La Audiencia Nacional analiza si la pareja de Ábalos pagó un 'loft' en Vallecas con fondos obtenidos de mordidas

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estallaron este jueves una operación en la que se realizaron varios registros y requerimientos en el marco de una pieza separada del caso Koldo en la que se investiga cómo se pudieron canalizar las mordidas que fueron cobradas presuntamente por la trama por el amaño de adjudicaciones de obra pública. En definitiva, cómo se blanqueó o lavó ese dinero proveniente de un ilícito. Fuentes de la investigación confirman a elDiario.es que esta nueva pieza nace de las revelaciones hechas ante el juzgado por el empresario Víctor de Aldama.

Además de esos registros, se produjeron seis detenciones -por la tarde todos quedaron en libertad- entre las que estaban Andrea de la Torre, la pareja actual de José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, un hombre vinculado en el pasado al PSOE y que ya aparecía en informes previos. A pesar de que la causa sigue bajo secreto por orden del magistrado Ismael Moreno, algo que no se prolongará por mucho tiempo, han ido trascendiendo detalles de lo que se indaga en este caso concreto, y fuentes tanto jurídicas como del entorno del exministro coinciden en señalar que lo que se busca es seguir el rastro del dinero.

Y siguiéndolo han ido a parar al madrileño barrio de Vallecas. Allí, Andrea de la Torre tiene en propiedad un local comercial que fue reconvertido en vivienda -en el argot inmobiliario podría hablarse de 'loft'-. ¿Y por qué se fija la UCO en esa vivienda? Porque fue pagado por una sociedad vinculada a Cristian Corvillo. Con esa premisa la triangulación del dinero encajaba para la UCO: Una persona que es pareja del exministro recibe un préstamo de un tercero de aproximadamente 130.000 euros para resolver una hipoteca de un local que es de su propiedad.

Fuentes consultadas por este periódico ofrecen una versión de la operación que podría explicar ese cambio de prestamista (de banco a empresa). Indican que, si bien en su día Andrea tuvo una hipoteca que abonaba religiosamente al BBVA y que contaba con el aval de Ábalos, cuando el político comenzó con sus problemas judiciales la entidad quiso apartarse del 'apestado' exministro y le sacó de ese aval. Ante ese obstáculo, la entidad necesitaba que De la Torre se buscara nuevo avalista, y ahí entró la solución de Corvillo. Éste habría puesto el dinero para cancelar el préstamo hipotecario y Andrea ha ido aportando a Corvillo, más bien a esa mercantil vinculada a él, mensualidades con lo que obtiene de alquilar ese mismo local. Lo alquila porque, después de entrar Ábalos en la cárcel, ella se mudó a la vivienda que tiene el exministro en Valencia (vive gratis y evita que la casa sea okupada, dicen otras fuentes).

Más allá de ese detalle de la investigación, fuentes jurídicas aclaran que los delitos que se investigan en esta nueva pieza son los de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo. Y que para profundizar en cómo se canalizaban fondos se requirió información a Adif y a otros organismos, y se pidió también documentación a constructoras como Azvi. Sobre la figura de Corvillo destacan que está en la investigación porque interviene en operaciones extrañas y tiene relación con distintas empresas contratistas. De hecho este jueves fueron registradas esas empresas.

Cabe recordar que el juez Moreno acordó abrir esta pieza separada a partir de un informe de la UCO sobre el presunto amaño de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas. Los investigadores se personaron este jueves en la sede de Adif, empresa pública dependiente de Transportes, con un requerimiento de información que, según fuentes de la compañía, ha sido satisfecho sin necesidad de que se produjera un registro.

Los contratos requeridos por la UCO en Adif corresponden a licitaciones de 2018, recién llegado José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Las adjudicaciones tuvieron lugar ya en 2019 y los trabajos concluyeron entre 2021 y 2022. En aquella época la presidenta de Adif era Isabel Pardo de Vera, quien ya estaba imputada por la concesión de obra pública por haber participado presuntamente en los amaños de Koldo García y Ábalos.

