¿Quién dio la orden?

Lo ignoramos a pesar de que los responsables del operativo de seguridad y protección civil en la protesta del 11 de octubre en Casa Jalisco para exigir agua limpia comparecieron durante casi seis horas ante comisiones del Congreso de Jalisco.

Ningún mando se hizo responsable de la represión policial y las agresiones a la ciudadanía. En todos los casos, según su justificación, el actuar de policías y bomberos fue un comportamiento individual y una excepción al protocolo.

Carlos Arias, nuevo secretario general de gobierno, atribuyó a “conductas individuales” cualquier falta y sostuvo que jamás hubo una orden directa de agredir o lesionar a manifestantes.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad estatal, reiteró la versión que le dio al gobernador: “Hubo actuaciones conforme a los protocolos establecidos por parte de todas y todos los policías, pero también hubo deficiencias”, minimizó.

Sergio Ramírez, titular de Protección Civil Jalisco, mostró mayor dignidad para asumir las consecuencias institucionales tras el actuar de sus elementos y pidió una disculpa pública.

Sin embargo, justificó que el comandante a cargo utilizó chorros de agua a baja presión para dispersar el humo y los gases lanzados por policías; también para mitigar el riesgo de incendios ante los cohetones arrojados por manifestantes.

El deslinde más frontal fue de Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad. Simplemente atajó cualquier señalamiento y fue explícito: “no giré la instrucción (de reprimir)”.

Finalmente, el fiscal Salvador González, rechazó cualquier anomalía en los procesos contra los detenidos pese a denuncias de incomunicación, falta de acceso a abogados y maltratos que las víctimas señalan como tortura.

Reiteradamente evadieron la misma pregunta: ¿quién dio la orden? En todos los casos, los funcionarios pidieron esperar la conclusión de las investigaciones y minimizaron las violaciones a derechos humanos denunciadas por colectivos, detenidos y asistentes a la marcha.

Pablo Lemus prometió al alumnado del ITESO que iban a poder manifestarse de forma libre y segura. Incluso un día antes de la protesta publicó un mensaje en redes:

“He girado las instrucciones para garantizar que la marcha se dé de una manera ordenada y segura (...) Haremos todo lo necesario para que incluso las familias que  lo deseen puedan acudir de manera tranquila y segura con pleno respeto a quienes decidan participar”.

Quizás la pregunta correcta no es ¿quién dio la orden? Sino, más bien ¿quién incumplió la orden de garantizar una manifestación libre y pacífica? Esa respuesta no necesita demasiadas explicaciones: todos los asistentes a la comparecencia.

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