La utilización de los fondos FEDER y Next Generation, en el foco de la Fiscalía Europea

Los fondos europeos vuelven a estar en el foco de los investigadores, esta vez a cuenta de la inversión en infraestructuras. La causa abierta por la Fiscalía Europea esta semana sobre los contratos para la renovación y mejora del tramo de la alta velocidad entre Madrid y Sevilla es el segundo procedimiento abierto por el organismo, que inició un primero tras el accidente de Adamuz.Las pesquisas se centran, en concreto, en la utilización que se dio a los dos tipos de fondos concedidos para las obras del tramo: los Feder y los Next Generation . Los primeros son los utilizados por la Unión Europea para reducir las diferencias económicas entre regiones. Nacidos en 1975, financian proyectos para ayudar a desarrollar los territorios en materia de infraestructuras, investigación, digitalización o eficiencia energética. Lo habitual en estos casos es que la unión aporte un porcentaje del coste y cada país complete el resto; se trata además de ayudas, no de préstamos que España tenga que devolver. Los Next Generation son, sin embargo, fondos diseñados y creados más recientemente. Son parte de un programa extraordinario creado en 2020 para ayudar a paliar el impacto en la economía tras la pandemia de coronavirus. Para financiarlo, la Comisión Europea emite deuda en nombre de la Unión Europea y, a diferencia de los Feder, combinan subvenciones y préstamos. No se trata por tanto de una partida ordinaria que se renueve indefinidamente; las primeras no deben ser devueltas por el Estado beneficiario si cumple las condiciones, pero los segundos sí tienen que reembolsarse. La deuda emitida para financiar las ayudas se atiende a través del presupuesto europeo.El alcance de los Next Generation no se limita a las obras públicas. El programa nació con la intención de impulsar una economía más digital y menos dependiente de los combustibles fósiles. Por eso, los planes nacionales incluyen inversiones y reformas en ámbitos como la energía, el transporte o la modernización de las empresas, además de la recuperación económica.Su principal instrumento es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que en España se articula mediante el Plan de Recuperación. Los pagos, además, dependen del cumplimiento de reformas e inversiones pactadas con Bruselas en forma de hitos y objetivos.Inversión de 136 millones de eurosLa propia página de Adif recoge un comunicado de septiembre de 2021 en el que se anunció la adjudicación de tres contratos para el tramo de la alta velocidad entre Madrid y Sevilla por un importe de más de 136 millones de euros, cuyo objetivo era implantar el sistema ERTMS y renovar las instalaciones. El operador informó entonces de que «las actuaciones de renovación de las instalaciones de seguridad y de los circuitos de la vía» serían financiadas por los citados fondos Next Generation. En ese mismo comunicado, Adif distinguía estas actuaciones de la renovación de los desvíos, los elementos que permiten a los trenes pasar de una vía a otra. Para estos trabajos señalaba que podrían contar con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional , los propios fondos Feder. La modernización del corredor reunía así inversiones respaldadas por instrumentos europeos diferentes, cada uno con sus propias condiciones. El origen del dinero es precisamente lo que permite intervenir a la Fiscalía Europea, en tanto que el organismo tiene encomendada la investigación de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, de modo que su competencia comprende tanto las posibles irregularidades penales con fondos Feder como las relacionadas con los Next Generation. La concesión de estos recursos no exime de controles a las administraciones que los reciben, como detalla la Comisión Europea. Los fondos deben destinarse a las actuaciones previstas y su utilización está sometida a mecanismos de supervisión y auditoría. Si se detectan irregularidades, la financiación europea puede reducirse y las cantidades abonadas pueden ser objeto de reclamación. Cumplir los objetivos de una inversión no elimina la obligación de prevenir el fraude, la corrupción o los conflictos de intereses en la contratación.