El PP de Ayuso y Vox vuelven a unirse para aprobar la nueva ley de la Abogacía General

El Partido Popular y Vox han vuelto a unir sus votos en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en este caso para aprobar la nueva ley de Abogacía General, dirigida a modernizar y reforzar el centro superior consultivo de la Comunidad de Madrid y de los asuntos contenciosos en los que sea parte la propia Comunidad o sus organismos y entidades dependientes. La izquierda ha criticado el uso «partidista» que el Gobierno de Ayuso hace de la Abogacía General y ha votado en contra. A poco más de tres semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre, el PP de Ayuso y Vox vuelven a mostrar en la Asamblea un acercamiento progresivo . La ley de la Abogacía General tiene como objetivo modernizar la organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos autonómicos, fundamentales en las acciones judiciales y recursos que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Ayuso contra el Gobierno de Sánchez, así como en los informes autonómicos o el asesoramiento a las consejerías. Así, se busca una «defensa más ágil y eficaz de los intereses públicos». Entre sus principales novedades, establece que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados, preferentemente de la Comunidad de Madrid, y acreditar, al menos diez, años de experiencia profesional. La norma sustituye a la actual ley, vigente desde 1999, para adecuar su estructura y competencias a las necesidades actuales de la Administración madrileña. El texto fortalece la estructura interna de este órgano, diferenciando las funciones de asesoramiento jurídico de las de representación y defensa de los intereses públicos ante los tribunales. Para ello, contará con las Direcciones de Asesoramiento Jurídico y de Litigios.El texto prevé la creación de una Secretaría Técnica para prestar apoyo a la Abogacía General y asumir, entre otras funciones la coordinación y elaboración de estudios especializados; la formación de los letrados, y el impulso de la digitalización. Asimismo, la nueva ley renueva el sistema de los informes jurídicos, aclara su contenido y los diferencia de las consultas, y amplía el uso de estas últimas por parte de los órganos de la Administración regional. La ley recoge la regulación del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, integrado actualmente por más de 80 juristas, con el objetivo de preservar su cualificación, su carácter técnico, su independencia y su imparcialidad.En el debate parlamentario se ha reflejado el acercamiento de PP y Vox, con la izquierda en bloque enfrente. Por Vox, Íñigo Henríquez de Luna ha confirmado que su partido apoya esta ley de Abogacía, aunque no ha dejado pasar la oportunidad para subrayar que el partido de Abascal es partidario de leyes nacionales y no autonómicas, y desde luego está en contra de la 'hiperregulación' que, a su juicio, hay en la Comunidad de Madrid. El portavoz de Vox ha aplaudido que el PP haya pactado tres enmiendas con su partido, aunque ha lamentado que no sean más. En todo caso, es un nuevo ejemplo del acercamiento que se está produciendo entre el PP y Vox en la Asamblea en las últimas semanas. La izquierda se ha desmarcado de esta ley. El PSOE considera que aporta «poco» a la región y «refuerza el control» de la Comunidad sobre la Abogacía General. Así, ha reprochado al Gobierno regional que utilice este órgano para «beneficiar» los intereses del Partido Popular y de la presidenta regional. Más Madrid, por su parte, cree que el Ejecutivo autonómico está poniendo «al servicio de quien manda» la Abogacía de la Comunidad de Madrid, un «bufete de abogados pagado por todos para su defensa personal».