Tener poder no es sinónimo de tener la razón

“[…] sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Constitución mexicana, artículo 134

“La verdad es lo que es,

y sigue siendo verdad

aunque se piense al revés".

Antonio Machado, Proverbios y cantares

Hasta aquí, presidenta. Usted puede ordenar que se investigue la corrupción. Lo que no puede es decidir que la culpa llegue hasta donde empieza la oposición. Tiene a su disposición dependencias, información y una tribuna pagada por todos. Ese poder hace más grave cada abuso. Su cargo le exige demostrar más, no explicar menos.

El 6 de noviembre, ante el anuncio de una demanda de Somos, Sheinbaum sostuvo sus acusaciones: tenía pruebas, dijo. Su gobierno había presentado relaciones entre miembros de ese partido y los empresarios señalados en las contrataciones electorales. La pregunta sigue en pie: ¿qué prueba corresponde a qué acusación? Afirmar que todo está demostrado no nos dispensa de revisar si lo está.

Juan Carlos Padilla reconoce que Alfredo Hernández Casillas fue su colaborador. Dice que dejaron de trabajar juntos en 1993. Hoy Padilla participa en Somos, donde también están antiguos funcionarios del INE. Son datos que merecen examinarse. Pero entre haber conocido a alguien y haber participado en sus negocios hay una distancia que debe llenarse con pruebas. Las flechas de un PowerPoint no la recorren.

Presidenta: diga quién intervino, qué hizo y cómo se benefició. Muestre qué compromete a cada persona y qué compromete al partido. Porque los datos pueden ser verdaderos y la historia que se cuenta con ellos, falsa. Basta juntar nombres, borrar fechas y dejar que el público complete la acusación. Eso puede funcionar para destruir una reputación. Para demostrar una responsabilidad hace falta bastante más.

La propia presidencia informó que las autoridades competentes deben identificar las irregularidades. Su comunicado, sin embargo, ya presenta una red de colusión vinculada a Somos. Primero anuncia la conclusión; después encarga averiguar las responsabilidades. ¿Con qué libertad se investiga cuando la presidenta ya dijo lo que espera encontrar? La presión empieza antes de que alguien levante el teléfono. El resultado deseado ya se anunció desde Palacio.

Que se investigue a Padilla, a Córdova, a Jacobo y a quien corresponda. Que se abran todos los contratos. Yo no pido protección para ningún opositor. Pido que la culpa se pruebe y que el pasado de unos no se utilice para esconder el presente de otros. Si hubo corrupción antes de Taddei, habrá más responsables que investigar. Ella y sus posibles cómplices seguirán debiendo las mismas explicaciones. Una irregularidad anterior no borra la siguiente.

Apliquemos el criterio a López Obrador. Presidió el PRI de Tabasco: ¿eso vuelve falsa su posterior ruptura con ese partido? Nombró director de la CFE a Manuel Bartlett, secretario de Gobernación en 1988: ¿lo convierte en cómplice de las irregularidades de aquella elección? No. Hacen falta pruebas de lo que cada uno hizo. López Obrador las exigía cuando defendía a Bartlett. La cercanía no bastaba para condenar al suyo. Explique la presidenta por qué ahora basta para acusar a los demás.

Ignacio Ovalle fue jefe de López Obrador y después dirigió Segalmex. Ante el escándalo, AMLO lo presentó como una persona buena a la que habían engañado. Con el método que ahora se aplica a Somos, podríamos convertir esa relación en prueba de que Morena participó en el desfalco. Podríamos extender la culpa a Sheinbaum por haber formado parte del gabinete. Sería absurdo. Precisamente. La amistad no demuestra complicidad. Tampoco la demuestra compartir gobierno o partido. Los nombramientos y las omisiones se investigan. La responsabilidad se establece. Lo que no se vale es reservar las distinciones para los amigos y las condenas por cercanía para los adversarios.

Hay una contradicción todavía más difícil de justificar. Se reprocha a los antiguos árbitros que participen en política después de dejar el cargo, mientras se permite a la presidenta combatir a un partido desde el suyo. A ellos se les exige neutralidad de por vida. A ella se le disculpa que use la presidencia para tomar partido. El artículo 134 obliga a ejercer los recursos públicos con imparcialidad. La mayoría electoral no la dejó fuera de esa obligación.

La conferencia cuesta. Cuestan el personal, las cámaras y el trabajo de las dependencias que preparan la información. Lo pagamos todos. También quienes queremos que Morena pierda. Usted puede conservar su militancia, presidenta. Lo que no puede hacer es cobrarnos su defensa. Los ciudadanos no perdimos nuestros derechos cuando usted ganó las elecciones.

Esto es autoritarismo: usar la fuerza del gobierno para señalar al adversario y pretender que la palabra presidencial cierre la discusión. El acusado debe defenderse de una versión difundida con recursos que también son suyos. Para cuando consiga responder, millones habrán escuchado el señalamiento. Aunque después se caiga, el daño ya estará hecho. Esa desigualdad de fuerzas obliga a la presidenta a contenerse. Explotarla es abusar del cargo.

Ya conocemos el costo de anunciar antes de comprobar. En septiembre se presentó el aseguramiento de 59 millones de litros en Guanajuato como un gran golpe al huachicol. El 21 de octubre, Sheinbaum reconoció que la empresa tenía sus permisos y había aclarado las observaciones. El supuesto botín era combustible legal. Hubo una rectificación. Faltaba algo más: responder por el daño de haber exhibido a la empresa bajo sospecha. Una reputación no se devuelve junto con los documentos. Quien utiliza el micrófono del Estado para señalar también debe usarlo para reparar.

Somos muchos los que estamos cansados de denunciar. De documentar. De volver a explicar lo que el gobierno prefiere ignorar. Ese cansancio también tiene un costo: que terminemos aceptando como normal lo que antes nos indignaba. Yo no voy a concederle eso. Claudia Sheinbaum está ejerciendo el poder de manera autoritaria. Hay que llamarlo por su nombre. El respeto al cargo exige señalar sus abusos; callarlos sería dejar la presidencia en manos de quien la ocupa.

Hasta aquí, presidenta. Pasará a la historia también por usar el poder contra quienes tenían derecho a disputárselo. Ser la primera mujer en la presidencia no atenúa ese abuso. Agranda la oportunidad desperdiciada. Podrá repetir su versión en la próxima mañanera. Podrá conseguir que la aplaudan. No podrá ordenar que la historia la llame demócrata.