¿Quién cuida a las buscadoras?

Este jueves 5 de noviembre, un grupo de madres buscadoras realizó una jornada en el municipio de Montemorelos, acompañadas por autoridades de distintas dependencias, quienes tenían la responsabilidad de brindar acompañamiento y seguridad durante las actividades en campo.

Sin embargo, desde el inicio comenzaron las irregularidades en la logística. Aunque previamente fueron informados sobre el número de personas que acudirían a la búsqueda, al momento de iniciar no había vehículos suficientes para trasladarlas.

La búsqueda continuó en los puntos establecidos, hasta concluir en la carretera Nacional, una zona ampliamente conocida por sus condiciones de inseguridad.

Lo más preocupante ocurrió al finalizar, cuando el licenciado Eduardo Álvarez Rey, de la Fiscalía Antisecuestros, quien estaba a cargo del operativo, comenzó a despedir a los integrantes de las distintas dependencias que brindaban acompañamiento y seguridad, indicándoles que hasta ahí terminaba su participación.

Ante esta situación, las víctimas cuestionaron quién las acompañaría para garantizar su regreso seguro.

La respuesta de propia voz del fiscal fue que las autoridades se retirarían porque iban a comer y tenían hambre, a lo que respondieron que ellas tampoco habían comido, pero les preocupaba más su seguridad.

Durante varias horas, tanto los funcionarios como las madres sólo habían recibido agua y frituras, pero al preguntar quién les daría acompañamiento, la respuesta que reciberon fue: “No les va a pasar nada”.

Resulta indignante la falta de planeación, y poca responsabilidad y empatía hacia las familias que además de enfrentar el dolor de tener a un ser querido desaparecido, deben exponerse a situaciones de riesgo para realizar una labor que le corresponde al Estado.

En un estricto sentido, las familias no tendrían que hacer el trabajo de las autoridades, y mucho menos preocuparse por su propia seguridad cuando precisamente son las instituciones quienes deberían garantizarla.

Buscar a los desaparecidos no debe convertirse en un riesgo para sus vidas, pero parece que a la Fiscalía todavía no le queda claro.