no se toca” a SOMOS: Morena cuestiona a exintegrantes del instituto

La consigna “El INE no se toca” se convirtió en uno de los lemas más reconocibles de las movilizaciones de la Marea Rosa, movimiento que salió a las calles para defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral y manifestarse contra cambios que consideraba una amenaza para la democracia.

Sin embargo, el escenario político cambió con la aparición de SOMOS, organización que reunió a antiguos integrantes de la oposición y figuras vinculadas con el ámbito electoral. Ahora, el movimiento y algunos de sus participantes quedaron bajo los reflectores después de que el Gobierno federal presentara una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de proveedores electorales.

El señalamiento abrió un nuevo frente de confrontación entre Morena y figuras relacionadas con el antiguo entorno del INE, particularmente por los vínculos que la administración de Claudia Sheinbaum expuso entre empresarios investigados y participantes de SOMOS.

¿Por qué Morena relaciona a la Marea Rosa con SOMOS?

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, celebrada el 8 de octubre de 2026, el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, cuestionó la participación de antiguos integrantes del instituto en SOMOS.

En su intervención, sostuvo que la Marea Rosa no había defendido únicamente al organismo electoral, sino también a un grupo de personas que, según su interpretación, tenía influencia dentro de la institución. También describió a SOMOS como una organización integrada por figuras provenientes del PRI, PAN y PRD.

La discusión se relaciona con el tránsito de algunos participantes de las movilizaciones ciudadanas hacia la actividad partidista. La organización que impulsó la Marea Rosa avanzó en su proceso para convertirse en partido político nacional, bajo el nombre de SOMOS, lo que generó cuestionamientos sobre su identidad y sus vínculos con antiguos actores políticos.

¿Qué relación encontró el Gobierno entre SOMOS y los contratos electorales?

El 5 de noviembre, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentaron información sobre empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por obtener contratos millonarios con organismos electorales.

Según la investigación expuesta por el Gobierno federal, las compañías consiguieron 2 mil 94 millones de pesos en contratos entre 2015 y 2023 con 23 organismos electorales estatales. Además, entre 2024 y 2025 obtuvieron otros 646.3 millones de pesos mediante contrataciones con 15 instituciones locales.

Sheinbaum también mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien identificó como una persona relacionada con el origen profesional de los empresarios y que actualmente participa en SOMOS. La mandataria cuestionó que personas vinculadas con los antecedentes de las compañías señaladas coincidan ahora en el mismo proyecto político con antiguos funcionarios electorales.

Entre los nombres mencionados en la discusión pública están Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, quienes han tenido participación en distintas etapas de la vida institucional y política del país.

¿Qué significa este señalamiento para SOMOS?

La controversia coloca bajo escrutinio los vínculos políticos y profesionales de integrantes de SOMOS, pero también obliga a distinguir entre la pertenencia a una organización y una eventual responsabilidad por irregularidades en contratos públicos.

La información presentada por el Gobierno constituye una investigación sobre empresas y contrataciones; por sí sola, no demuestra que todos los integrantes de SOMOS hayan participado en operaciones ilegales ni establece responsabilidades penales de los exfuncionarios señalados.

El caso también revive el debate sobre la autonomía del INE, la fiscalización de sus organismos locales y la relación entre los movimientos ciudadanos y los partidos políticos.

Mientras Morena cuestiona la trayectoria de quienes pasaron de las movilizaciones de la Marea Rosa a SOMOS, el esclarecimiento de los contratos dependerá de las investigaciones de las autoridades competentes. La pregunta central será si las presuntas irregularidades pueden acreditarse y quiénes, en su caso, deberán responder por ellas.