“La ambición acabó el poderío del Clan”: extensión de sus negocios expuso a dos contratistas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La ambición de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas por ampliar su negocio de intermediación de materiales electorales y pactar con funcionarios de mayor nivel terminó por exponer la presunta red que construyeron durante años, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Universal.

La incorporación de Guadalupe Taddei al esquema habría marcado un punto decisivo: “Ella quiso tomar las riendas del negocio, ahí estuvo el error”, señalaron.

El negocio comenzó con una alianza entre los Hernández Casillas y la familia Carranza Sordo, fundadora de Formas Finas y Materiales, para conseguir contratos en organismos electorales locales mediante comisiones a funcionarios de mediano rango.

Las empresas intermediarias subcontrataban a impresores y les pedían elevar las facturas a cambio de trabajo constante. La disputa por ampliar sus ganancias rompió la sociedad de ambas familias hacia 2011-2012.

De acuerdo con las fuentes, los Hernández Casillas extendieron sus ofrecimientos a casas y automóviles, y crearon en 2015, mediante presuntos prestanombres Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY. Estas firmas, junto con Cajas Graf y Seriplast de México, habrían permitido simular competencia en las licitaciones y asegurar contratos frente a empresas que sí contaban con infraestructura, trabajadores y equipos.

Con Taddei al frente del organismo electoral de Sonora desde 2014, la red habría fortalecido sus vínculos con funcionarios de otras entidades y luego ampliado su influencia al INE, cuya presidencia asumió en 2023.

Para la elección de 2021 las compañías habían obtenido más de mil millones de pesos con presuntas comisiones ilegales, concursos simulados y amedrentamiento.

Las exigencias a los impresores pasaron de inflar facturas 5% a reclamar incrementos de 20% o 30%.El crecimiento del negocio también multiplicó las inconformidades.

Para las elecciones de 2024, Talleres Gráficos de México y otras empresas mexicanas y extranjeras comenzaron a denunciar el monopolio, mientras la llegada de Jesús García González a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE habría facilitado más adjudicaciones. En la elección judicial de 2025, las firmas señaladas recibieron casi 200 millones de pesos entre el instituto y varios organismos electorales locales.

Las fuentes sostuvieron que los abusos y la concentración de contratos convirtieron un “secreto a voces” del gremio en denuncias formales y cartas enviadas a Palacio Nacional.

También señalaron que Arturo Chávez, entonces director de Talleres Gráficos de México, impulsó medidas para frenar las comisiones a sus colaboradores.

Las inconformidades, las grabaciones y las investigaciones terminaron por exhibir el esquema que, según el reportaje, creció al ritmo de la ambición de sus operadores.