Gabinete de Seguridad niega haber ordenado represión en marcha por agua en Guadalajara

Gabinete de Seguridad de Jalisco negó haber dado instrucción de represión contra manifestantes durante la manifestación en exigencia de agua limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara, ocurrida el domingo 11 de octubre.

“Debo expresar una distinción fundamental no hubo instrucción del gobierno del Estado para agredir o lesionar aquí quienes se manifestaban. La obligación institucional es proteger a las personas y preservar su seguridad, no reprimir opiniones”, declaró el secretario de Gobierno, Carlos Arias Madrid.

Cabe señalar que el actual secretario no ostentaba el cargo durante los hechos del 11 de octubre, era Salvador Zamora Zamora, quien llevaba dicho puesto público.

Zamora renunció el 25 de octubre bajo el argumento de que el partido Movimiento Ciudadano lo necesitará en la campaña rumbo a elecciones en 2027.

Quien también se deslindó del actuar de policías estatales fue el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón.

El funcionario señaló que no ordenó el uso de gas lacrimógeno ni agua a presión para dispersar a manifestantes.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González se limitó a enumerar los protocolos que presuntamente siguieron los policías estatales.

Por su parte, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos aseguró que hasta el momento no puede confirmar o negar si las víctimas sufieron tortura o desaparición forzada, ya que las investigaciones continúan.

Confrotan a Gabinete: ¿quién ordenó actuar de policías estatales?

La comparecencia estuvo marcada por los reclamos de legisladores, en particular de la diputada Mariana Casillas, del partido Futuro, quien cuestionó duramente el actuar de las fuerzas de seguridad. Casillas señaló que, mientras miles de personas exigían su derecho humano al agua limpia, los policías estatales respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, golpes y detenciones arbitrarias.

Según la diputada, hubo víctimas que estuvieron incomunicadas, personas que denunciaron tortura, jóvenes amenazados con ser desaparecidos y familias que pasaron horas buscando a sus hijos.

Entre los testimonios presentados, se mencionó el caso de un detenido que denunció haber perdido seis dientes tras una golpiza presuntamente propinada por policías. Casillas cuestionó la legitimidad del despliegue policial y la cadena de mando, señalando que los responsables de seguridad no pudieron explicar quién dio la orden para el operativo.

"¿Quién gobierna realmente estas corporaciones?", preguntó la legisladora, aludiendo a la falta de claridad sobre la responsabilidad en la toma de decisiones.

Los reclamos fueron respaldados por las legisladoras Itzul Barrera y Tonantzin Cárdenas, también de oposición.

Durante la comparecencia se denunció la presencia de presuntos ‘inflitrados’, ya que a las afueras del Congreso del Estado se reunieron víctimas, sus familiares y organizciones civiles.