EL CASO DEL COMISARIO GUSTAVO ERRECARTE Y EL BLANQUEO POLÍTICO DE LOS ABUSOS DE PODER

NACIONALES (corrupción por Charly Friendz) El historial de Gustavo David Errecarte Morales dentro de la Policía Nacional no es el de un servidor público ejemplar, sino el reflejo de un sistema de seguridad fracturado que premia la impunidad. A lo largo de su carrera, el oficial ha acumulado un frondoso legajo de irregularidades que van desde reiteradas ausencias injustificadas, arrestos y faltas disciplinarias graves, hasta graves acusaciones judiciales por extorsión agravada, asociación criminal, robo agravado y lesiones corporales tras un procedimiento violento en una barrera policial. A pesar de los constantes cuestionamientos y de los procesos de los que logró salir desvinculado por salidas procesales o sobreseimientos, las sospechas sobre sus actuaciones y su inclinación al uso desmedido de la fuerza han sido una constante a lo largo de los años.

La indignación ciudadana alcanzó un punto crítico cuando su nombre fue incluido en la nómina de ascensos al grado de Comisario Principal impulsada por el Poder Ejecutivo. Aunque la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores postergó inicialmente su tratamiento tras constatar las duras objeciones y antecedentes que pesaban en su foja de servicio, la aplanadora política en el Congreso terminó otorgando el acuerdo constitucional para su promoción. Este blanqueamiento parlamentario ocurrió sin un debate profundo sobre las acusaciones vigentes, enviando un preocupante mensaje de blindaje a aquellos uniformados señalados por no respetar las garantías constitucionales ni el marco legal vigente.

Lejos de corregir su conducta tras la validez institucional recibida, Errecarte ha estado al frente de cuestionados dispositivos de seguridad, como las intervenciones al mando de la Comisaría 1.ª de Asunción frente a sedes judiciales durante manifestaciones ciudadanas. En dichos procedimientos, organizaciones sociales, abogados y manifestantes han denunciado agresiones físicas, uso desproporcionado de la fuerza y atropellos como la incautación arbitraria de teléfonos móviles a jóvenes manifestantes. El caso del comisario Errecarte expone la urgencia de sanear la fuerza policial y de dejar de utilizar la placa de la patria como una licencia para el amedrentamiento y el abuso institucional contra la misma sociedad a la que juraron proteger.

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