Juicio político: Celeste Amarilla apoya dar prórroga a Santiago Peña para ejercer su defensa

El pedido de prórroga de 72 horas presentado por Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político generó una postura particular dentro de la oposición.

La senadora liberal Celeste Amarilla adelantó que acompañará la concesión de más tiempo, aunque considera que el plazo podría reducirse a 48 horas y descartó que sea válido otorgarle apenas 12 horas.

“No le podés dar 12 horas a nadie. Sí, voy a votar por aceptar la prórroga. Podría bajarse a 48 horas”, dijo.

Amarilla reconoció que su posición genera indignación entre los ciudadanos, pero insistió en que el derecho a la defensa debe respetarse, independientemente de quién sea la persona sometida a un proceso. “Hasta a un asesino o un violador se le da el derecho a la defensa”, dijo.

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Amarilla sostiene que la Constitución garantiza al menos 48 horas

La senadora argumentó que la referencia constitucional a un plazo perentorio no implica necesariamente que este sea improrrogable. Según su interpretación, la disposición exige respetar un tiempo mínimo para que el acusado pueda preparar sus argumentos.

“Perentorio significa implacable. Generalmente, los plazos perentorios son de 48. Se van a enojar. Si hay un estallido social, no es mi culpa; no es porque le estamos dando el plazo, es porque robaron su plata”, dijo.

En esa línea, remarcó que conceder al menos 48 horas es una garantía para el ejercicio de la defensa. También recordó su propia experiencia con una acción de inconstitucionalidad, en la que cuestionó el tiempo que le otorgaron para defenderse.

“Yo hice una acción de inconstitucionalidad porque me dieron 15 minutos para defenderme. A Kattya no se le dio la defensa. ¿Y nosostros vamos a repetir lo mismo? Soy abogada y me jacto, yo no puedo”, dijo. No obstante, Amarilla reconoció que Peña podría estar utilizando el argumento del mandato constitucional para intentar dilatar el proceso de juicio político en su contra.

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Amarilla aclara que su postura es personal

La legisladora aclaró que su posición no representa necesariamente a la multibancada opositora. En ese sentido, cuestionó que algunos sectores pretendan exigir el cumplimiento de la Constitución en determinados casos y desconozcan las garantías constitucionales en otros.

“Ayer nomás estaba gritando que la Constitución se cumple, no se interpreta y hoy quieren que viole un artículo, que es nada más y nada menos del derecho a la defensa”, dijo.

Consultada sobre la posibilidad de convocar a una nueva sesión bicameral para volver a tratar la renuncia de Peña, la senadora manifestó sus dudas sobre la viabilidad de esa alternativa.

“No sé si se puede”, dijo sobre convocar a una nueva sesión bicameral para tratar nuevamente la renuncia de Peña. “De última sería eso”, afirmó, dando a entender que podría ser una solución para la salida de Peña del cargo.

Juicio político a Peña tras crisis por Ueno

El conflicto político se desató luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el martes pasado el “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, tras detectar índices insuficientes de solvencia. La medida dejó bloqueados ahorros y fondos del Estado, lo que impulsó a legisladores opositores y colorados disidentes a presentar un libelo acusatorio para promover el juicio político contra Peña, quien presentó su renuncia al cargo ayer.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña y rechazó la acusación contra Alliana. Posteriormente, se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia del mandatario, pero la reunión quedó sin quorum luego de que legisladores colorados abandonaran el encuentro.

Tras el fracaso de esa sesión, el Senado prosiguió con el proceso de juicio político y designó a los fiscales acusadores. Además, convocó a Peña para que ejerza su defensa a las 10:00 de este viernes.

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Sin embargo, el presidente renunciante solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y presentar sus argumentos. En su pedido, sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar que el proceso se desarrolle conforme a los estándares de un Estado de derecho.