Si van contra la corrupción, que vayan contra toda

EDUARDO RUIZ-HEALY

“Me parece que es muy importante dar certeza a la elección del 2027, después de todo esto”, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum durante su mañanera al referirse a la investigación que se realiza en torno a contrataciones del INE, y pidió a este y a los institutos estatales que den lineamientos claros de contratación. En la misma mañanera la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro mostró que seis empresas ligadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, consiguieron de 23 organismos electorales locales contratos por 2,740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025. Raymundo y Tatiana, hija de José Alfredo, competían entre sí en el papel, pero ambos representan a cuatro empresas y en tres coinciden. También ayer se informó que la UIF congeló cuentas de 40 personas y empresas involucradas en el escándalo.

Qué bueno que se investiguen estos casos que muestran una posible colusión entre proveedores y funcionarios. Ojalá sean una señal de que el Gobierno federal está dispuesto a ir contra la corrupción, incluso cuando se trata de organismos autónomos. Aún falta extenderla al resto del gasto público, donde también debe haber certeza.

El artículo 134 constitucional ordena licitar las compras públicas y deja la adjudicación directa y la invitación restringida como excepciones, para patentes exclusivas, urgencias o montos menores. No hay cifras consolidadas de los gobiernos de Fox y del inicio del de Calderón, pero el 78.3% de los contratos federales en 2022 fue asignado directamente y el 73.6% en 2012, según varios informes. Con Peña Nieto el porcentaje osciló entre el 74.9% y el 82.6%, y con López Obrador promedió 80% a pesar de que su Plan Nacional de Desarrollo prometió prohibirlo, En el 2025 se redujo hasta un 65 %. El IMCO estimó que en 2020, por primera vez, el dinero asignado sin licitación -205,195 millones de pesos- fue mayor al asignado mediante licitación, sin saberse cuántas de esas asignaciones cumplieron con los supuestos legales. En octubre se conoció que la Defensa entregó por invitación más de 4,000 millones de manera directa para el Tren Maya de carga a proveedores sin experiencia ferroviaria.

Lo que más cuesta saber es qué se contrató cuando la información se mantuvo oculta durante años. El 22 de noviembre de 2021 un acuerdo de AMLO declaró de seguridad nacional las obras prioritarias, y aunque la Suprema Corte lo declaró inválido en mayo de 2023, ese recurso siguió usándose. El 19 de agosto de 2022, Fonatur Tren Maya reservó el costo total del tren hasta agosto de 2027, y la Auditoría Superior debió omitir el monto actualizado al revisar la Cuenta Pública 2022.

Si seis empresas captaron 2,740 mdp en institutos electorales, cabe preguntar cuántas redes similares crecieron a la sombra de la excepción y de la reserva en Pemex, CFE, IMSS, Issste, secretarías de Estado, órganos autónomos, universidades autónomas y gobiernos estatales y locales. Si la batalla contra la corrupción va en serio, el siguiente paso es cancelar esas reservas y cruzar socios y apoderados con los contratos asignados, aunque el resultado incomode a muchos morenistas, priistas, panistas, verdes, petistas, emecistas y políticos, funcionarios, empresarios y coyotes en activo o retirados.

EDUARDO RUIZ-HEALY

@ruizhealy ruizhealytimes.com

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.