La Fiscalía Europea abre otra investigación por fraude en la alta velocidad tras el accidente de Urda

La Fiscalía Europea ha anunciado este viernes que inicia una segunda investigación sobre un posible fraude del mantenimiento línea de tren de alta velocidad de Madrid-Sevilla, donde tuvieron lugar los accidentes con decenas de muertes en Urda y Adamuz. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han personado para requerir información en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España.

Esta actuación tiene lugar tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente del 28 de octubre de 2026, cerca de Urda, en la provincia de Toledo.

La investigación, que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se ha puesto en marcha por propia iniciativa de la Fiscalía Europea.

Esta investigación es independiente de la que está llevando a cabo la jueza de instrucción Aristea Afroditi Ortiz sobre las causas del accidente.

En marzo de 2026, la Fiscalía Europea ya puso en marcha otra investigación relacionada con la misma línea de tren de alta velocidad por el accidente de Adamuz. En esa investigación, la Fiscalía Europea pretende determinar si se malversaron fondos comunitarios concedidos para la reparación de la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, donde se encuentra el tramo de Adamuz en el que se produjo el accidente del pasado enero. El organismo indaga en un posible desvío de dinero de la UE en el marco de las tareas de conservación de la vía. 

La Comisión Europea otorgó en junio de 2024 una subvención de 111 millones de euros procedentes de los fondos europeos para renovar este eje, inaugurado en 1992. El Ejecutivo comunitario afirmaba ya en 2023 que “dados los últimos avances tecnológicos” la línea se había quedado “desfasada en comparación con el resto de la red de alta velocidad española”.