Crisis de agua en Guadalajara es oportunidad para entender que necesitamos de la naturaleza: Raquel Guitérrez

La crisis del agua que afecta a más de dos millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) evidencia la falta de políticas públicas integrales que garanticen el derecho humano al agua, más allá de la construcción de infraestructura, señala la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, especialista en derecho ambiental.

La académica advirtió en entrevista para DEBATE que los proyectos de saneamiento y abastecimiento serán insuficientes si no se acompañan de una estrategia que contemple la restauración de los ríos, la vigilancia de las descargas industriales y la participación de las comunidades afectadas.

La doctora en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México consideró que el acuerdo entre los gobiernos federal y estatal para atender la problemática hídrica representa un avance; sin embargo, señaló que todavía hace falta una política de gestión integral del agua con perspectiva de derechos humanos.

Falta vigilancia a empresas que contaminan el río Santiago

Gutiérrez Nájera recordó que durante la administración de Enrique Alfaro, con la estrategia Revive el Río Santiago, no observó suficientes acciones de inspección dirigidas a las empresas instaladas en los corredores industriales de El Salto, el sur de Guadalajara y Ocotlán.

Consideró que esta situación continúa durante el gobierno de Pablo Lemus, al que cuestionó por la falta de acciones contundentes para fiscalizar a las industrias que descargan contaminantes en los cuerpos de agua.

“El actual gobernador pues no quiere para nada molestar a las empresas. Y si esto sigue así, pues el saneamiento del río Santiago va a estar limitado o casi podríamos decir sus resultados van a ser magros”, advirtió.

La especialista también señaló que la estrategia Revive el Río Santiago presentó limitaciones desde su diseño, particularmente por la ausencia de indicadores para medir los avances en la descontaminación.

En ese sentido, cuestionó los resultados de los recursos destinados a este programa.

“A pesar de que, según cuentas el Gobierno del Estado de Jalisco, invirtió más de siete mil millones de pesos, pues realmente la contaminación sigue igual”, señaló al referirse a la persistencia de la problemática, particularmente en torno a las plantas de tratamiento.

A esto se suma el crecimiento descontrolado de las ciudades, que no siempre considera la disponibilidad de recursos naturales para sostener a su población.

Explicó que el concepto de capacidad de carga permite establecer cuánta población puede sostener un territorio en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los recursos disponibles.

“El Área Metropolitana no puede seguir creciendo de manera infinita cuando depende de fuentes que no están en la ciudad ni en su territorio para tener el agua, que es el principal insumo para la vida”, señaló.

La especialista llamó a aprovechar la crisis del agua que afectó a más de dos millones de habitantes del AMG para replantear las políticas públicas.

“Ojalá y se aproveche esta oportunidad de esta crisis del agua que llegó a más de dos millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara para repensar en políticas más incluyentes, integrales y con perspectiva de que el ser humano depende de la naturaleza”, concluyó.

Contaminación del agua en Jalisco: las comunidades afectadas llevan años denunciándola

La investigadora explicó que la industrialización de la Zona Metropolitana de Guadalajara y sus alrededores generó importantes focos de contaminación, particularmente en el sur de la ciudad, Ocotlán, la Ciénega y el corredor industrial de El Salto.

Señaló que la figura de los parques industriales no permitió dimensionar de manera específica la contaminación que generaría cada empresa instalada en estos espacios, pese a que entre ellas había industrias químicas, textiles, alimentarias y metalmecánicas.

Como consecuencia, los habitantes de estas comunidades comenzaron a alertar sobre los efectos negativos de la contaminación en su salud mucho antes de que la problemática alcanzara mayor visibilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La doctora identificó tres momentos importantes en la discusión pública sobre la contaminación del agua en Jalisco.

El primero ocurrió en 2001, cuando el gobierno estatal, durante la administración de Francisco Ramírez Acuña, impulsó el proyecto de la presa de Arcediano para abastecer de agua a Guadalajara.

La iniciativa generó cuestionamientos entre académicos y organizaciones civiles sobre la calidad del agua del río Santiago, pues identificaron que estaba altamente contaminada y no era apta para ningún uso.

El segundo momento ocurrió entre 2019 y 2020, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para el Estado mexicano ante la grave contaminación del río Santiago y el lago de Chapala, así como sus efectos en la salud pública de las comunidades ribereñas.

El tercer momento corresponde a la crisis reciente del agua en Guadalajara, que evidenció cómo la contaminación de los cuerpos de agua puede repercutir en el abastecimiento de la población.

La especialista consideró que esta situación debe servir para replantear la manera en que se administra y protege el recurso hídrico.