El INE llevó ante la Fiscalía General de la República las presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei, al presentar una denuncia contra quien resulte responsable para que se investiguen posibles delitos en contratos y operaciones del organismo electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del organismo el 26 de octubre de 2026. El recurso busca que la autoridad ministerial determine si hubo conductas que puedan constituir delitos y quiénes podrían tener alguna responsabilidad.

De acuerdo con la información publicada por Milenio, la denuncia se relaciona con presuntas anomalías en contratos y operaciones del instituto durante la gestión de Taddei. La decisión de acudir a la Fiscalía había sido anunciada por la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, quien explicó que las diez consejerías acordaron solicitar la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos.

Cruz señaló que la investigación no tendría que limitarse a la expresidenta del organismo, sino que podría abarcar a cualquier funcionario o exfuncionario respecto del cual se encuentren indicios de una posible conducta delictiva.

La denuncia se presentó contra quien resulte responsable, por lo que no significa que la FGR haya determinado que Taddei u otra persona cometió un delito. Corresponderá a la Fiscalía revisar los elementos entregados, decidir las diligencias necesarias y establecer si existen bases para ejercer acción penal.

Las seis denuncias del Órgano Interno de Control

El caso también tuvo un avance por una vía distinta. El 6 de noviembre, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, informó a la Cámara de Diputados que su oficina presentó seis denuncias penales ante la FGR contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como contra empresas.

En el documento enviado a legisladores, el funcionario señaló que las denuncias corresponden a hechos en los que podría existir participación en conductas previstas como delitos. Entre las posibles figuras mencionadas se encuentran:

• Uso ilícito de atribuciones y facultades.
• Uso de documentos falsos.
• Tráfico de influencias.
• Ejercicio ilícito del servicio público.
• Cohecho.
• Otras conductas que determine la autoridad competente.

El titular del OIC también informó que se emplazó a ocho personas servidoras y exservidoras públicas, además de una persona moral, para comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.

Estas actuaciones deben distinguirse de la denuncia presentada por el INE como institución: se trata de procedimientos impulsados desde instancias diferentes, aunque relacionados con la revisión de posibles irregularidades en el organismo electoral.

Los contratos por 2 mil 461 millones de pesos

Uno de los antecedentes centrales del caso es la revisión de contratos asignados a cinco empresas que, de acuerdo con lo expuesto por el Órgano Interno de Control, estarían vinculadas entre sí y habrían simulado competencia para obtener adjudicaciones.

Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, Carvente informó que esas compañías recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 de organismos públicos locales electorales (OPLE).

El señalamiento abarca un periodo de 11 años y contratos otorgados por organismos electorales de distintas entidades. Por esa razón, la cifra no debe interpretarse como dinero contratado exclusivamente por el INE durante la administración de Taddei.

Según la información presentada por el órgano de control, las empresas compartían vínculos entre sus integrantes y representantes, un elemento que forma parte de las sospechas sobre una posible simulación de competencia en los procesos de contratación.

La revisión busca establecer cómo se realizaron las adjudicaciones, quiénes intervinieron y si existieron beneficios indebidos para las compañías proveedoras o para servidores públicos.

¿Qué sigue en el caso de Guadalupe Taddei?

La presentación de las denuncias abre una etapa en la que las autoridades deberán revisar los expedientes y determinar si los hechos señalados corresponden a posibles delitos o faltas administrativas.

La FGR tendrá que analizar la información recibida y, en su caso, realizar las investigaciones correspondientes. Por su parte, el OIC puede continuar con los procedimientos administrativos y remitir los expedientes a las instancias competentes para que determinen las sanciones que procedan.

Hasta ahora, la existencia de denuncias no equivale a una sentencia ni demuestra por sí misma que las personas mencionadas hayan cometido irregularidades. Para establecer responsabilidades será necesario contar con investigaciones, pruebas y resoluciones de las autoridades correspondientes.

El caso mantiene bajo revisión las contrataciones y decisiones administrativas del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei, pero será el desarrollo de las investigaciones el que permita conocer si hubo delitos, quiénes participaron y cuáles serían las consecuencias legales.