Santiago Peña ignoró su juramento

“Juro por Dios y por la Patria”. Esas palabras, dichas con la mano sobre la Constitución y la mirada fija en el pueblo, no fueron un formalismo de protocolo ni un gesto vacío. Fueron una promesa solemne. Una promesa de cuidar lo que es de todos, de no permitir que el poder se vuelva ciego ante el sufrimiento, de que la Justicia no se quede callada cuando el daño ya se anuncia en el horizonte.

Hoy esa promesa pesa como una deuda no saldada, y el pueblo la siente en la mesa vacía, en el trabajo que se fue de la noche a la mañana y en el silencio de las instituciones que debieron hablar antes de que todo se derrumbara.

El perjuicio ha sido demasiado grande, demasiado profundo, demasiado cercano. Millones de paraguayos no pueden disponer de su propio dinero para llevar el pan a la mesa. Miles se quedaron sin empleo de un día para el otro, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe y el país se hubiera partido en dos.

Y mientras tanto, las explicaciones que llegan suenan absurdas, lejanas, casi ofensivas, como si el dolor de la gente fuera un detalle menor que se puede aclarar con un comunicado de prensa. El pueblo ya no se conforma. Ya no acepta que le digan que todo está bajo control cuando el control no se ejerció a tiempo.

Porque las señales estuvieron ahí. Pasaron delante de los ojos de todos, una tras otra, como luces de alarma que nadie quiso apagar. Se modificó la ley de puerta giratoria. Se creó una norma que permitió mover los fondos del Instituto de Previsión Social hacia una entidad de reciente creación donde el propio Presidente estuvo vinculado.

Alertas claras, precisas, inconfundibles. Nadie las desactivó. La Justicia no actuó. Las instituciones miraron para otro lado, como si el silencio pudiera borrar lo que ya estaba escrito. Y cuando la bomba finalmente explotó, las esquirlas no cayeron sobre quienes tenían el poder de evitarlo: cayeron sobre el pueblo. Sobre los que menos tienen. Sobre los que confiaron. Sobre los que creyeron que las instituciones existían para protegerlos y no para servir a otros intereses.

Hoy los tres poderes del Estado se encuentran en una posición de jaque mate. No pueden moverse sin chocar entre sí, y mientras se enredan en disputas internas y en cálculos de poder, el Estado se deshace poco a poco.

Construir una nación solo es posible cuando cada poder hace lo que le corresponde: la Justicia investiga con rigor y sanciona sin miramientos, el Ejecutivo administra con transparencia y responsabilidad, no escondiendo informes bajo el manto oscuro del “secreto bancario”, y cuando el Legislativo controla de verdad y legisla en favor del bien común.

Cuando eso no ocurre, no se construye: se destruye. Y estas son las consecuencias de lo que se hizo mal y del control que no se ejerció. El pueblo no puede seguir pagando el precio de la inacción de quienes juraron defenderlo.

En medio de la discordia entre grupos de poder, es el pueblo el que paga el precio más alto. Es el pueblo el que se queda sin su ahorro, sin su trabajo, sin la certeza de que las instituciones existen para protegerlo y no para servir a intereses particulares. Por eso la fuerza del pueblo se vuelve el único antídoto real contra el abuso.

No la violencia, sino la presencia firme y digna. La manifestación dentro de los parámetros de la ley. El hecho de hacerse sentir, de no permitir que el silencio se confunda con consentimiento. El pueblo tiene derecho a exigir que la Justicia haga su trabajo, y tiene el deber de recordarles a quienes juraron por la Patria que esa palabra sigue viva y que no puede quedar reducida a un acto protocolar de un día.

Es hora de superar la etapa de la cooptación de los grupos de poder. Los partidos políticos deben recuperar el liderazgo que les corresponde, no para seguir disputando cuotas de influencia o espacios de privilegio, sino para reconstruir la confianza que se ha perdido. Porque cuando se pierde la soberanía –no la de los mapas y las fronteras, sino la de la dignidad colectiva y el respeto a la voluntad del pueblo–, se pierde algo que no se recupera con facilidad.

La soberanía se defiende también cuando se impide que el dinero de los trabajadores termine en manos de quienes no debieron tocarlo, y cuando se exige con firmeza que quienes fallaron rindan cuentas ante la Justicia y ante la historia.

Que la Justicia haga su trabajo. Que las instituciones dejen de mirar hacia otro lado y asuman la responsabilidad que les fue encomendada. Que el pueblo se manifieste con firmeza, dentro de la ley, porque su voz es la que aún puede detener los abusos del poder.

Ya no hay margen para más alertas ignoradas. Ya no hay margen para más explicaciones que no explican nada. Ya no hay margen para que el silencio de quienes debieron actuar se confunda con prudencia. El tiempo de las señales pasó. Ahora es el tiempo de las respuestas.

El pueblo paraguayo ha demostrado, a lo largo de su historia, que sabe levantarse cuando la dignidad se ve amenazada. No con odio, sino con la fuerza serena de quien sabe que tiene razón. Esa fuerza es hoy el antídoto más poderoso contra el abuso del poder. Y ha sido demostrada con el rechazo a la aceptación de la renuncia de Santiago Peña, para seguir el camino que corresponde, el del juicio político.

Cuando miles salen a la calle, cuando exigen que se investigue lo que debió investigarse hace tiempo, cuando recuerdan que el dinero del IPS no es de nadie más que de los trabajadores, están cumpliendo un deber ciudadano que las instituciones no supieron cumplir. Están recordando, con su sola presencia, que la Patria no se construye desde arriba hacia abajo, sino desde la responsabilidad compartida.

El juramento no fue un acto de un día. Fue un compromiso con cada paraguayo que hoy no puede pagar la luz, con cada madre que no sabe cómo llenar la olla, con cada trabajador que se quedó sin nada de la noche a la mañana.

Ese juramento sigue pendiente. Y mientras no se cumpla, la Patria seguirá esperando, herida, pero de pie. Porque el pueblo no olvida. Porque la dignidad no se negocia. Y porque la fuerza que nace de su presencia consciente es más grande que cualquier poder que pretenda ignorarla. El Presidente la ignoró. Que Dios y la Patria se lo demanden.