INE presenta 6 denuncias ante la FGR por presuntas irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas por la probable comisión de delitos relacionados con el ejercicio de recursos y funciones públicas. Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC), informó sobre las acciones este viernes 6 de noviembre de 2026 ante la Cámara de Diputados.

Entre las personas que podrían estar relacionadas con las denuncias, según fuentes legislativas, se encuentran la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas. Los señalamientos forman parte de investigaciones que también abarcan posibles irregularidades en contratos de materiales y servicios electorales.

¿Por qué el INE presentó seis denuncias ante la FGR?

El titular del OIC notificó a la Cámara de Diputados que se iniciaron seis denuncias penales contra personas físicas y empresas por hechos que podrían constituir delitos. La información fue enviada mediante un oficio dirigido a los presidentes de las comisiones legislativas relacionadas con la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la transparencia.

Las denuncias contemplan posibles conductas como uso ilícito de atribuciones y facultades, utilización de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho. También se incluyeron otros delitos que las autoridades competentes puedan determinar durante el desarrollo de las investigaciones.

La presentación de estas denuncias representa una etapa de actuación del órgano fiscalizador interno. Corresponde a la FGR investigar los hechos, establecer si existen elementos suficientes y determinar las acciones legales que procedan.

Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas, entre los señalados

De acuerdo con fuentes legislativas citadas en la información sobre el caso, entre las personas que estarían relacionadas con las denuncias figuran Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del INE, y Alfredo Hernández Casillas, contratista vinculado con la proveeduría de materiales electorales.

Los señalamientos se relacionan con presuntas irregularidades en contrataciones públicas y posibles vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras. Sin embargo, la información disponible no permite afirmar que todas las personas mencionadas hayan sido formalmente imputadas por la FGR en estas seis denuncias.

La distinción es importante porque una denuncia penal comunica hechos que podrían constituir delitos, pero no equivale a una resolución judicial. La responsabilidad de cada persona deberá establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

Ocho funcionarios y una empresa deberán comparecer

Además de las denuncias penales, Carvente informó que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como una empresa, fueron emplazadas para acudir a audiencias iniciales dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa.

Estos procesos se relacionan con la presunta comisión de faltas administrativas graves. Su objetivo es continuar con la integración de los expedientes y, cuando corresponda, remitirlos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que determine las responsabilidades dentro de sus atribuciones.

Las investigaciones administrativas y las penales tienen alcances diferentes. Mientras el OIC revisa posibles faltas relacionadas con el desempeño de funciones públicas y el manejo de recursos, la FGR debe determinar si los hechos denunciados reúnen elementos para configurar delitos.

El órgano interno también informó que continuará presentando denuncias si durante sus revisiones detecta hechos que puedan constituir conductas delictivas.

Empresas vinculadas recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos

El caso tiene como antecedente la comparecencia de Víctor Hugo Carvente ante la Cámara de Diputados el 30 de octubre. Durante esa reunión, el funcionario expuso presuntas irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales por parte de organismos públicos locales electorales (OPLE).

De acuerdo con la información presentada por el contralor, cinco empresas relacionadas entre sí recibieron contratos por un total de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Los recursos correspondieron a organismos electorales locales y las compañías habrían participado en un esquema de competencia simulada.

Carvente señaló que las empresas compartían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre otras personas. La posible relación empresarial y las condiciones en que se otorgaron los contratos forman parte de los señalamientos que se han expuesto ante legisladores.

El monto reportado corresponde al conjunto de contratos identificados durante ese periodo. No representa, por sí mismo, una cantidad que haya sido determinada judicialmente como daño al erario ni acredita que todos los recursos se hayan ejercido de manera irregular.

¿Qué irregularidades se investigan en los contratos electorales?

Las revisiones del OIC abarcan posibles conflictos de interés, desvío de recursos, simulación de requisitos en contrataciones, abuso de funciones y posibles afectaciones al patrimonio público.

Durante la comparecencia del 30 de octubre, Carvente también explicó que las investigaciones no se limitan a una sola área del INE. Los señalamientos incluyen contrataciones relacionadas con organismos electorales locales, donde se habrían identificado empresas que participaron en distintos procesos de adquisición.

El funcionario expuso que las posibles irregularidades podrían estar relacionadas con la forma en que se integraron las propuestas, la competencia entre proveedores y la documentación utilizada para respaldar los contratos.

Estas observaciones deben ser revisadas en cada expediente. La existencia de vínculos empresariales o de contratos otorgados a una compañía no demuestra automáticamente que se haya cometido un delito.

La investigación también alcanza a organismos electorales locales

Los organismos públicos locales electorales son responsables de organizar elecciones en las entidades federativas. Para cumplir con sus funciones contratan servicios, adquieren materiales y desarrollan sistemas destinados a las distintas etapas de los procesos electorales.

El informe del OIC puso atención en la contratación de materiales electorales y en las empresas que han obtenido adjudicaciones durante varios años. La revisión busca determinar si existieron condiciones de competencia adecuadas y si los procedimientos se apegaron a las disposiciones aplicables.

Entre los casos expuestos ante diputados también se mencionó un contrato relacionado con el voto electrónico por internet para mexicanos residentes en el extranjero. El funcionario señaló que la adjudicación a una compañía dedicada históricamente al suministro de material electoral planteó dudas sobre la naturaleza del servicio contratado.

La revisión de estos procedimientos podría ampliar el alcance de las investigaciones, dependiendo de los elementos que encuentren las autoridades.

UIF también bloqueó cuentas relacionadas con el caso

El 5 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó sobre el bloqueo de 40 objetivos vinculados con proveedores electorales: 25 personas y 15 empresas.

Entre las personas señaladas en la información difundida sobre esa medida se encuentran Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, además de socios relacionados con las compañías investigadas.

La UIF explicó que la decisión se tomó después de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo y que presentó una denuncia ante la FGR para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

El bloqueo de cuentas es una medida administrativa preventiva. No constituye una sentencia ni acredita por sí mismo la responsabilidad penal de las personas o empresas afectadas, que cuentan con mecanismos legales para ejercer su defensa.

¿Qué sigue en las investigaciones contra funcionarios y empresas?

La FGR deberá analizar las seis denuncias presentadas por el OIC y determinar si existen elementos para continuar con las investigaciones penales. En paralelo, los procedimientos administrativos seguirán su curso y podrían llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las autoridades también deberán establecer si las posibles irregularidades en las contrataciones ocasionaron daños al patrimonio público, si hubo beneficios indebidos y qué personas participaron en los hechos investigados.

El caso mantiene bajo escrutinio la contratación de materiales electorales y el funcionamiento de los mecanismos de vigilancia del INE. La información presentada ante la Cámara de Diputados permite conocer el alcance de las denuncias, aunque todavía no existe una resolución definitiva que determine responsabilidades penales para las personas mencionadas.