Hacienda tendrá que subir más de un 70% la deducción del SMI en el IRPF para evitar que pague impuestos

El Gobierno anunció el jueves que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 5,3% hasta alcanzar los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. Un alza retributiva que el Ejecutivo tiene intención de que siga sin pasar por la caja de la Agencia Tributaria. El ministro de Hacienda, Arcadi España, insistió ayer en que esta renta no pagará IRPF tampoco el año que viene. "Es un salario que no tributa y es la línea que va a seguir", ha señalado el ministro en declaraciones a Radiocable.

Sin embargo, para que el SMI siga sin pagar impuestos, el Gobierno deberá actualizar la deducción que aplica a los perceptores de esta nómina. Y la factura no será barata para el fisco. El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) estima que tendrá que aumentar la cuantía de este beneficio fiscal más de un 70% si quiere que el SMI siga exento.

En 2026, los trabajadores que ganan el sueldo más bajo que permite la ley podrán deducirse 591 euros en la declaración de la renta. La cifra que les permite quedar exentos, en la práctica, de tributar por este impuesto. Sin embargo, para que la ausencia de fiscalidad se mantenga también el año que viene, la deducción tendría que ascender a algo más de 1.006 euros, según estima el REAF. Una cifra, esta última, pendiente de actualizar dado que el organismo hizo la estimación con un incremento del SMI del 4,9%, frente al 5,3% que finalmente ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Trabajo.

Desde el año pasado, en lugar de que este sueldo esté exento de pagar retenciones al IRPF -como venía siendo habitual- el mecanismo en vigor para evitar su tributación es una deducción. De tal forma que a estos trabajadores se les descuenta igualmente su parte de la nómina para pagar IRPF cada mes, pero se les devuelve al año siguiente cuando hacen la declaración de la renta.

Un cálculo rápido y no exhaustivo sitúa el coste fiscal de ampliar la deducción en unos 1.040 millones de euros. Este es el resultado de multiplicar el incremento en la deducción -que pasaría de 591 a algo más de 1.006 millones, es decir, 415 millones- por la última cifra de perceptores que ha dado el Gobierno (2,5 millones de personas). De no hacerse así, la subida se diluiría en el IRPF, que se llevaría entre el 58 y el 69% del incremento, estiman los asesores fiscales.

No obstante, es probable que el coste sea mayor por varias razones. En primer lugar, porque la deducción que puso en marcha el Ejecutivo abarca al resto de rentas salariales inferiores a 20.048 euros, aunque en este caso no alcanza los 591 euros: va decreciendo según aumenta el salario. Los expertos de REAF-CGE sostienen que para mantener las condiciones actuales, habría que incrementar este umbral de renta hasta los 22.982 euros, con el consiguiente impacto fiscal que ello supondría.

Además, también es probable que el número de perceptores del SMI sea algo superior a los 2,5 millones. Una cifra que el Ejecutivo lleva varios años manejando, pero que puede haberse incrementado a medida que el salario mínimo ha ido 'atrapando' a más trabajadores, cuyas nóminas no han subido al mismo ritmo.

El presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez, considera que si el Gobierno quiere que el SMI siga exento de IRPF sería necesario "establecer un mecanismo de ajuste automático que evite tener que introducir correcciones fiscales cada año que se incrementa el SMI". "Resulta más razonable evitar que se les practiquen retenciones que obligarlos a presentar la declaración del IRPF para recuperar, mediante una deducción, las cantidades previamente retenidas.

Críticas a las reducciones fiscales por vivienda

Los asesores fiscales, que celebran estos días su congreso anual en Oviedo, también se han pronunciado sobre las nuevas reducciones fiscales para arrendadores que incluye uno de los decretos de vivienda cuya convalidación se votará el próximo 12 de noviembre en la Diputación Permanente. En este sentido, el presidente del REAF, Agustín Fernández, sostiene que el nuevo sistema, con 13 porcentajes aplicables según la situación, "puede incrementar los errores involuntarios, las discrepancias interpretativas, las regularizaciones y el riesgo de sanciones".

"Los incentivos pierden eficacia cuando su complejidad dificulta que los contribuyentes puedan conocerlos y aplicarlos con seguridad", defienden los asesores fiscales. "Las ventajas tributarias deben acompañar las políticas de vivienda, pero no convertirse en el principal instrumento para condicionar las decisiones patrimoniales de los ciudadanos", concluyen.