OviedoPress
06/11/2026 07:30

Senado reanuda este viernes el juicio político a Peña con su defensa

  • Tras reconocer a los ocho diputados que actúan como fiscales acusadores, el Senado pasó a un cuarto intermedio. La segunda parte del juicio político se desarrollará este viernes, a partir de las 10:00.
  • Santiago Peña deberá presentar sus argumentos de defensa personalmente o mediante sus abogados, luego de que los diputados expusieran las acusaciones relacionadas con el caso Ueno y el manejo de fondos públicos.
  • Los fiscales acusadores denunciaron presuntos conflictos de intereses, irregularidades en la intervención bancaria y la colocación de recursos de instituciones públicas en entidades vinculadas al grupo empresarial.
El juicio político contra Santiago Peña continuará este viernes en el Senado. || DIRCOM Senado

La Cámara de Senadores reanudará este viernes, a las 10:00, el juicio político contra el presidente Santiago Peña, quien tendrá la oportunidad de ejercer su defensa personalmente o a través de sus abogados. La convocatoria se da luego de que este jueves se desarrollara la primera parte del proceso, centrada en el reconocimiento de la personería de los diputados que integran la acusación.

Los ocho fiscales acusadores son los diputados opositores Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Adrián Billy Vaesken, Rodrigo Blanco, Pedro José Gómez y Freddy Franco, además de los colorados disidentes Mauricio Espínola y Carlos Núñez Salinas.

Durante la presentación de los fundamentos de la acusación, Rocío Vallejo calificó de grave la situación relacionada con la intervención de Ueno Bank y sus consecuencias para los ahorristas. Señaló que la caída de la entidad afectó a millones de personas y que varias instituciones públicas podrían no recuperar la totalidad de sus depósitos.

La legisladora mencionó entre las entidades afectadas a las cajas jubilatorias del Instituto de Previsión Social (IPS), la ANDE, Itaipú, Yacyretá, Petropar y la Caja de Jubilaciones Bancarias. También cuestionó que el Banco Central del Paraguay (BCP) haya procedido directamente a la intervención ante la situación patrimonial de la entidad.

Por su parte, Raúl Benítez denunció la existencia de un presunto esquema para vaciar el banco, con la complicidad de instituciones de control debilitadas. El diputado puso énfasis en el supuesto conflicto de intereses de Peña, al señalar que el mandatario mantenía vínculos económicos con Ueno Holding antes de desprenderse de sus acciones.

Según detalló, el presidente tenía G. 6.144 millones en acciones de Ueno Holding, G. 2.400 millones en certificados de depósito de ahorro (CDA) y G. 350 millones en bonos, por un total de G. 8.894 millones vinculados al grupo empresarial.

A su turno, Pedro José Gómez expuso sobre el crecimiento de los depósitos del IPS en Ueno Bank. Indicó que, según datos de la Contraloría, la participación de la entidad bancaria en los fondos de la previsional pasó del 1% en 2023 al 8,4% en 2024 y al 19,7% en 2025. Afirmó que los depósitos pasaron de G. 80.000 millones en noviembre de 2023 a G. 2,2 billones en 2025.

Freddy Franco, en tanto, presentó datos sobre los fondos que habrían recibido distintas empresas vinculadas al grupo empresarial. Mencionó a Mowi S.A., con USD 42,5 millones; Grupo MSA, con USD 72 millones, y Grupo Hendy S.A., con USD 42 millones. Cuestionó que estas firmas compartieran direcciones y tuvieran vínculos entre sus propietarios y accionistas.

Rodrigo Blanco también cuestionó los criterios utilizados para la colocación de fondos públicos en entidades financieras. Sostuvo que en Paraguay se modificaron las normas para priorizar el rendimiento de los depósitos por encima de la solvencia de las instituciones receptoras, una situación que, según afirmó, expuso los recursos de los trabajadores y de otras entidades públicas.

En la tarde de ayer se realizó una fallida sesión bicameral en la que el oficialismo colorado intentó avanzar con la aceptación de la renuncia de Peña, en lugar de continuar con el proceso de destitución. Al no reunir los votos necesarios para aceptar la dimisión, la sesión quedó sin quórum y el Senado debió dar curso al juzgamiento constitucional.

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