Mientras Samuel García espera blindaje por caso de peculado y enriquecimiento ilícito, exigen a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León rendir cuentas y aclarar si exoneró al gobernador por denuncias que arrastra desde 2024
La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, la diputada priista Armida Serrato, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de la entidad un informe detallado sobre el estado procesal de las carpetas de investigación iniciadas en 2024 contra el gobernador Samuel García Sepúlveda.
De acuerdo con información difundida por el portal La Silla Rota, la exigencia legislativa ocurre luego de que el mandatario estatal afirmara que diversos expedientes en su contra fueron cerrados mediante el no ejercicio de la acción penal.
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión sobre la suspensión judicial que frena el avance del juicio político contra el gobernante norteño.
El conflicto entre el Poder Legislativo local y el Ejecutivo estatal suma nuevos frentes en las instancias judiciales y administrativas.
Exigencia de aclaración a la Fiscalía y posibles impugnaciones de la ASE
La legisladora Armida Serrato advirtió que el Congreso del Estado no ha recibido notificaciones oficiales que confirmen el archivo de los expedientes mencionados por el mandatario:
- Sin notificación oficial: Serrato aclaró que el Poder Legislativo desconoce los argumentos legales tras el supuesto cierre de las carpetas: “Este Congreso no recibió ni ha recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre estas carpetas que el gobernador Samuel García señala que han sido cerradas”.
- Intervención de la Auditoría Superior: En caso de confirmarse la conclusión de las indagatorias sin aviso al Congreso o a la Auditoría Superior del Estado (ASE), Serrato indicó que pedirá a la ASE actuar como autoridad ofendida e impugnar los cierres ante el Tribunal Superior de Justicia.
- Investigaciones señaladas: Las denuncias de 2024, presentadas por el denominado Grupo de las Seis, legisladores y ciudadanos anónimos, involucran a empresas como Tordec, Don Cacahuato, Mota Engil, Laguna-Pilsa, Suministro MYR y TXAT Latam, además de adquisiciones inmobiliarias en Mesa de Carrizalejo (San Pedro Garza García) y un rancho en Burgos, Tamaulipas.
- Vinculación con el juicio político: La diputada subrayó que requiere la información oficial para verificar si las carpetas coinciden con señalamientos de 2025 y 2026, y evaluar su incorporación al expediente de juicio político en la Comisión Anticorrupción.
La SCJN frena temporalmente la discusión del amparo a Samuel García
Por su parte, el Máximo Tribunal del país pospuso la revisión de la medida cautelar que protege al gobernador de la resolución del procedimiento legislativo:
- Aplazamiento en la sesión: La SCJN dejó pendiente, sin precisar las razones, la discusión del proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías, el cual propone mantener la suspensión otorgada al mandatario el 13 de julio.
- Origen del juicio político: El procedimiento fue aprobado el 12 de junio por diputados de oposición al considerar procedente el juicio por presuntos actos de peculado y enriquecimiento ilícito.
- Controversia constitucional: Samuel García promovió el recurso argumentando que el Congreso local carece de facultades para someterlo a dicho proceso. La demanda fue admitida el 8 de julio por la ministra Estela Ríos, medida que fue impugnada por el Legislativo estatal.
- Sin plazo de resolución: La Corte no cuenta con un periodo determinado para emitir una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia constitucional.
Preguntas clave sobre las vías legales en el caso de Nuevo León
Para facilitar la comprensión del seguimiento legal e institucional del conflicto político en la entidad, destacan las siguientes pautas:
¿Qué implica la determinación de no ejercicio de la acción penal?
Es la resolución mediante la cual el Ministerio Público concluye que no existen elementos suficientes o constitutivos de delito para llevar un caso ante un juez de control, ordenando el archivo del expediente a menos que sea impugnado por la víctima o autoridad perjudicada.
¿Por qué está detenido el juicio político en el Congreso de Nuevo León?
El procedimiento legislativo se encuentra pausado debido a una suspensión concedida por la SCJN en el marco de una controversia constitucional incoada por el Ejecutivo estatal, la cual impide dictar una resolución final hasta que los ministros resuelvan el asunto de fondo.
Ver nota original ↗
¿Querés un resumen rápido de esta noticia, hecho por nuestra IA?
