Sin esposas y escoltado: manifestantes critican privilegios para Peña en Fiscalía

Cerca de las 11:00 de este sábado, el expresidente de la República Santiago Peña llegó hasta la sede de la Fiscalía General del Estado, luego de salir por el portón trasero del Regimiento Escolta Presidencial. Su presencia generó expectativa y movilizó a ciudadanos que se congregaron frente al Ministerio Público para exigir que se haga justicia.

En este sentido, se pudo constatar que Peña ingresó por uno de los accesos habitualmente utilizados por el fiscal general y otros agentes fiscales. Además, llamó la atención que no llegara esposado y que estuviera acompañado por el teniente coronel Óscar Sostoa, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del Regimiento Escolta Presidencial.

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Esta situación generó cuestionamientos sobre el trato recibido por el exgobernante, pese a haber dejado el cargo, todavía se observarían ciertos privilegios hacia quien ahora debe responder ante la Justicia.

Ciudadanos exigen que se haga justicia

Frente a la sede fiscal comenzaron a reunirse ciudadanos que también habían participado de las movilizaciones de los últimos días frente al Congreso Nacional. Uno de ellos fue Jorge Ramírez, quien aseguró que formó parte de las protestas desde el martes y cuestionó la situación política que atraviesa el país.

“Ya nos hartaron. Hasta acá ha llegado, hasta acá nomás llegó, ya basta”, expresó Ramírez al referirse a las manifestaciones y al descontento ciudadano. Asimismo, consideró positivo que más personas se hayan sumado a las movilizaciones y destacó la participación de distintos sectores de la sociedad.

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El ciudadano fue más allá y reclamó que el proceso judicial no termine con medidas que considere favorables para el exmandatario. “Lo que quiero es que estén 30 años de prisión en Tacumbú. No quiero yo domiciliario, diez años, no”, manifestó. También adelantó que, una vez que avance este proceso, espera que se investigue a otros referentes políticos.

Reclamos por la situación económica y laboral

Otro de los ciudadanos que se acercó hasta la Fiscalía fue Bruno Palacios, presidente de una asociación de motobolt, quien invitó a más personas a sumarse a la movilización para presionar al Ministerio Público y exigir respuestas. “Esperemos que haga su trabajo”, expresó al referirse al fiscal general del Estado.

Palacios también cuestionó las declaraciones del actual presidente de la República, Pedro Alliana, sobre la supuesta acreditación de dinero a un millón de paraguayos. Según sostuvo, varios de sus compañeros todavía no recibieron los pagos anunciados. “Es totalmente una mentira”, afirmó, al señalar que podía mostrar los reclamos de los integrantes de su asociación.

El trabajador también manifestó su preocupación por la situación laboral que atraviesan distintos sectores, entre ellos los afectados por el cierre de plataformas y empresas. En ese sentido, mencionó el caso de la plataforma MUV y la posibilidad de que miles de trabajadores queden sin empleo. “Es ahora o nunca”, insistió al convocar a la ciudadanía a acercarse hasta la sede fiscal para expresar sus reclamos.

Qué puede pasar con Santiago Peña

Mientras los ciudadanos aguardaban frente al Ministerio Público, la expectativa estaba puesta en las decisiones que podrían tomar los fiscales respecto a Santiago Peña. Entre los escenarios mencionados se encontraba una eventual imputación y, en caso de concretarse, el pedido de medidas cautelares para que el exmandatario afronte el proceso judicial.

De acuerdo con la información, el abogado Ricardo Preda, quien ya había representado a Peña durante el proceso de juicio político, continuaría encabezando su equipo jurídico. No obstante, todavía no se tenía confirmación sobre los demás profesionales que integrarían su defensa.

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Cabe señalar que, hasta el momento, existe una investigación abierta contra el exmandatario por presuntos hechos de lesión de confianza y otros hechos punibles, pero todavía no se había confirmado una imputación. La eventual solicitud de prisión preventiva, arresto domiciliario o libertad ambulatoria dependería de las decisiones fiscales y judiciales posteriores.