La UIF congeló desde 2023 las cuentas de empresarios ligados a una red de corrupción en el INE, pero la FGR de Alejandro Gertz Manero no procedió contra ellos
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó desde noviembre de 2023 el congelamiento de cuentas bancarias de empresarios vinculados con una presunta red de corrupción en contrataciones electorales, pero durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) no se conocieron acciones penales contra los involucrados.
El antecedente cobra relevancia después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum expusiera un esquema de posibles irregularidades en contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos, otorgados a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. Aunque existen antecedentes documentados del bloqueo financiero, no se ha esclarecido públicamente qué investigaciones realizó la Fiscalía desde entonces ni por qué el caso continuó sin consecuencias penales conocidas.
De acuerdo con información de Agencia Reforma, el 17 de noviembre de 2023, cuando Pablo Gómez encabezaba la UIF, se emitió el acuerdo 401/2023 para incluir en la Lista de Personas Bloqueadas a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, así como a sus empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf. La medida restringió sus operaciones en el sistema financiero por posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos.
El antecedente también fue documentado por el semanario ZETA, que identificó resoluciones judiciales relacionadas con el congelamiento de cuentas de José Alfredo Hernández Casillas. Según esa investigación, el empresario consiguió un amparo en marzo de 2024 y sus cuentas fueron desbloqueadas en enero de 2025, después de que la UIF no acreditara los requisitos jurídicos necesarios para mantener la medida.
El caso volvió a cobrar relevancia el 5 de noviembre de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentaron una investigación sobre contratos electorales adjudicados durante distintas administraciones. El Gobierno también relacionó los antecedentes profesionales de los empresarios con Juan Carlos Padilla Aguilar, integrante del partido Somos, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo.
¿Qué sabía la UIF desde 2023 sobre los proveedores del INE?
La investigación financiera contra los hermanos Hernández Casillas comenzó antes de que el Gobierno federal hiciera públicos los señalamientos sobre una red empresarial relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE) y distintos organismos electorales estatales.
En noviembre de 2023, la UIF, entonces dirigida por Pablo Gómez, ordenó inmovilizar cuentas de los empresarios mediante el acuerdo 401/2023.
De acuerdo con Agencia Reforma, las personas y empresas señaladas en aquella medida fueron:
- José Alfredo Hernández Casillas, empresario proveedor de materiales electorales.
- Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionado con las compañías investigadas.
- Corporativo Zeg, firma vinculada con contrataciones electorales.
- Cajas Graf, empresa dedicada al suministro de materiales utilizados en procesos electorales.
La existencia del bloqueo de José Alfredo Hernández Casillas también está respaldada por la investigación de ZETA, que identificó cuentas intervenidas en Santander, Scotiabank y Citibanamex.
El congelamiento constituyó una medida administrativa preventiva. Por sí mismo, no demostraba que los empresarios hubieran cometido un delito ni equivalía a una sentencia.
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¿Por qué la FGR de Alejandro Gertz Manero no actuó contra los empresarios?
Uno de los cuestionamientos del caso es qué ocurrió con la información financiera reunida desde 2023 y cuál fue la respuesta de la Fiscalía General de la República durante la administración de Alejandro Gertz Manero.
Según Agencia Reforma, la FGR ya tenía sospechas sobre posibles operaciones ilícitas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas desde el año en que Guadalupe Taddei asumió la presidencia del INE.
Sin embargo, pese al bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, no se dieron a conocer procedimientos penales contra los empresarios durante aquella etapa.
La ausencia de acciones penales públicas no permite concluir, por sí sola, que la Fiscalía no haya realizado ninguna diligencia interna. Para establecer si existieron omisiones sería necesario conocer las denuncias recibidas, las carpetas de investigación y las decisiones adoptadas por el Ministerio Público.
Hasta ahora, tampoco se ha precisado públicamente si el expediente financiero de 2023 fue incorporado a las investigaciones anunciadas en noviembre de 2026.
¿Qué pasó con las cuentas congeladas de los hermanos Hernández Casillas?
El bloqueo ordenado en 2023 no permaneció vigente de manera indefinida.
Una investigación publicada por ZETA el 29 de octubre de 2026 documentó que José Alfredo Hernández Casillas promovió un juicio de amparo contra la inmovilización de sus recursos.
