Por qué el Congreso de Paraguay frenó la renuncia de Santiago Peña a la presidencia y prefirió llevarlo a juicio político tras la quiebra de Ueno Bank
PARAGUAY.— El Congreso de Paraguay rechazó la solicitud de renuncia presentada por el presidente Santiago Peña y abrió la vía para iniciar un juicio político por presunto mal desempeño en sus funciones, relacionado con el colapso del sistema financiero de Ueno Bank.
La decisión busca evitar que el mandatario obtenga fuero constitucional como expresidente y senador vitalicio, una condición de inmunidad que habría impedido a la Fiscalía General iniciar procesos penales en su contra. La sesión conjunta parlamentaria quedó sin efecto legal después de que varios legisladores se retiraron del pleno y rompieron el quórum, con lo que frenaron la dimisión anunciada por Peña el 5 de noviembre de 2026.
¿Por qué el Congreso rechazó la renuncia del presidente?
Conforme al artículo 183 de la Constitución paraguaya, el Congreso debe evaluar y aprobar la renuncia de un presidente. Si aceptaba la dimisión, Santiago Peña pasaba de forma automática a ocupar el cargo de senador vitalicio y adquiría el fuero parlamentario que protege a los legisladores.
Al desestimar la solicitud voluntaria de separación del cargo, la mayoría de los legisladores, incluidos sectores de la oposición y del propio Partido Colorado, optó por la destitución mediante juicio político.
Si el Senado aprueba la destitución por dos tercios de los votos, Peña perderá la presidencia sin recibir el fuero de senador vitalicio y quedará expuesto a juicios ordinarios ante los tribunales penales.
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¿Qué originó la crisis política de Santiago Peña?
El detonante de la crisis institucional fue la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), el 3 de noviembre de 2026, luego de que su índice de solvencia cayó por debajo de 50% del mínimo legal exigido por las autoridades reguladoras.
La entidad financiera digital mantenía cerca de tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. El bloqueo de aplicaciones y transferencias afectó a casi la mitad de la población paraguaya.
Además, el banco administraba 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos:
- 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), destinados al pago de pensiones de más de 32,000 jubilados.
- Recursos de la represa de Itaipú.
¿De qué acusa la Cámara de Diputados a Santiago Peña?
La acusación formulada contra el mandatario incluye presuntas irregularidades y conflicto de intereses. El expediente señala que Peña mantuvo participaciones accionarias millonarias en el grupo propietario de Ueno Bank hasta 2025 y conservó sus acciones durante sus primeros dos años al frente del Poder Ejecutivo.
Entre los puntos del expediente figuran los siguientes señalamientos:
- Injerencia en fondos de pensiones: acusaciones de presionar para trasladar recursos del sistema de jubilaciones del IPS hacia la entidad bancaria privada.
- Nombramientos irregulares: presunta intervención en la designación de funcionarios dentro de organismos financieros y entes reguladores del Estado.
- Enriquecimiento y créditos: dudas sobre el origen de su patrimonio y la recepción de préstamos otorgados por el propio banco.
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¿Qué pasará con el gobierno de Paraguay?
El procedimiento constitucional establece que la Cámara de Diputados actúa como parte acusadora y el Senado funciona como tribunal de juicio político. Para consumar la destitución del presidente se requiere el voto a favor de 30 de los 45 senadores.
Los abogados defensores de Peña solicitaron una prórroga de 72 horas para analizar el expediente de acusación, integrado por 15 páginas y más de 300 fojas de anexos.
Si el Senado aprueba la remoción del mandatario, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la jefatura de Estado para completar el periodo gubernamental.
El siguiente punto del proceso es la revisión del expediente por parte de los abogados defensores y la posterior decisión del Senado. El desenlace definirá si Santiago Peña permanece en la presidencia o pierde el cargo sin acceder al fuero de senador vitalicio.
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