Nicaragua ha cedido 110 propiedades confiscadas al Seguro Social, denuncia líder opositor

Chamorro, líder opositor que en febrero de 2023 fue uno de los 222 exreos políticos desterrados a Estados Unidos, y privado de su nacionalidad y sus bienes, dirigió su denuncia a la agencia calificadora de riesgo crediticio S&P Global Ratings, que subió la calificación de crédito del Gobierno de Nicaragua de "B+" a "BB-" con perspectiva estable.

"Tras la reciente mejora de la calificación crediticia soberana de Nicaragua por parte de S&P Global Ratings, de B+ a BB-, les escribo para llamar su atención sobre cambios fundamentales en el entorno institucional, jurídico y normativo del país que merecen una consideración cuidadosa a la hora de evaluar su clima de inversión y su perfil de riesgo país en general", escribió el dirigente en una misiva que hizo pública.

Chamorro argumentó que el Departamento de Estado de EE.UU. -en su declaración sobre el clima de inversión en Nicaragua de 2026, publicado el pasado 6 de octubre- ofreció "una evaluación importante y oportuna de estos acontecimientos" y aconsejó "a los inversionistas que actúen con extrema precaución".

Así mismo, advirtió la ausencia de una aplicación fiable y justa del Estado de Derecho y de un entorno empresarial predecible en la Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El informe del Departamento de Estado -continuó el opositor que tiene un doctorado en economía- "documenta un patrón de deterioro institucional que va más allá del riesgo político convencional y afecta directamente a la seguridad de la inversión privada, a la exigibilidad de los contratos y a la previsibilidad de las operaciones comerciales".

El también exviceministro de Hacienda y Crédito Público y exsecretario técnico de la Presidencia de Nicaragua dijo que hay cinco acontecimientos que merecen especial atención, entre el que destacó el "deterioro de los derechos de propiedad y aumento de las confiscaciones".

"El Departamento de Estado documenta la transferencia de 110 propiedades confiscadas al Instituto de la Seguridad Social de Nicaragua entre 2020 y abril de 2026, junto con otras transferencias de activos confiscados a instituciones públicas", puntualizó.

Chamorro también identificó cambios legales que afectan a las propiedades en zonas fronterizas y el uso de instituciones estatales para formalizar las confiscaciones, alertó.

Para el opositor, esos acontecimientos suscitan preocupaciones importantes sobre el riesgo de expropiación, la seguridad de los títulos de propiedad, la protección de las garantías y la disponibilidad de recursos legales efectivos.

Otros puntos que la agencia calificadora de riesgo deberían tomar en cuenta es la concentración de poder y erosión de la independencia judicial, la ampliación del control estatal sobre la inversión extranjera, la aplicación arbitraria de la normativa fiscal e intervención reguladora, y el reajuste geopolítico y exposición a sanciones, indicó el opositor.

Sobre ese último punto, el líder exiliado comentó que la relación más estrecha de Nicaragua con Irán, incluidos acuerdos de cooperación, "añade una dimensión geopolítica al riesgo país".

"A la luz de los posibles cambios en las sanciones y la política comercial de EE.UU., los inversionistas y las instituciones financieras deberían evaluar su exposición a las obligaciones de cumplimiento de las sanciones, las restricciones en la banca corresponsal, las restricciones comerciales y el riesgo reputacional", alegó.

Para Chamorro, se trata de riesgos que merecen una evaluación cuidadosa, no de suposiciones de que las medidas adicionales sean inevitables.