Gabinete de Seguridad responde señalamientos por actuar durante marcha

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco respondió a los señalamientos por su actuar durante la marcha por el agua del pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco en donde repelieron a los manifestantes con chorros de agua y realizaron distintas detenciones.

Carlos Arias Madrid, secretario general de Gobierno de Jalisco reconoció como una preocupación legítima las razones por las que miles de ciudadanos salieron a protestar, sin embargo, señaló que durante aquella jornada también se registraron personas lesionadas, elementos de seguridad heridos, daños materiales, detenciones y denuncias por posibles excesos policiales.

Respecto a la actuación de las corporaciones de seguridad, aseguró que no existió ninguna instrucción del Gobierno de Jalisco para agredir o lesionar a quienes participaron en la manifestación. Explicó que la responsabilidad institucional era proteger a las personas y preservar la seguridad, no reprimir opiniones. No obstante, reconoció que existen investigaciones y procedimientos para determinar si algunos policías cometieron abusos durante el operativo.

Indicó que, de acreditarse responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la ley, sin encubrimientos ni privilegios, pero también respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por su parte el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, reconoció que hubo deficiencias en la actuación de las corporaciones policiales, mismas que, aseguró, fueron reconocidas públicamente por el gobernador Pablo Lemus. Señaló que estas actuaciones deberán revisarse y, en caso de acreditarse irregularidades, sancionarse conforme a los procedimientos correspondientes.

Sobre la planeación del operativo, informó que la Secretaría de Seguridad implementó una estrategia para prevenir situaciones que pusieran en riesgo a la ciudadanía durante la manifestación. Detalló que las autoridades estimaban una participación aproximada de 20 mil manifestantes, por lo que la movilización fue catalogada como un evento de riesgo a nivel metropolitano. 

En relación con la intervención policial durante los enfrentamientos, aseguró que, cuando comenzaron las alteraciones del orden público en las inmediaciones del perímetro resguardado, los elementos actuaron conforme a los protocolos previstos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Sostuvo que los mandos y agrupamientos intervinieron de manera progresiva y diferenciada para contener los riesgos, proteger a los manifestantes y al personal policial, así como resguardar las instalaciones ante la posible presencia de artefactos o conductas que pudieran alterar el orden público.

Sin embargo, reconoció nuevamente que durante el operativo existieron deficiencias y reiteró que la responsabilidad institucional debe asumirse, sin evadir la revisión de posibles actuaciones indebidas.

Respecto a las investigaciones por posibles abusos policiales, aseguró que la Secretaría de Seguridad ha mantenido disposición para colaborar con las autoridades.

El fiscal, Salvador González de los Santos, informó sobre la situación jurídica de las 39 personas detenidas durante la manifestación por la calidad del agua, así como los procedimientos que implementó la Fiscalía para garantizar sus derechos humanos y el debido proceso.

Respecto a las 39 personas detenidas el 11 de octubre, detalló que fueron puestas a disposición de la Fiscalía por diversos presuntos delitos relacionados con los acontecimientos registrados durante la manifestación. De ellas, 21 eran hombres y 18 mujeres.

Informó que, después de analizar las circunstancias de las detenciones y las carpetas de investigación, el Ministerio Público determinó dejar en libertad a 32 personas, con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras que las siete restantes fueron remitidas ante un juez para determinar su situación jurídica.

Explicó que a las 39 personas detenidas se les aplicó un protocolo interno de atención en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, con la finalidad de prevenir posibles abusos durante su permanencia bajo custodia ministerial. Agregó que también estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Cuestionan uso de la fuerza pública

La diputada de Futuro Mariana Casillas cuestionó el uso de la fuerza pública contra quienes se manifestaron para exigir agua limpia. Señaló que elementos policiales utilizaron gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, golpes y detenciones que calificó como arbitrarias.

Denunció que hubo personas incomunicadas, víctimas que reportaron tortura, amenazas de desaparición y familias que pasaron horas buscando a sus hijos. Mencionó el caso de un detenido que, según su denuncia, perdió seis dientes tras una golpiza policial.

Cuestionó que los funcionarios de seguridad negaran haber ordenado el uso de la fuerza y exigió conocer quién autorizó los gases lacrimógenos, los chorros de agua, las detenciones y el presunto traslado de manifestantes al interior de Casa Jalisco. También solicitó los documentos y órdenes operativas que respaldaron estas decisiones.

También exigió disculpas públicas y reparación de los daños físicos, psicológicos y materiales a las víctimas. Cuestionó la permanencia de los funcionarios en sus cargos y recordó los acontecimientos del 4, 5 y 6 de junio de 2020, al señalar que los protocolos creados después de aquellos hechos no habrían evitado nuevos abusos.

En respuesta, el secretario de Seguridad Juan Pablo Hernández aseguró que el operativo se desarrolló conforme a los protocolos de actuación y al marco legal, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de las personas detenidas.

Confirmó que 17 policías fueron identificados para revisión por posibles irregularidades y anunció que los 237 elementos que participaron en el operativo deberán comparecer ante Asuntos Internos para rendir informes que permitan reconstruir los hechos. Aclaró que esto no significa que todos sean responsables y que cualquier sanción dependerá de las pruebas y los procedimientos correspondientes.

La diputada consideró que ninguno de los funcionarios respondió de manera concreta quién ordenó las acciones policiales del 11 de octubre y cuestionó que ocuparan cargos de responsabilidad sin contar con esa información.

Insistió en conocer la orden general de operaciones, documento que, según explicó, contempla más de 20 puntos para autorizar el despliegue policial. Preguntó si realmente se aplicó el protocolo y solicitó que se entregara la documentación correspondiente.

MC