PRI Sinaloa exige aclarar contratos bajo la gestión de Guadalupe Taddei
César Gerardo cuestionó que en las mañaneras se recurra a temas del pasado en lugar de dar respuestas concretas sobre las irregularidades presentes
El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, emitió un pronunciamiento sobre la reciente postura de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
El líder priista señaló que la presidenta Sheinbaum afirmó que Guadalupe Taddei "traicionó la confianza de los mexicanos", además de recordar que llegó al cargo mediante sorteo y de volver a mencionar el fraude electoral del año 2006.
Gerardo Lugo cuestionó que en las mañaneras se recurra a temas del pasado en lugar de dar respuestas concretas sobre las irregularidades presentes. De acuerdo con el dirigente, persisten dudas fundamentales sobre la gestión de Taddei:
¿Qué va a pasar con los contratos bajo sospecha?
¿Quién los autorizó?
¿Qué empresas los recibieron?
¿Cuánto se pagó y qué controles se aplicaron?
Ante la petición de una auditoría realizada por la mandataria federal, el dirigente del PRI Sinaloa sostuvo que ahora corresponde exigir que se conozcan de manera pública los resultados y que se determinen las responsabilidades correspondientes, incluso en el caso de que los hallazgos incomoden a Morena o si se descubre que algún actor del oficialismo intervino para favorecer a algún proveedor.
Asimismo, recordó que la llegada de Taddei mediante insaculación fue un procedimiento realizado por la Cámara de Diputados entre candidaturas previamente evaluadas. En ese sentido, puntualizó que resulta indispensable abrir los expedientes para conocer la forma en que se ejerció el cargo.
Finalmente, la dirigencia del PRI en Sinaloa señaló la existencia de un "doble discurso" por parte del gobierno federal, al dar por probado un fraude en el pasado mientras exige pruebas y auditorías para el presente.
Ante esto, exhortó a aplicar el mismo rigor a las acusaciones retrospectivas, respetar la autonomía del INE y esclarecer quiénes firmaron los contratos cuestionados y qué medidas tomarán las autoridades con los hallazgos obtenidos.
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