Caso Ueno: estos son los detalles de las causas por las que fue imputado Santiago Peña y piden su prisión

• El Ministerio Público atribuye a Santiago Peña haber utilizado su posición presidencial para promover y mantener fondos públicos en una entidad vinculada a sus intereses económicos. Solicita prisión preventiva para él y para el expresidente del BCP, Carlos Carvallo.
• La imputación describe advertencias técnicas, créditos a empresas relacionadas y una venta de cartera presuntamente financiada con recursos del propio banco. Los fondos estatales y previsionales identificados sumaban G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
• Además de la privación de libertad, la Fiscalía requiere impedir que ambos dispongan de sus bienes e identificar sus cuentas e inversiones para una eventual inmovilización. El perjuicio definitivo continúa pendiente de cuantificación.

T

Una imputación que vincula intereses privados y decisiones públicas
El Ministerio Público formuló imputación contra Santiago Peña Palacios y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding en una investigación que relaciona la concentración de fondos públicos en Ueno Bank con presuntos conflictos de intereses, operaciones financieras irregulares y omisiones de las autoridades encargadas de supervisar a la entidad.

El documento de 34 páginas al que accedió OviedoPress comprende el acta de imputación y el requerimiento de prisión preventiva y medidas cautelares patrimoniales. Está fechado el 7 de noviembre de 2026 e identifica como integrantes del equipo fiscal a Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez.

A Peña se le atribuyen los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. A Carvallo se le imputan lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La hipótesis fiscal sostiene que el entonces presidente de la República habría incidido en decisiones sobre recursos estatales depositados en un banco relacionado con sus intereses económicos. Al extitular del Banco Central del Paraguay se le atribuye haber intervenido en decisiones regulatorias y omitido medidas oportunas pese a conocer advertencias sobre la situación de la entidad.

Los señalamientos corresponden a una investigación inicial y deberán ser contrastados durante el proceso penal.

Los fondos públicos y previsionales comprometidos
Según el informe de la Dirección General del Tesoro Público citado en la imputación, al cierre de septiembre de 2026 Ueno Bank mantenía fondos de organismos y entidades del Estado por G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.

Entre las instituciones mencionadas figuran el Instituto de Previsión Social, Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad y distintas cajas de jubilaciones y pensiones.

La Fiscalía sostiene que estos recursos se concentraron en la entidad mientras esta desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico.

El escrito señala que, al 31 de agosto de 2025, Ueno ocupaba el primer lugar en saldos estatales en dólares, con el 24,5 % del total, y el segundo en guaraníes, con el 18,7 %, conforme a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas que incorpora.

Los depósitos identificados no equivalen automáticamente a una pérdida definitiva por ese mismo monto. El documento reconoce que deben individualizarse los recursos por institución y determinarse su eventual afectación, las posibilidades de recuperación y el perjuicio patrimonial resultante.

Peña y su participación en el conglomerado empresarial
La imputación describe que Peña habría mantenido intereses financieros en el conglomerado del Grupo Vázquez durante el ejercicio de la Presidencia.

De acuerdo con el documento, en 2023 sus activos en ese grupo ascendían a G. 8.894 millones, distribuidos entre 6.144 acciones de Ueno Holding, declaradas por G. 6.144 millones; un certificado de depósito de ahorro por G. 2.400 millones y un bono de ITTI por G. 350 millones.

La participación accionaria atribuida a Peña representaba aproximadamente el 1,58 % del capital social de Ueno Holding, sociedad vinculada al banco.

El escrito ubica el rescate de esas acciones el 22 de marzo de 2025, dentro de una reorganización empresarial, y sostiene que Peña habría conservado sus colocaciones en el certificado de ahorro y el bono.

También menciona que su hermano, Francisco Peña Palacios, habría ingresado en marzo de 2024 como socio de U Holding S.à r.l., constituida en Luxemburgo y señalada como controlante de Ueno Bank a través de U Paraguay S.A.

Para la Fiscalía, estos vínculos integran el contexto en el cual deben examinarse las decisiones públicas y las intervenciones atribuidas al entonces mandatario.

Dos reuniones y una inversión del IPS por G. 250.000 millones
Uno de los episodios centrales del documento es la secuencia entre reuniones presidenciales y una decisión de inversión del IPS.

Según la imputación, Peña habría recibido en su despacho al entonces presidente de la previsional, Jorge Brítez, los días 22 y 27 de agosto de 2024.

Cuarenta y ocho horas después de la segunda reunión, el 29 de agosto, el Consejo de Administración del IPS habría aprobado la compra de bonos financieros de Ueno Bank por hasta G. 250.000 millones, a siete años de plazo.

La Fiscalía incorpora esta sucesión de acontecimientos como parte de su hipótesis sobre una presunta intervención presidencial en la colocación de recursos previsionales.