Al mismo tiempo, los agentes se han presentado tanto en el domicilio de Ábalos en Valencia como en la sede de la constructora Azvi, adjudicataria de obras de Transportes, para requerir documentación que le ha sido entregada por sus responsables, según fuentes de la empresa. El comisionista Víctor de Aldama señaló a la compañía como pagadora de “mordidas” a cambio de contratos.

Los responsables no están imputados pero Anticorrupción da veracidad a las acusaciones del empresario condenado. Aldama también atribuyó a Azvi un pago de 18.000 euros realizado en octubre de 2019 a una sociedad vinculada a él y que, según su versión, habría estado relacionado con la mediación en una adjudicación pública. La constructora contrató a Koldo García como consultor tras su salida del Ministerio de Transportes con la destitución de Ábalos por 6.000 euros fijos al mes más una comisión por obtención de contratos.

Los hermanos Corvillo

Las detenciones de ayer se extendieron por Córdoba, Madrid y Sevilla, además de la practicada en Valencia. En Córdoba fue arrestado Cristian Corvillo, quien ya había aparecido en el pasado vinculado a la presunta ocultación de patrimonio por Víctor de Aldama, el empresario corruptor de la trama del caso Koldo que ha evitado la cárcel por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, según defendió esta ante el Tribunal Supremo.

Aldama estaba vinculado a Córdoba. De hecho estuvo cerca de comprar el Córdoba CF en 2011 y, según los investigadores, en 2024 intentó llevarse dinero a Portugal para evitar pagar impuestos. Es aquí donde la Guardia Civil hace en un informe de 2024 referencia a los “hermanos Corvillo”, a los que relacionaba con un chalet en La Moraleja que en su momento compró De Aldama con una sociedad vinculada a su esposa. Los agentes sospechan que De Aldama estaba intentando ceder la titularidad del chalet a los “hermanos Corvillo”, Rubén y Cristian, ambos de la localidad Peñarroya-Pueblonuevo. El otro hermano Corvillo, Rubén, también figura entre los detenidos hoy. Los otros tres detenidos son empresarios.

Además, el 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó la mayor parte de los contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, Soluciones de Gestión facturó 3,3 millones de euros “procedentes de las adjudicaciones investigadas”.

Los hermanos Corvillo también conocían a Koldo García y José Luis Ábalos. Cristian aparece en las investigaciones como vinculado a la adquisición del chalé de la Línea de la Concepción del que disfrutó Ábalos y su familia durante una temporada como contraprestación por gestiones para conceder a una empresa una licencia de hidrocarburos, que finalmente no tuvo lugar. Mensajes entre Aldama y Corvillo muestran cómo este último habría participado en la selección del chalé y en el supuesto encubrimiento de su destino final.

Los hermanos Corvillo declararon el pasado septiembre como testigos del caso Hidrocarburos, que investiga el juez Santiago Pedraz. Se trata de un fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entre otros.

Cristian Corvillo fue, hasta que José Luis Ábalos cayó como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, uno de los destacados 'sanchistas' en la provincia de Córdoba. En el timeline de su cuenta en X aparecen imágenes con el presidente del Gobierno cuando volvía a intentar dar la batalla tras ser cesado como secretario general del PSOE. Corvillo de hecho llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015, pero la dirección provincial terminó por anular aquella lista.

La UCO ha llevado a cabo un registro a fondo de la vivienda de Cristian Corvillo en Córdoba. El detenido ha asistido a la actuación policial en pijama. Los guardias civiles han buscado en vehículos y posibles escondites la existencia de documentación y dinero en efectivo, informa Alfonso Alba. Pasadas las tres de la tarde, Corvillo ha abandonado su vivienda de la Carrera del Caballo en calidad de detenido por agentes de la UCO. Corvillo ha estado más de siete horas en el chalet de la calle Celia Cruz junto a los guardias civiles, que han peinado toda la vivienda. Los agentes se llevaron varias pruebas para el caso en el interior de cajas de cartón.