Meridiano
07/11/2026 02:44

Sancionan con cárcel el abandono de personas adultas mayores

Establecen penas de hasta cuatro años de reclusión y multas de cincuenta a cien días para quienes desamparen a familiares senescentes bajo su custodia legal, según las reformas recientes al Código Penal avaladas en sesión plenaria por el poder legislativo local.

Custodios que incurran en omisiones graves de auxilio hacia infantes o personas en situación de convalecencia enfrentarán sanciones que van de tres meses a cuatro años de encierro carcelario, sumando la suspensión de los derechos de patria potestad o tutela durante un lapso de hasta un lustro.

Bajo el impulso de la legisladora Marisol Sánchez Navarro, el marco normativo incorporó formalmente a los sectores en edad avanzada como víctimas de desamparo frente a parientes obligados jurídicamente a procurar su bienestar integral, castigando cualquier descuido que amenace la estabilidad psicológica y física del afectado.

El ordenamiento aprobado estipula también la responsabilidad de proveer sustento alimentario a progenitores y abuelos, determinando que quienes acumulen más de treinta días consecutivos de adeudo en sus pensiones familiares queden inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Simultáneamente, la asamblea emitió un dictamen afirmativo para modificar el artículo 11 de la Ley de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la recreación deportiva escolar en condiciones de equidad e inclusión, impidiendo exclusiones motivadas por género, condición física o discapacidad motriz.

Planteada por el diputado Luis Daniel Pérez Lerma, dicha disposición pedagógica exige a los planteles educativos abrir sus espacios formativos para que la niñez acceda a ejercicios gimnásticos y juegos de destreza sin distinciones de ningún tipo.

En materia constitucional, el pleno parlamentario emitió el cómputo de declaratoria sobre el decreto que incorpora la simplificación administrativa y la digitalización integral gubernamental, esquema validado por quince municipios con el propósito de erradicar trabas burocráticas y agilizar la atención a los ciudadanos.

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