La llegada masiva de centros de datos tendrá un impacto mínimo sobre la factura de la luz

El sector de los centros de datos en España contiene la respiración. Pese a que se trata de una expresión manida, los más de 65.000 millones de euros que aspiran movilizar las empresas dedicadas a este negocio justifica el uso de las frases hechas. El Gobierno está a punto de aprobar una regulación para los ‘data center’ que amenaza con parar dichas inversiones. Uno de los motivos para ser tan exigente se basa en una hipotética subida de los costes eléctricos para los consumidores. Sin embargo, la realidad que muestran los expertos difiere de estos cálculos. A través de la prensa se ha conocido que el Gobierno, en su análisis de impacto normativo sobre el real decreto que busca aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre –y que está ahora mismo en manos del Consejo de Estado–, justifica que la entrada masiva de centros de datos disparará los costes energéticos. Pero un informe de la consultora Wood Mackenzie encargado por la patronal sectorial SpainDC al que ha tenido acceso ABC demuestra que dicho impacto sería mínimo.El documento analiza la repercusión de dicho consumo en base a tres modelos: uno en el que no cambia nada con respecto al número de centros de datos que hay ahora mismo; otro que eleva el volumen a 3 GW de consumo; y un último caso que sobrepasa los 4 GW. Aunque el escenario dibujado por la industria sería el central, el Ministerio para la Transición Ecológica han entrado en una guerra de cifras para insinuar que habrá una avalancha sin control de estos proyectos que podría superar los 10 GW en 2030.Según el informe, «el caso considerado modelo central de 3 GW de consumo de centros de datos en el año 2030 incrementaría el precio final minorista en aproximadamente 1,5 €/MWh; es decir, unos 0,5 €/MWh por cada gigavatio de consumo de centros de datos».El documento de Wood Mackenzie estima que «estas cifras suponen en términos relativos un 1,3% más del precio final medio para todo el consumo asumido de 3 GW de ‘data center’, o 0,4% por cada gigavatio de consumo de centro de datos». En el caso base de 3 GW, el incremento de precio del mercado mayorista es de 5,6 €/MWh, o 1,9 €/MWh por cada gigavatio de consumo. No obstante, este incremento mayorista se ve diluido en el precio final minorista por varios motivos. Destaca el informe que existen numerosos costes adicionales a sufragar en el precio que llega al consumidor final, como los servicios de ajuste del sistema, los futuros pagos de capacidad, las redes, los cargos del sistema o el impuesto de la electricidad.Otro motivo para que el impacto sea muy diluido es que los costes totales en cada caso de demanda modelizado se sufragan por un consumo mayor derivado de la contribución de los centros de datos. Por ejemplo, en el caso central de 3 GW en el año 2030, los ‘data center’ aportan un 8% de mayor consumo que contribuye a sufragar los peajes y cargos reduciendo el coste unitario para el conjunto de consumidores.Polémica del gasOtra cuestión donde el Gobierno quiere poner el foco para elevar las exigencias de la nueva norma tiene que ver con el uso de las centrales de ciclo combinado de gas, y cómo éstas también impactarían en los costes.Sin embargo, el consumo adicional de gas asociado al crecimiento de los centros de datos no tendrá un impacto significativo en los costes energéticos; principalmente, por el funcionamiento del mercado eléctrico y la evolución prevista de los precios del gas. Aunque una mayor demanda puede obligar a utilizar más ciclos combinados en determinadas horas, su impacto depende de la disponibilidad de generación renovable y de si el gas ya está fijando el precio marginal. Además, en el escenario central de 3 GW adicionales de demanda, el impacto serían apenas los cinco euros mencionados. Esta moderación se explica por el reparto de costes entre una mayor demanda y la reducción de determinados cargos del sistema. Asimismo, la previsión de una caída del precio internacional del gas hasta 26 €/MWh en 2030 limitará su impacto, atenuando solo ligeramente la reducción esperada de los precios eléctricos.Bajo este escenario, desde el Gobierno insisten en que el real decreto busca evitar un crecimiento del consumo eléctrico que afecte negativamente a los precios para los consumidores y a las necesidades de todo el sistema energético, pero todos esos análisis están basados en la amenaza de una avalancha descontrolada, algo que desde el sector también han sido críticos con ello.