Sheinbaum cuestiona silencio tras contratos del INE a los hermanos Hernández Casillas

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un fuerte reclamo sobre la falta de acciones para detener la adjudicación de contratos del INE a empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes, según investigaciones oficiales, habrían operado una red de proveedores en el sistema electoral mexicano durante casi tres décadas.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, la red de empresas de los Hernández Casillas obtuvo contratos por más de 2,700 millones de pesos entre 1997 y 2025, de los cuales 2,094 millones corresponden al periodo de Córdova (2015-2023) y 646.3 millones a la gestión de Taddei (2024-2025).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó recientemente las cuentas de 40 personas y entidades, incluyendo a los hermanos y a Taddei, tras detectar posibles irregularidades y simulación de competencia en licitaciones.

La mandataria federal cuestionó abiertamente: “Él lo reconoce, estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente unas cuantas empresas y él también las contrató. ¿Cómo, sabiendo que eso es parte de la estructura electoral del país, no hizo nada?”, refiriéndose a Lorenzo Córdova.

Además, Claudia Sheinbaum vinculó a los hermanos Hernández Casillas y a otros actores políticos con el partido "Somos", sugiriendo una red de intereses que habría favorecido la permanencia de estos proveedores en el sistema electoral.

¿Qué se sabe sobre la red de contratos del INE?

La investigación oficial señala que los hermanos Hernández Casillas habrían construido un oligopolio de empresas proveedoras de servicios electorales, operando desde 1997 y consolidando su presencia en los procesos de licitación del INE y de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El esquema, según la Secretaría Anticorrupción, consistía en la simulación de competencia: distintas empresas participaban en las licitaciones, pero todas pertenecían al mismo grupo familiar o de allegados.

Entre 2015 y 2023, periodo en que Lorenzo Córdova presidió el INE, este grupo obtuvo contratos por más de 2,094 millones de pesos. Posteriormente, bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, la cifra alcanzó 646.3 millones adicionales.

La UIF detectó operaciones de riesgo y bloqueó cuentas de 40 personas físicas y morales, incluyendo a los principales involucrados.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno federal?

Tras la revelación de la investigación, la UIF procedió al bloqueo de cuentas de los principales involucrados, incluyendo a los hermanos Hernández Casillas y a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

La Secretaría Anticorrupción presentó el caso públicamente y solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar a fondo los contratos adjudicados durante las gestiones de Córdova y Taddei.

La presidenta Sheinbaum pidió que la ASF realice una auditoría proactiva y exhaustiva, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar si existieron actos de corrupción o simulación de competencia en los procesos de licitación.

¿Cuál ha sido la respuesta de los señalados?

Lorenzo Córdova respondió a los señalamientos asegurando que durante su gestión la ASF tuvo acceso a toda la información y no encontró irregularidades:

“La ASF tiene las puertas abiertas a investigar todo su periodo al frente del INE, desde 2014 a 2023... sin que se encontrara nada”. Por su parte, otros exfuncionarios han señalado que los procesos de licitación se realizaron conforme a la ley y que no existen pruebas concluyentes de colusión o corrupción.

Sin embargo, la investigación oficial sostiene que la estructura de proveedores favoreció la concentración de recursos en un grupo reducido, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la competencia real en los procesos de contratación del INE.

¿Qué antecedentes tienen los hermanos Hernández Casillas?

Los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas cuentan con una larga trayectoria en el sector público.

En la década de 1980 trabajaron en el RENAPO y el CISEN bajo la dirección de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien actualmente participa en el partido "Somos". Posteriormente, incursionaron en el sector privado como proveedores de servicios electorales, consolidando una red de empresas que, según la investigación, operó de manera continua durante 27 años.

La investigación también señala que la red de empresas habría participado en licitaciones en las que simulaban competencia, presentando distintas razones sociales pero con vínculos familiares o de negocios entre los participantes.