El procedimiento tuvo los siguientes antecedentes:
- 17 de noviembre de 2023: la UIF emitió el acuerdo 401/2023 para bloquear operaciones financieras.
- Marzo de 2024: el empresario obtuvo un amparo contra la medida.
- Mayo de 2024: se confirmó la protección judicial, después de que la UIF presentara un recurso de revisión.
- Enero de 2025: las autoridades hacendarias dieron cumplimiento a la sentencia y desbloquearon sus cuentas.
El fallo estuvo relacionado con la falta de acreditación de una solicitud expresa de una autoridad extranjera u organismo internacional que justificara el bloqueo bajo los criterios judiciales aplicables.
La resolución no significó que un tribunal hubiera determinado la inexistencia de las operaciones investigadas. El amparo resolvió la legalidad de la inmovilización de recursos, no la posible responsabilidad penal del empresario.
¿Cuánto dinero recibieron las empresas investigadas por contratos electorales?
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas acumularon aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos en contratos con organismos electorales estatales entre 2015 y 2025.
Durante la conferencia presidencial del 5 de noviembre se presentaron los siguientes montos:
| Periodo | Contratos identificados |
|---|---|
| 2015 a 2023 | 2,094 millones de pesos |
| 2024 a 2025 | 646.3 millones de pesos |
| Total | 2,740.3 millones de pesos |
En el primer periodo, las compañías obtuvieron contratos de 23 organismos públicos locales electorales (OPLE). Durante 2024 y 2025 se identificaron contrataciones con 15 organismos estatales.
Las autoridades sostienen que algunas compañías relacionadas entre sí se presentaban como competidoras independientes en licitaciones públicas, situación que pudo facilitar la adjudicación de contratos dentro de una misma estructura empresarial.
También se investigan posibles operaciones con empresas sin infraestructura suficiente, vínculos familiares entre representantes y movimientos financieros que requieren aclaración.
Los 2 mil 740 millones de pesos corresponden al valor de los contratos señalados por el Gobierno. No representan una cantidad que haya sido demostrada como robada o desviada.
¿Qué relación tienen Guadalupe Taddei y las empresas investigadas?
Guadalupe Taddei asumió la presidencia del INE en abril de 2023, aunque sus antecedentes profesionales con organismos electorales y las contrataciones de las empresas investigadas se remontan a años anteriores.
Taddei había presidido el Instituto Estatal Electoral de Sonora, donde, según Agencia Reforma, tuvo relación institucional con empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas desde 2021.
La investigación federal también estableció que las compañías obtuvieron contratos antes y durante su administración al frente del INE.
Esta cronología es relevante porque las presuntas irregularidades no se limitan al periodo en que Taddei encabezó el organismo nacional.
El 4 de noviembre de 2026, la UIF anunció el bloqueo de 40 objetivos financieros relacionados con el caso: 25 personas físicas y 15 empresas.
La dependencia informó que presentó una denuncia ante la FGR para investigar posibles responsabilidades. Sin embargo, las autoridades no divulgaron oficialmente la identidad de todas las personas bloqueadas ni los montos de las cuentas intervenidas.
¿Cómo está relacionado el partido Somos con los empresarios investigados?
La presidenta Claudia Sheinbaum vinculó los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien actualmente participa en el partido Somos, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo.
De acuerdo con la investigación presentada por Raquel Buenrostro, Padilla Aguilar tuvo una relación laboral con los hermanos cuando estos trabajaban en dependencias federales durante la década de 1980.
Entre los antecedentes señalados figuran actividades en el Registro Nacional de Población y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La mandataria sostuvo que Padilla Aguilar fue quien incorporó a los hermanos al servicio público y cuestionó que posteriormente se convirtieran en proveedores de organismos electorales.
El Gobierno también identificó la participación en Somos de exfuncionarios electorales como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
Sin embargo, la coincidencia de estas personas dentro de una organización política no demuestra que el partido haya participado en operaciones financieras irregulares.
Las relaciones laborales y políticas forman parte de la cronología presentada por el Ejecutivo, pero las posibles responsabilidades deben establecerse mediante investigaciones y pruebas.
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