Cuatro funcionarios designados por Robert F. Kennedy en un influyente organismo de salud pueden conservar sus acciones en la industria farmacéutica

Cuatro de las ocho personas nombradas en septiembre por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. para integrar un influyente organismo sanitario poseen acciones en empresas que fabrican medicamentos y otros productos afectados por las decisiones de esa entidad, según documentos consultados por The New York Times.

Las inversiones se describen en exenciones por conflicto de intereses que otorgaron autorización a esos miembros para integrar el organismo, denominado Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. El New York Times tuvo acceso a las exenciones a través de una solicitud de registros públicos.

El grupo de trabajo evalúa evidencias para servicios como colonoscopías, medicamentos para la prevención del VIH, exámenes de detección de depresión y otros, y sus recomendaciones sirven de referencia para decisiones médicas y determinan qué deben cubrir las empresas de medicina prepaga y seguros de salud. Influyen asimismo en el renombre y, por lo tanto, en la rentabilidad de numerosos fármacos y dispositivos médicos, tales como las estatinas para la prevención de enfermedades cardiovasculares y los equipos especiales de rayos X utilizados para mamografías.

El tipo de exención otorgada a algunos de los integrantes puede conferirse a diverso personal de distintas áreas del gobierno federal. Sin embargo, varios ex miembros del organismo y funcionarios federales señalaron que, tratándose de este grupo de trabajo, tales conflictos podrían debilitar tanto el rigor científico de las recomendaciones como la confianza pública en ellas.

Hasta que el presidente Trump y Kennedy asumieron sus cargos el año pasado y un fallo de la Corte Suprema le otorgó a este último mayor control sobre el grupo de trabajo, el organismo operaba con independencia de la política y este tipo de conflictos económicos no se consideraban aceptables, según ex integrantes y funcionarios federales.

Entre los nuevos designados, el doctor Patrick K. Hunter, pediatra que integró el Consejo Médico de Florida, el doctor Ronald P. Karlsberg, experto cardiovascular, el doctor Venkatesh L. Murthy, otro especialista cardiovascular, y el doctor Dennis W. Wulfeck, radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes, poseen acciones en los gigantes farmacéuticos Eli Lilly y Johnson & Johnson, de acuerdo con lo que consta en las exenciones.

El doctor Hunter tiene también acciones en Bristol Myers Squibb y otras nueve compañías cuya producción podría entrar en intersección con competencias del organismo. El doctor Karlsberg es dueño de acciones o algún otro "interés financiero" no especificado en Merck y en otras 16 empresas de ese rubro. El doctor Murthy cuenta con acciones en Merck, Pfizer, la aseguradora de salud Cigna y otras 16 compañías. Por su parte, el doctor Wulfeck posee acciones en Novo Nordisk, Pfizer, CVS Health Corporation y otras 17.

Los otros cuatro designados por Kennedy, al igual que siete de los ocho miembros que ya formaban parte del grupo de trabajo, no fueron motivo de exenciones por inversiones vinculadas específicamente a la industria médica. La restante integrante designada con anterioridad, la doctora Sarah Wiehe, sí había recibido una dispensa por inversiones del mismo tipo pero aclaró a través de un correo electrónico que ya no eran suyas y que habían integrado una cartera administrada por una tercera parte.

Las exenciones no especifican si las tenencias de los nuevos funcionarios se encuentran en carteras administradas por terceros. El doctor Wulfeck se negó a hacer declaraciones sobre sus inversiones y los otros tres miembros no respondieron a las solicitudes de comentarios que se les efectuaron.

Históricamente, a cualquier candidato al organismo se le habría exigido la venta de estas acciones, por lo que indicó la doctora Quyen Ngo-Metzger, que entre 2012 y 2019 se ocupaba de evaluar los conflictos de intereses como directora científica de apoyo en la repartición a la que pertenece el grupo de trabajo, la Agencia de Investigación y Calidad de la Atención Médica (AHRQ, en virtud de sus siglas en inglés). Si un aspirante se hubiese negado a venderlas, afirmó Ngo-Metzger, no habría sido designado.

"Cuando se tiene semejante nivel de vinculación con la industria, las acciones farmacéuticas y todo eso, se atenta verdaderamente contra la confianza en el proceso y en las personas", sostuvo la doctora, que a pedido del Times examinó las exenciones en su calidad de ex funcionaria de la AHRQ.

Emily Hilliard, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos, entidad que supervisa la AHRQ, señaló que actualmente el plantel de integrantes del grupo de trabajo debe responder a exigencias éticas distintas debido a que el fallo de la Corte Suprema lo convirtió en "personal público especial", condición jurídica diferente a la que tenían previamente.

"La ley federal establece que una exención emitida conforme al estándar legal es un recurso adecuado ante un conflicto de intereses", explicó Hilliard. "La AHRQ está actualizando sus procedimientos y sus criterios para que reflejen estos cambios en la situación de los miembros."

Las exenciones disponen que cada integrante tiene aún que evaluar si debe recusarse del tratamiento de un tema particular en el seno del organismo en caso de que el mismo guarde especial relevancia para sus intereses financieros. Sin embargo, el doctor Michael Silverstein, que condujo el grupo de trabajo hasta la finalización de su mandato en marzo pasado, advirtió que las empresas farmacéuticas grandes fabrican una variedad tan amplia de productos que los conflictos repercuten en numerosas cuestiones.

Los documentos de exención incluyen una justificación del doctor Roger D. Klein, director actual de la AHRQ, acerca de los fundamentos por los cuales él consideró que debía permitirse asumir a los nuevos integrantes; entre los motivos argumenta que cada miembro —al ser uno de 16— carece individualmente de "la potestad de tomar una decisión definitiva en nombre de Estados Unidos".

Klein añade que las empresas médicas no constituyen la totalidad de las carteras de inversión de los funcionarios del caso y que "es improbable que los asuntos en los que trabajen los mismos afecten los intereses financieros de todos sus activos mencionados en esta exención al mismo tiempo". (Puntualiza a la vez que dichas empresas representan no más del 15 por ciento de la cartera del doctor Karlsberg, el 20 por ciento de las de los doctores Murthy y Wulfeck, y el 45 por ciento de la del doctor Hunter.)

Michael Silverstein, el ex director del grupo de trabajo, declaró que para él esos argumentos no resultaban convincentes.

Los umbrales de porcentaje son "algo que a nosotros jamás se nos cruzó por la cabeza", destacó, remarcando que antes el grupo tomaba en serio montos tan reducidos como podían ser de 1.000 dólares. Cada integrante importa, incluso si se trata de alguien entre un total de dieciséis, agregó.

"Se le pide a alguien que se sume a un cuerpo deliberativo donde las recomendaciones se elaboran mediante el debate, la construcción de consensos y la votación", expresó el doctor Silverstein. "Decir que es admisible determinado grado de conflicto de intereses porque alguien es apenas una persona más dentro de un grupo numeroso, para mí, no resiste ni la menor prueba."

Maggie Astor cubre para el New York Times salud de la mujer y efectos de la política gubernamental sobre la salud.

Traducción: Román García Azcárate