La Fiscalía Europea investiga en qué se usaron 86 millones que la UE concedió para el AVE

La Fiscalía Europea investiga el destino de 86 millones de euros de fondos comunitarios que fueron invertidos en diferentes trabajos de remodelación de la línea de AVE Madrid-Sevilla, según informan fuentes cercanas al caso a ABC. El objetivo principal de las diligencias es, primero, aclarar si el dinero fue destinado a estas labores y posteriormente analizar si las empresas adjudicatarias cumplieron con los trabajos que tenían que realizar. Los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), con 115 víctimas mortales, son el punto de inicio de estas causas.La última tragedia ferroviaria que ha costado la vida de 69 personas en Toledo ha provocado la apertura de una nueva diligencia por parte de la Fiscalía Europea , que ya tenía abierta otra por el siniestro de Adamuz del pasado mes de enero donde hubo 46 víctimas. Las dudas que se ciernen sobre la red de Transportes se han incrementado en los últimos días con la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en Adif en dos días consecutivos por investigaciones judiciales.Las de este viernes son de suma relevancia. Un requerimiento de la Fiscalía Europea condujo a los guardias civiles hasta las instalaciones de Adif, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria. El motivo son las sospechas de irregularidades en las empresas adjudicatarias del contrato de mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla.Según la nota oficial de Transportes, el contrato para la migración del sistema LZB al nuevo ERTMS tenía un presupuesto de 136 millones de euros y un plazo de ejecución de 52 meses, lo cual implica que debería haberse ejecutado en enero de 2026.La adjudicataria de la licitación fue la constructora Thales España GRP por un importe de 93,8 millones de euros para la transición del sistema de protección de Tren (LZB) por el ERTMS «en toda la línea, en el conjunto de enclavamientos, así como en el ramal La Sagra-Toledo». Sin embargo, el contrato licitado contemplaba una segunda adjudicación de 21 millones de euros para renovación de los circuitos de vía, esto es, los sistemas de detección de la presencia de un tren en un tramo concreto de la vía, del que fue adjudicataria por una UTE formada por el Grupo Azvi, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, y Ferrovial Construcción.El Grupo Azvi no está formalmente investigado en relación con las presuntas irregularidades y amaños de obra pública que investiga el juez Ismael Moreno y que motivó este jueves los nuevos oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un comunicado, la empresa de Ángel Contreras manifestó «absoluta tranquilidad» al respecto de los registros en su sede en Sevilla. Se trata de la constructora que, según obra en el sumario de la causa, pagó una cantidad mensual de 6.000euros a Koldo García tras su salida del Gobierno. El exasesor del ministro sí está imputado en la causa por amañar presuntamente contratos de obra pública y cobrar comisiones derivadas de sus gestiones, al igual que los dos ex secretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos.Fuentes jurídicas consultadas por ABC detallan que se trata de un operativo que arrancó el martes, y del que la Fiscalía ha informado por «el gran interés público» del caso. Los requerimientos de información tienen lugar «tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente del 28 de octubre de 2026», detalla la Fiscalía en una nota de prensa.La seguridad en el foco de la FiscalíaLa Fiscalía Europea investiga un total de 86 millones de euros. De esta cifra, la renovación de los desvíos contaron con fondos Feder y la sustitución de las instalaciones de seguridad salieron de la partida Next Generation. Fuentes de la investigación sostienen que la Unión Europea quiere asegurarse que el dinero ha ido dirigido al objeto de la obra. Para ello, han reclamado datos técnicos de las reformas para cotejarlos con la información que obra en poder de las autoridades comunitarias. El segundo de los contratos que están siendo investigados se remonta al 2020, pocos días después del inicio de la pandemia del coronavirus, en concreto el 16 de marzo. Esa fecha el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la licitación, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla (fase 1).El contrato, que tenía un plazo de ejecución de 15 meses, estimaba un valor estimado de 49.449.155,20 euros (sin IVA), de los cuales 18.077.132,87 euros (sin IVA) corresponden a la licitación de las obras y los restantes 31.372.022,33 euros (sin IVA) a los suministros necesarios para llevarlas a cabo. Las obras engloban los trabajos necesarios para la sustitución de 63 desvíos (de un total de 319 aparatos de vía existentes en esta línea), situados en diferentes puntos kilométricos (pp.kk.) a su paso por las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Una de las localizaciones donde se iban a desarrollar los trabajos era precisamente Urda.La UCO ha recabado documentación sobre los fondos europeos destinados a las obras en Adamuz y Urda«La licitación de estas actuaciones se enmarca en los trabajos de mejora integral previstos para la LAV Madrid-Sevilla, que contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad», defendía el Gobierno. Esta actuación iba a ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.Para recabar datos sobre estas obras bajo sospecha, la información técnica ha sido reclamada en el seno del ente público a Juan Antonio Delgado que es el responsable de instalaciones, según informan a ABC fuentes de la compañía. Su firma figura, junto con otros responsables de Adif, en un documento de julio de 2021 que avaló una oferta de la empresa Thales para sistemas de señalización y seguridad (ERTMS) relacionada con la línea de Urda. Su cargo oficial es el de subdirector de Instalaciones de Adif y Adif Alta Velocidad.Los datos que ha recabado la UCO de la Guardia Civil de Adif serán aportados a las dos investigaciones que se siguen desde Europa por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Ahora, queda por delante el trabajo de análisis para comprobar que cada euro invertido fue destinado al material y al objeto de los contratos.