Prisión preventiva para exministra turca acusada de ganar millones con fondos fraudulentos

La Fiscalía acusa a Sayan Kaya, que ejerció como ministra de Familia y Asuntos Sociales de 2016 a 2018, de "vulnerar la ley del mercado de valores" y de "formar una organización con fines delictivos", al participar en el fraude bursátil descubierto en septiembre pasado, informa la agencia de noticias turca Anadolu.

Su marido, Ilyas Kaya, así como el expresidente de la Comisión del Mercado de Valores turca (SPK), Ibrahim Ömer Gönül, acusados del mismo delito, quedaron en libertad vigilada con cargos.

Sayan Kaya dimitió en septiembre como vicepresidenta del AKP, el partido islamista dirigido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tras denunciar la oposición que había ganado más de 20 millones de euros comprando acciones de un astillero y revendiéndolas apenas cinco meses más tarde al 1.800 % de su valor.

La operación formaba parte de lo que el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, ha calificado como un "sistema piramidal" en el que el dinero de los inversores se utilizaba para comprar en la Bolsa de forma masiva determinadas acciones, provocando que su valor se disparase, lo que arrojaba sobre el papel ganancias extraordinarias y atraía a nuevos clientes.

El descalabro de los fondos mediante los que empresas financieras como Tera, Pusula, Hedef o Bulls gestionaban el dinero de sus clientes ha afectado a 455.000 inversores, según las autoridades turcas, y la prensa estima el volumen perdido en unos 15.000 millones de euros.

Según Gürlek, se han iniciado acciones judiciales contra 433 sospechosos, 112 de ellos detenidos, entre ellos el director general de la Bolsa de Estambul, Korkmaz Enes Ergun, acusado de aceptar sobornos.

La oposición considera que numerosos altos cargos del AKP estaban al corriente del fraude y evitaron impedirlo para beneficiarse o permitir que se beneficiaran allegados o aliados políticos.

El Gobierno ha empezado a devolver a los inversores parte de los fondos invertidos, de momento hasta un máximo de 18.000 euros por persona.