Sheinbaum acusa 27 años de corrupción en el INE; ¿Qué hay tras esta denuncia?
La mandataria sostiene que la llamada mafia electoral tiene antecedentes en gobiernos anteriores y que no surgió con Guadalupe Taddei
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso ayer una investigación sobre una presunta “mafia electoral” de contratistas para cuestionar la autoridad moral de las pasadas gestiones del arbitraje electoral y criticar directamente las gestiones de Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde al frente del instituto.
Durante la conferencia mañanera, la mandataria calificó como un “cochinero” estructural, las dos décadas de contrataciones y omisiones en el INE, para deslindar a Morena de los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por los que se señala a Guadalupe Taddei en la antesala de las intermedias de 2027 y la revocación de mandato de 2028.
El recuento
Sheinbaum profundizó en la radiografía elaborada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre el grupo empresarial que integran los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, al cual Sheinbaum calificó formalmente de ”mafia electoral”.
La investigación expuso un supuesto esquema de contratación que se remonta a 27 años. Sheinbaum dijo que los hermanos iniciaron su trayectoria en el Registro Nacional de Población (RENAPO) y posteriormente en el CISEN bajo la tutela de Juan Carlos Padilla Aguilar, vinculado al priismo mexiquense.
Agrego que ambos empresarios, constituyeron firmas como Cartonera Plástica(1988) y Formas Finas Fernando Fernández(1992). En 2005, a pesar de que un contrato de 63.7 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de México derivó en denuncias por sobornos y la renuncia de siete consejeros locales, las cúpulas electorales continuaron abriendo la puerta a sus contrataciones, sostuvo la mandataria.
Con la reforma electoral de 2014, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) habrían otorgado contratos por 2 mil 94 millones de pesos a esta red. Entre 2024 y 2025, ya bajo la gestión de Taddei, sumaron otros 646.3 millones de pesos con 15 OPLEs.
La presidenta recriminó que Padilla Aguilar coincida actualmente en el partido político de reciente creación SOMOScon exintegrantes de la cúpula del INE como Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina y Marco Antonio Baños.
Sheinbaum argumentó que las irregularidades constituyen un vicio estructural e histórico que la oposición busca atribuir falsamente a la Cuarta Transformación. Para frenar este esquema, la mandataria anunció un decreto para estatizar la fabricación del material electoral a través de Talleres Gráficos de México, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Frente a los representantes de los medios de comunicación sostuvo que “la mafia electoral” no surgió con la gestión de Guadalupe Taddei.
”Lo más increíble es que el creador de estos personajes y de estas empresas es miembro de su partido político (SOMOS)”, finalizó.
Analistas ven un trasfondo electoral
En el análisis, columnistas coinciden que detrás de la polémica por los supuestos casos de corrupción en el INE hay de trasfondo un interés por el control político del INE, de cara a las elecciones del 2027.
El columnista, Tomás Chávez dijo que desde hace tiempo se sabía de la corrupción al interior del instituto, por lo que la federación debió hacer una auditoría a fondo cuando Taddei asumió la presidencia del INE y fincar responsabilidades a Lorenzo Córdova y su gente.
“Sin embargo, la Cuarta Transformación actuó con tibieza, se conformaron con tomar el control y ahora sufren las consecuencias”.
Agregó que es cierto que todos los funcionarios del INE tienen años con las mismas prácticas corruptas, pero eso no exonera a Morena de que incurrió en omisión al no fiscalizar bien los recursos públicos y tiene que asumir su cuota de responsabilidad.
Por su parte el politólogo Oswaldo Villaseñor sostienen que la exposición de la corrupción en el INE funciona como un instrumento para que la Presidencia tome el control directo del árbitro electoral. Según esta lectura, el cálculo gubernamental no solo busca influir en las elecciones intermedias de 2027, sino asegurar un árbitro incondicional ante la consulta de revocación de mandato en junio de 2028.
La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, publicó ayer un video en las cuentas oficiales para respaldar a la presidenta tras las revelaciones presentadas sobre la supuesta red de colusión en las compras del INE. Criticó que quienes hoy pretenden presentarse como “paladines de la democracia” están estrictamente obligados a rendir cuentas a la sociedad.
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