Caso ueno pone en riesgo G. 250 mil millones de la Caja Fiscal

<i><b>El Ministerio de Economía denunció ante la Fiscalía a los responsables del banco en resolución. Había colocado fondos jubilatorios en la entidad en julio de 2025. </b></i>

El Ministerio de Econo­mía y Finanzas (MEF) presentó una denun­cia ante la Fiscalía contra los directivos y responsables de ueno bank SA, por hechos que podrían constituir delitos con­tra el patrimonio del Estado. En el centro de la controver­sia están más de G. 250.000 millones de recursos jubilato­rios que la cartera colocó en el banco en julio de 2025.

La denuncia está firmada por el ministro Óscar Lovera Chá­vez, con el patrocinio del abo­gado del Tesoro, Fernando Benavente. Sostiene que la situación patrimonial que hoy constata el Banco Central del Paraguay (BCP) “difiere sus­tancialmente” de la que ueno exhibía cuando el Ministerio decidió invertir, y que el dinero se colocó “sobre la base de esa información”.

El documento presentado ante el Ministerio Público indica que G. 250.000 millo­nes de capital de los G. 123.838 millones en intereses pendien­tes de devengar hasta 2030. El MEF señala que el tope de 75 salarios mínimos del Fondo de Garantía de Depósitos cubre apenas una fracción de la colo­cación. El MEF pide investi­gar “en forma autónoma o en el marco de la causa penal ya abierta”. La situación actual habla de perjuicio al banco y a sus depositantes en general. Esta denuncia suma un per­juicio concreto al patrimonio del Estado, y eso podría derivar en nuevas imputaciones o en que el Estado se presente como querellante.

La denuncia indica que ade­más de los G. 250.000 millones de capital también se hallan otros G. 123.838 millones en intereses pendientes de deven­gar hasta el año 2030. La secre­taría de Estado recuerda que el tope de 75 salarios míni­mos del Fondo de Garantía de Depósitos cubre una mínima parte de la colocación.

<b>LA CAUSA ABIERTA </b>

El 2 de noviembre, el BCP resolvió iniciar el proceso de resolución del banco, tras constatar que su índice de sol­vencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. El MEF pidió a la Fiscalía investi­gar los hechos, en forma autó­noma o dentro de la causa ya abierta, identificar a los res­ponsables y adoptar medidas para resguardar los fondos previsionales comprometi­dos. Se trata de excedentes de los Programas Contribu­tivos Civiles de la Caja Fiscal, que financian jubilaciones del sector público. La cartera eco­nómica invirtió esos exceden­tes en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) mediante un procedimiento reglado.

El 4 de noviembre, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas el Directorio de ueno y su beneficiario final, Miguel Vázquez Villasanti. Según el acta, el banco habría otorgado créditos a sola firma a empre­sas del mismo grupo, desvin­culadas de forma “meramente documental”. Los fondos de esos créditos se habrían des­viado en horas a otras firmas vinculadas. La Superinten­dencia de Bancos determinó un déficit de previsiones de G. 1,62 billones.

La cronología pone el foco en la inversión estatal: los traspasos accionarios de esas empresas ocurrieron en septiembre de 2025, dos meses después del depósito del MEF.