Primer año del Gobierno de Rodrigo Paz, entre ajustes económicos y turbulencias políticas

La llegada de Paz al poder supuso el inicio de un nuevo ciclo político y económico en Bolivia tras 20 años de los Gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Los detractores políticos del Gobierno cuestionan la lentitud para realizar las transformaciones de fondo sobre todo en la economía, mientras que los sindicatos y organizaciones sociales que fueron aliados políticos del MAS han promovido protestas contra los cambios.

Estas son algunas claves del primer año del Gobierno de Paz:

Con la consigna de poner a "Bolivia en el mundo", Paz optó por un giro en la política exterior luego de dos décadas de "aislamiento" por razones ideológicas.

Esto supuso acercamientos con países con los que estaban enemistados Morales y Arce, principalmente con EE.UU., lo que se manifestó en la decisión de Paz de ser parte del Escudo de las Américas que impulsa el Gobierno de Donald Trump y el retorno de la cooperación estadounidense para la lucha antidrogas.

Dentro de un "nuevo ciclo" con Chile, aunque sin dejar de lado la centenaria reclamación marítima boliviana, Paz recibió en octubre en La Paz a su par chileno, José Antonio Kast, en un encuentro considerado histórico porque fue la primera visita oficial de Estado de un presidente de ese país a Bolivia en 71 años.

El cambio de Gobierno ocurrió en un contexto de crisis por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y una economía "quebrada" por el declive de la producción de hidrocarburos que durante años fue el sustento del país.

El Ejecutivo trató de estabilizar la economía con medidas como el retiro parcial de la subvención a los combustibles, el paso de un régimen cambiario fijo a uno flexible y un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares.

Estas reformas y otras anunciadas son rechazadas por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos y sectores leales a Evo Morales que este año protagonizaron dos conflictos grandes, el más fuerte entre mayo y junio, con bloqueos de carreteras que dejaron pérdidas por más de 3.000 millones de dólares.

También hubo conflictos por la mala calidad de la gasolina que ocasionó daños en miles de vehículos, mientras que la persistencia del desabastecimiento de carburantes obligó a intervenir la petrolera estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Ni bien iniciada la gestión, hubo un quiebre con el vicepresidente Edmand Lara, quien se declaró opositor en diciembre, al considerar que lo marginaron del Gobierno y hace críticas y denuncias constantes contra las autoridades.

Además, en agosto el empresario Samuel Doria Medina, quien fue aliado de Paz desde la segunda vuelta presidencial, retiró su apoyo al Gobierno alegando una preocupación por "la corrupción" y la falta de un cambio "integral" en el Estado.

Desde ese mismo mes también ha estado en la mira la relación del Gobierno con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien afronta al menos cuatro causas penales en Bolivia y está encarcelado preventivamente en dos de ellas, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja y por supuesto enriquecimiento ilícito.

Desde entonces se han difundido alrededor de una decena de audios atribuidos al argentino en supuestas charlas con ministros, familiares del presidente y particulares que, según los detractores de Paz, revelan la influencia de Cerimedo en decisiones del Ejecutivo. La Fiscalía creó una comisión para investigar su autenticidad.

El Ejecutivo se precia de la captura en marzo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que luego fue enviado a EE.UU.

En coincidencia con la captura del uruguayo se volvieron recurrentes los asesinatos por encargo, principalmente en las zonas fronterizas con Brasil, lo que las autoridades atribuyen a pugnas territoriales entre organizaciones criminales como las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

En octubre fue encarcelado y destituido el entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusado por el Gobierno de liderar una organización criminal de protección al "narcoterrorismo". Días antes de su detención, EE.UU. le retiró el visado bajo argumentos similares.

Esta semana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, salió del país y se declaró "perseguido", horas antes de que se conociera que también está investigado dentro de la misma causa abierta contra Mariaca.