Cambian los presidentes, pero el poder sigue en las mismas manos

La destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y la posterior asunción de Pedro Alliana a la Presidencia de la República reabren el debate sobre los verdaderos intereses que se mueven detrás de las crisis políticas en Paraguay.

Para el sindicalista y docente jubilado Roberto Ayala, los acontecimientos actuales tienen puntos en común con los procesos que atravesó el país en 1999 y 2012, especialmente en la identificación de las causas, los responsables y los sectores que finalmente terminan beneficiándose de los cambios de gobierno.

En su análisis, Ayala sostiene que los juicios políticos no deben observarse únicamente desde los hechos que motivan las acusaciones contra un presidente, sino también desde las consecuencias políticas y los intereses de los sectores que terminan ocupando o conservando espacios de poder.

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El mismo identifica tres elementos recurrentes en los principales acontecimientos políticos de las últimas décadas: la causa que desencadena la crisis, los responsables señalados y los beneficiarios del desenlace.

A estos factores agrega un cuarto componente: el denominado poder detrás del poder, al que atribuye la capacidad de articular intereses y promover las condiciones para una salida presidencial.

Antecedentes de las crisis políticas

Ayala toma como referencia tres acontecimientos de la historia política paraguaya: la crisis que terminó con la renuncia de Raúl Cubas Grau en 1999, la destitución de Fernando Lugo en 2012 y el reciente juicio político que apartó a Santiago Peña del Ejecutivo.

Sobre el primer episodio, recuerda que la crisis durante el gobierno de Cubas Grau estuvo marcada por el conflicto político relacionado con la liberación del entonces general Lino César Oviedo y, posteriormente, por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y los acontecimientos del Marzo Paraguayo.

Aunque el juicio político contra Cubas se había iniciado antes del asesinato de Argaña, la crisis se profundizó con este crimen y las movilizaciones ciudadanas. Finalmente, el mandatario renunció el 28 de marzo de 1999, antes de que concluyera el proceso.

En 2012, el enfrentamiento entre campesinos y policías en Curuguaty, que dejó 17 fallecidos, fue el detonante de la crisis que desembocó en el juicio político y la destitución de Fernando Lugo.

El entonces vicepresidente Federico Franco asumió la Presidencia, en un proceso que generó fuertes cuestionamientos por la rapidez con que se desarrolló.

El tercer escenario corresponde al gobierno de Santiago Peña. La crisis vinculada a Ueno Bank, las denuncias sobre presuntas irregularidades y los cuestionamientos a la actuación de las autoridades públicas terminaron desencadenando el proceso de juicio político que apartó al mandatario del cargo.

En este último caso, Ayala considera que la crisis fue organizada políticamente y plantea interrogantes sobre los sectores que pudieron haber impulsado el desenlace y los intereses que se encuentran detrás de la sucesión presidencial.

Los beneficiarios de las crisis

Al comparar los tres acontecimientos, Ayala pone especial atención en quiénes terminaron aprovechando políticamente las consecuencias de cada proceso.

En 1999, tras la renuncia de Cubas Grau, asumió la Presidencia el entonces titular del Congreso, Luis González Macchi, mientras distintos referentes colorados conservaron espacios de influencia en la administración pública.

En 2012, la destitución de Lugo permitió la llegada de Federico Franco al Palacio de López. Sin embargo, según la interpretación de Ayala, el desenlace también favoreció posteriormente la reorganización del Partido Colorado y el retorno de la ANR al poder en las elecciones de 2013, con Horacio Cartes.

Respecto al escenario actual, el mismo advierte que la salida de Santiago Peña no representa necesariamente un cambio en la estructura política que administra el país, debido a que Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia, pertenece al mismo partido y al mismo espacio político del mandatario destituido.

Por eso, considera que la sucesión presidencial debe analizarse más allá del cambio de nombres en el Ejecutivo y obliga a observar quiénes mantienen el control de las principales decisiones políticas.

La oposición y el escenario hacia 2028

Otro aspecto del análisis de Ayala apunta al papel desempeñado por los partidos de oposición durante los procesos de juicio político. Se pregunta si los sectores opositores actuaron con autonomía o terminaron acompañando estrategias impulsadas desde los sectores de poder.

No obstante, observa algunas diferencias en el actual escenario político, particularmente por la aparición de nuevos liderazgos y figuras jóvenes que buscan constituirse en una alternativa frente a los partidos tradicionales.

En ese contexto, menciona el crecimiento de sectores políticos que disputan espacios electorales en Asunción y Ciudad del Este, como señales de una reconfiguración del mapa político nacional.

Para Ayala, el juicio político a Peña también debe interpretarse como un anticipo de la disputa electoral de 2028. En su lectura, el escenario podría enfrentar a la estructura de la ANR con una eventual fórmula opositora encabezada por Miguel Prieto y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Sin embargo, advierte que la oposición tendrá que superar sus divisiones internas y construir un proyecto político con capacidad de disputar el poder.

El poder detrás del poder

En la parte final de su análisis, Ayala cuestiona que los procesos de juicio político puedan entenderse solamente como mecanismos constitucionales para sancionar el mal desempeño de un presidente.

Considera necesario examinar también los intereses políticos y económicos que pueden confluir para provocar una crisis institucional.

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La llegada de Pedro Alliana al Palacio de López, después de haber acompañado a Peña como vicepresidente, constituye para el entrevistado una de las principales contradicciones del actual escenario político.

Señala que el desenlace deja al frente del Ejecutivo a un integrante de la misma dupla presidencial, mientras el mandatario destituido enfrenta una investigación penal vinculada al caso Ueno Bank.

Ayala advierte, además, sobre las consecuencias económicas que podría generar la crisis institucional, particularmente para la clase media y los trabajadores, considerados los sectores más vulnerables frente a una eventual inestabilidad.

Finalmente, deja planteado un interrogante que atraviesa toda su interpretación de los acontecimientos políticos paraguayos: ¿quiénes son los conspiradores y quiénes terminan beneficiándose de cada crisis de poder?

A su criterio, al comparar 1999, 2012 y 2026, existe una coincidencia que merece ser investigada: los sectores que impulsan o aprovechan las crisis no necesariamente necesitan ocupar directamente la Presidencia para conservar su influencia sobre el rumbo político del país.