El villano de siempre

Hay una vieja regla de la política mexicana: cuando el escándalo llega, se busca al culpable en el pasado. Ahora le tocó a Carlos Salinas. Según la versión oficialista, las empresas señaladas en el INE arrastran antecedentes de hasta 27 años y sus dueños, los hermanos Hernández Casillas, habrían comenzado su trayectoria en el CISEN salinista. Es una historia cómoda, pero deja sin responder la pregunta importante.

Esa pregunta es quién les siguió dando contratos. Los números de las investigaciones no corresponden a los años noventa. La red de empresas ligada a Hernández Casillas consiguió contratos por al menos 2 mil 561 millones de pesos en los últimos 12 años. Desde 2014, el conglomerado recibió más de mil millones de pesos de organismos electorales estatales, es decir, durante la alternancia, el Pacto por México y los gobiernos de la 4T. Incluso en 2025 una empresa vinculada a ellos obtuvo un contrato de casi 30 millones para suministrar materiales de la elección judicial, el experimento estrella del oficialismo.

La acumulación de contratos también coincide con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE. Los señalamientos apuntan a que el proveedor se potenció con su llegada en 2023 y se convirtió en el favorito. Las pesquisas de la UIF mencionan por lo menos siete empresas con presuntas irregularidades como simulación de competencia, triangulación de recursos y facturación irregular. Todo esto sigue siendo presunto, y corresponde a las autoridades y a los tribunales probarlo.

Aquí está el problema de fondo. Un gobierno que presume haber erradicado la corrupción no puede explicar cada caso con una remisión al neoliberalismo. Si el esquema tenía décadas, hubo seis años de Andrés Manuel López Obrador y dos de Claudia Sheinbaum Pardo para detectarlo, vetarlo o inhabilitar a las empresas. La Secretaría Anticorrupción tiene facultades para hacerlo y las ha usado con otros proveedores. ¿Por qué se actúa ahora, cuando el escándalo ya es público y hay audios, fotos y renuncias, y no antes?

Tampoco es menor que la propia presidenta del INE terminara cuestionada por su cercanía con el empresario. Eso exhibe una falla de los controles internos, pero también del escrutinio político. A Morena le conviene el INE debilitado y bajo sospecha, y menos le conviene recordar que el nombramiento de Taddei pasó por el Senado, donde pesó la mayoría oficialista. En el debate legislativo, la oposición culpa a Durazo por el nombramiento y Morena revira. Es la misma mecánica de siempre: todos señalan a otro.

Culpar a Salinas tiene una ventaja retórica, porque está lejos y no puede responder. Pero la rendición de cuentas se mide por lo que se hizo durante el propio mandato. Si el oficialismo quiere que su combate a la corrupción se tome en serio, debe explicar por qué los contratos crecieron mientras gobernaba y no limitarse a señalar el pasado.