Constructoras esperan que Baruja destrabe deuda de US$ 350 millones: “Necesitamos una agenda clara”

La deuda del Estado con las empresas constructoras ronda los US$ 350 millones, incluidos los intereses acumulados por los atrasos en los pagos. Ante este escenario, el sector espera que el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, destrabe las obligaciones pendientes y dé previsibilidad a las empresas para garantizar la continuidad de las obras.

Juan Carlos Baruja fue designado por el nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, para asumir la titularidad del MOPC, en reemplazo de Claudia Centurión. El cambio se produce luego de la destitución de Santiago Peña, mediante un juicio político que tuvo como detonante el escándalo de Ueno Bank.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, estimó que el capital adeudado a las contratistas ronda los US$ 190 millones, mientras que los intereses acumulados alcanzarían otros US$ 160 millones. En conjunto, la obligación se aproximaría a los US$ 350 millones.

El empresario reconoció que resulta difícil conocer con exactitud el monto actualizado de la deuda, pero sostuvo que esa es la estimación que maneja el gremio. La acumulación de compromisos pendientes representa una preocupación para las constructoras, debido a que los atrasos en los desembolsos afectan la ejecución de los proyectos, el empleo y toda la cadena de proveedores.

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Constructoras esperan respuestas de Baruja

La llegada de Juan Carlos Baruja al frente del MOPC, en reemplazo de Claudia Centurión, genera expectativas en el sector, que reclama una agenda concreta para atender las obligaciones financieras del Estado y garantizar la continuidad de los proyectos prioritarios.

“Desde Capaco le deseamos éxito en esta responsabilidad y estamos dispuestos a trabajar institucionalmente con las autoridades. El sector de la construcción necesita una agenda clara, continuidad en las obras prioritarias, planificación y previsibilidad”, manifestó Heisecke.

El titular del gremio insistió en que uno de los principales desafíos de la nueva administración será atender los compromisos con las empresas contratistas, cuyos atrasos repercuten más allá de las propias compañías.

“También es fundamental atender los compromisos con las empresas contratistas, porque los atrasos en los pagos afectan la ejecución de obras, el empleo y toda la cadena de proveedores”, advirtió.

Para el sector, la regularización de los pagos es fundamental para evitar que las dificultades financieras de las empresas terminen comprometiendo el ritmo de ejecución de las obras públicas.

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Crisis de Ueno también afectó a constructoras

Consultado sobre las consecuencias de la crisis de Ueno Bank para las empresas constructoras, Heisecke reconoció que el impacto se sintió tanto de manera directa como indirecta.

El empresario dimensionó el alcance de la situación al señalar que “dos de cada tres paraguayos” tenían una cuenta en esa entidad financiera.

Piden estabilidad y seguridad jurídica

Sobre la crisis financiera y política que atraviesa el país, el presidente de Capaco sostuvo que es necesario esclarecer los hechos con transparencia y apego a la ley, además de proteger a los ahorristas y los recursos públicos y previsionales.

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“Nuestra prioridad es que se esclarezcan los hechos con transparencia y conforme a la ley, y que se proteja a los ahorristas y a los recursos públicos y previsionales”, expresó.

Finalmente, señaló que Paraguay necesita preservar la estabilidad institucional y generar confianza para sostener las inversiones y el empleo.

“Eso es indispensable para sostener la inversión y el empleo, y para que las obras públicas puedan continuar con reglas claras y seguridad jurídica”, concluyó.