Caso ueno bank: juez inmoviliza cuentas y prohíbe vender bienes a diez empresas vinculadas a investigación

El <b>juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso</b> este viernes 6 de noviembre la <b>inhibición general de vender y gravar bienes</b>, además de la <b>inmovilización preventiva de cuentas bancarias y financieras</b>, respecto de<b> diez empresas </b>vinculadas con las operaciones examinadas por el Ministerio Público.

La decisión consta en el Auto Interlocutorio N.º 362, dictado en la <b>causa abierta contra Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros</b> por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. El magistrado hizo lugar parcialmente al requerimiento presentado por la Fiscalía, que inicialmente <b>solicitó las restricciones patrimoniales para once sociedades.</b>

Según el documento judicial, <b>las medidas buscan preservar los activos</b> mientras se investigan operaciones de préstamos, transferencias y adquisición de instrumentos financieros que habrían involucrado a empresas relacionadas con el grupo controlador de ueno bank.

<b>Las diez empresas alcanzadas por la resolución</b>

La medida judicial afecta a las siguientes sociedades:

1. ITTI S.A.E.C.A.
2. Grupo Vázquez S.A.E.
3. REDISA
4. Red Digital de Procesamiento (REDIPRO S.A.).
5. Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio (SATEC S.A.).
6. HD Invest E.A.S.
7. Technoma S.A.E.C.A.
8. La Tropa Fletes E.A.S.
9. Factopar S.A.
10. Kasas Propiedades S.A.E.

Estas empresas quedaron alcanzadas por la prohibición de vender o gravar bienes y por la inmovilización preventiva de las cuentas que pudieran mantener en entidades bancarias y financieras.

<b>Fiscalía investiga préstamos y transferencias entre sociedades</b>

El requerimiento fiscal sostiene que, durante los años 2025 y 2026, <b>ueno bank habría concedido préstamos y sobregiros por montos elevados a empresas vinculadas</b>, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes. Parte de esos recursos habría sido transferido posteriormente entre distintas sociedades para cubrir obligaciones o financiar operaciones diferentes de los destinos inicialmente declarados.

Uno de los movimientos mencionados corresponde a la presunta adquisición de una <b>cartera crediticia de ueno bank por parte de Vinanzas S.A</b>., por <b>USD 74.418.418,12</b>. De acuerdo con la hipótesis fiscal, <b>esta operación se habría concretado sin que la empresa contara con fondos propios suficientes</b>, por lo que el pago habría sido financiado indirectamente mediante créditos otorgados por el propio banco a otras sociedades.

Entre los préstamos examinados figuran operaciones por <b>USD 20 millones a SATEC; USD 35 millones y G. 36.900 millones a HD Invest; USD 10 millones a Technoma; otros USD 10 millones a La Tropa Fletes, y USD 6.841.000 a Factopar.</b>

Los investigadores también identificaron transferencias y relaciones económicas con <b>ITTI, Grupo Vázquez, REDISA y REDIPRO</b>, además de operaciones vinculadas con bonos emitidos por Kasas Propiedades.

El juzgado consideró que estos antecedentes permiten reconocer <b>una sospecha inicial suficiente para justificar medidas preventivas</b>, sin que ello implique tener por demostradas las presuntas irregularidades.

<b>Juez rechazó medidas contra Sagas</b>

Aunque la Fiscalía había solicitado restricciones para once empresas, <b>el magistrado resolvió excluir, por el momento, a Sagas S.A.</b> Según explicó, el requerimiento fiscal no desarrolló una operación específica atribuible a esa sociedad ni identificó bienes o fondos concretos relacionados con los hechos investigados.

Por esta razón, consideró que no existían elementos individuales suficientes para restringir su patrimonio. No obstante, l<b>a resolución deja abierta la posibilidad de que el Ministerio Público formule una nueva solicitud </b>si reúne información que permita justificarla.

<b>Medidas podrán ser revisadas o levantadas</b>

El juez Estigarribia estableció que las restricciones tienen <b>carácter preventivo, provisional y revisable. </b>En ese sentido, dispuso que las entidades financieras identifiquen las cuentas y los saldos alcanzados, con el objetivo de permitir un posterior control judicial sobre el alcance de la inmovilización.

La resolución también contempla la <b>posibilidad de analizar solicitudes relacionadas con el pago de salarios, tributos, servicios esenciales y otras obligaciones</b> legítimas ajenas a los hechos investigados.

Asimismo, <b>ordenó comunicar la inhibición de bienes a la Dirección General de los Registros Públicos</b>, que deberá informar sobre su cumplimiento dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del oficio.

<b>El Banco Central del Paraguay tendrá a su cargo la comunicación de la inmovilización a las entidades bancarias y financieras</b>, mientras que el Instituto Nacional de Cooperativismo deberá transmitir la medida a las cooperativas comprendidas bajo su supervisión.

<b>El magistrado aclaró que las restricciones no constituyen una sanción anticipada ni representan una declaración de responsabilidad penal contra las empresas involucradas.</b>