Alfonso Durazo denuncia presunta red de corrupción electoral que operó durante décadas y rechaza que Morena cargue con responsabilidades de gobiernos anteriores

SONORA.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño denunció una presunta red de corrupción electoral que habría operado durante más de 25 años mediante empresas vinculadas entre sí y contratos superiores a los 2 mil 600 millones de pesos con organismos electorales. El mandatario respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las investigaciones y pidió llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

En un pronunciamiento Durazo señaló que los antecedentes de esta presunta estructura empresarial se remontan a gobiernos anteriores y rechazó que se pretenda responsabilizar a Morena por prácticas que, afirmó, tienen décadas de antigüedad. Consideró que estos señalamientos buscan disputar el control de las instituciones electorales y debilitar la credibilidad del movimiento político al que pertenece.

Respaldamos firmemente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su determinación de llegar hasta el fondo de estas investigaciones. Que se conozca toda la verdad, que las autoridades determinen las responsabilidades y que la justicia actúe sin privilegios, sin excepciones y sin encubrimientos”, señaló en su pronunciamiento.

¿QUÉ RED DE CORRUPCIÓN ELECTORAL DENUNCIÓ ALFONSO DURAZO?

El gobernador expuso que están saliendo a la luz antecedentes de una presunta red empresarial cuyos principales operadores serían los hermanos Hernández Casillas, quienes iniciaron su trayectoria en el Gobierno federal desde 1983.

Según Durazo, durante las administraciones priistas los hermanos trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente ocupó cargos en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras dejar el servicio público, los empresarios comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, con antecedentes de controversias en 1999 y 2005.

Estos señalamientos se relacionan con los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, sus vínculos con antiguos funcionarios del PRI y sus contrataciones durante la gestión de Lorenzo Córdova, expuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Durante los gobiernos priistas trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente ocupó cargos en administraciones del PRI. Tras dejar el servicio público, los hermanos comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, con antecedentes de controversias en 1999 y 2005. Así se fue construyendo un entramado de intereses que habría operado durante décadas, trascendiendo gobiernos y administraciones.

No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de una estructura que habría operado durante más de 25 años, con contratos superiores a los dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023, y otros 646 millones entre 2024 y 2025. Una red que, según las investigaciones, simulaba competencia, utilizaba empresas vinculadas entre sí y aprovechaba los recursos públicos para beneficiar intereses particulares”, citó.

¿CUÁNTO DINERO OBTUVIERON LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN CONTRATOS ELECTORALES?

De acuerdo con las cifras mencionadas por Durazo, las empresas relacionadas con la presunta red obtuvieron contratos millonarios durante distintos periodos.

El gobernador señaló que entre 2014 y 2023 las contrataciones superaron los 2 mil millones de pesos, mientras que entre 2024 y 2025 se registraron otros 646 millones de pesos.

En conjunto, los montos mencionados por el mandatario superan los 2 mil 646 millones de pesos, correspondientes a contratos otorgados durante diferentes administraciones.

Las investigaciones sobre una red de siete empresas proveedoras del INE por presunta corrupción electoral, triangulación de recursos y simulación de competencia incluyen operaciones relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Las indagatorias buscan determinar si las compañías participaron en procedimientos de contratación como supuestos competidores independientes, pese a mantener vínculos empresariales entre sí.

Los recursos señalados corresponden al valor de los contratos investigados, por lo que no representan, por sí mismos, cantidades cuyo desvío haya sido acreditado.

¿POR QUÉ ALFONSO DURAZO RECHAZA RESPONSABILIZAR A MORENA?

El mandatario sonorense sostuvo que pretender trasladar a Morena la responsabilidad de las deficiencias históricas de las instituciones electorales constituye una maniobra política.

Desde su perspectiva, el objetivo sería disputar el control de la institución electoral y debilitar la credibilidad del proceso de transformación ante la ciudadanía.

Durazo también afirmó que los cuestionamientos se dirigen primero contra la titular del Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente contra la propia institución.

En su pronunciamiento hizo referencia a los procesos electorales de 1988 y 2006, al señalar que las instituciones electorales de aquellos años permitieron conservar la Presidencia de México a quienes, según su postura, no habían ganado legítimamente las elecciones.

Estas afirmaciones forman parte de la valoración política del gobernador sobre los antecedentes de las autoridades electorales.

No se puede responsabilizar a un movimiento por prácticas que vienen de décadas atrás. Las responsabilidades tienen nombre y apellido, y la historia no se reescribe para acomodar culpas.

“La transformación de México no puede permitir que las viejas estructuras de corrupción sigan operando bajo nuevas apariencias. No importa cuándo surgieron, quiénes las construyeron ni bajo qué gobiernos prosperaron: nadie puede estar por encima de la ley”, puntualizó.

¿QUÉ SIGUE EN LAS INVESTIGACIONES POR CONTRATOS ELECTORALES?

La revisión de las contrataciones busca establecer si existieron irregularidades en los procedimientos mediante los cuales distintas empresas obtuvieron contratos para proporcionar materiales y servicios electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los contratos otorgados durante distintas administraciones, incluidos los periodos de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, para conocer desde cuándo determinadas empresas mantienen relaciones comerciales con los organismos electorales.

La petición contempla revisar los proveedores, los contratos y el manejo de recursos públicos de administraciones anteriores del INE, con el propósito de determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó citar al titular del Órgano Interno de Control del INE para que explique las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos electorales y los procedimientos que permanecen pendientes de resolución.

En este contexto, Durazo reiteró su respaldo a las investigaciones impulsadas por Sheinbaum y sostuvo que las responsabilidades deben establecerse de manera individual, independientemente de los gobiernos bajo los cuales se hayan desarrollado las operaciones cuestionadas.

El gobernador insistió en que ninguna persona debe estar por encima de la ley y que las autoridades deben esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sin privilegios ni encubrimientos.