Determinar el contenido de esas reuniones y su eventual incidencia en la inversión será relevante para establecer las responsabilidades investigadas.

Préstamos personales y respaldo público al banco
El documento también señala que Ueno habría concedido a Peña dos préstamos simultáneos, el 13 de mayo de 2024, por un total de G. 3.548 millones, destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino.

El escrito consigna cuotas mensuales de G. 239 millones, cifra que presenta como equivalente a seis veces su remuneración presidencial. Estos datos forman parte de los antecedentes financieros expuestos por los investigadores.

La imputación agrega que Peña habría respaldado públicamente al banco en distintas oportunidades, incluso cuando ya existían observaciones técnicas sobre sus operaciones.

Menciona intervenciones de octubre de 2024 y de octubre de 2026 en las cuales habría descalificado cuestionamientos, relativizado las infracciones o transmitido confianza en la continuidad de la entidad.

La tesis fiscal sostiene que ese respaldo institucional habría contribuido a mantener recursos públicos y captar nuevos depósitos pese a las advertencias existentes.

Las alertas que llegaron a las autoridades de supervisión
El documento describe una cadena de observaciones internas sobre excesos crediticios, diferencias en la identificación de empresas vinculadas y problemas patrimoniales.

Ya en septiembre de 2025, según la relación fiscal, los controles habrían detectado divergencias entre los reportes del banco y los datos de la Central de Información sobre límites de exposición a grupos relacionados.

Para abril de 2026, las obligaciones conjuntas de Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones.

Ese importe representaba alrededor del 30 % del patrimonio efectivo de Ueno y superaba en unos G. 250.337 millones el límite regulatorio del 20 %, conforme al cálculo reproducido en la imputación.

Un informe del 8 de junio habría identificado, además, directivos relacionados, domicilios coincidentes y accesos compartidos a la banca electrónica para operar cuentas de estas sociedades.

La Fiscalía utiliza estos antecedentes para sostener que las autoridades de control disponían de información sobre las irregularidades antes del inicio del procedimiento de resolución bancaria.

La venta de cartera bajo sospecha
Otra operación central es la venta de una cartera crediticia a Vinanzas S.A. por USD 74.418.418,12, realizada, según el documento, el 15 de junio de 2026.

La Fiscalía sostiene que, entre el 11 y el 15 de junio, Ueno habría otorgado préstamos por más de USD 71 millones y G. 280.500 millones a seis sociedades, cuyos recursos habrían sido canalizados hacia Vinanzas.

La sospecha consiste en que el comprador habría adquirido la cartera utilizando financiamiento originado en el mismo banco vendedor.

Al día siguiente de la operación, Ueno habría comunicado que se encontraba nuevamente dentro de los límites regulatorios. Sin embargo, el Informe de Hallazgos del 5 de agosto de 2026 habría calificado la maniobra como una operación prohibida por su financiamiento indirecto.

Para los investigadores, debe esclarecerse si la venta produjo una regularización efectiva o permitió presentar como corregida una exposición que continuaba vinculada a recursos de la entidad.

Carvallo: de dirigir Ueno a supervisarlo desde el BCP
La imputación destaca que Carvallo habría presidido Financiera Ueno hasta el 14 de agosto de 2023 y asumido la presidencia del Directorio del BCP el 7 de septiembre de ese año.

La Fiscalía señala que no habría dejado constancia de una excusación o abstención formal en las decisiones relacionadas con la entidad que había dirigido.

Durante su gestión en el organismo regulador se autorizaron la transformación de la financiera en banco y la posterior fusión por absorción de Visión Banco, según los antecedentes citados.

El escrito también le atribuye no haber impulsado oportunamente un proceso de regularización y medidas preventivas pese a conocer observaciones sobre excesos crediticios y déficit patrimonial.

Entre ellas figura una advertencia de la directora Carmen Marín sobre inversiones por aproximadamente G. 876.640 millones en Red Digital y Red Digital de Procesamiento, cuya deducción del capital habría profundizado el déficit de solvencia.

Consultorías de su esposa y una respuesta al Senado cuestionada
La Fiscalía incorpora otro vínculo económico: la esposa de Carvallo, María Silvia Vázquez de Carvallo, habría facturado al Grupo Vázquez servicios de consultoría económico-financiera mientras él presidía el BCP.

El documento describe tres facturas de G. 55 millones cada una, por un total de G. 165 millones, fechadas entre abril de 2025 y septiembre de 2026.

La imputación también cuestiona una nota enviada al Senado el 7 de octubre de 2026. Según el Ministerio Público, Carvallo habría afirmado que los excesos estaban subsanados y que la cesión de cartera reunía requisitos de validez, omitiendo antecedentes técnicos relevantes.

Este episodio sustenta el señalamiento de una presunta producción de documentos públicos de contenido falso y forma parte de los argumentos fiscales sobre un eventual riesgo de obstrucción.

Nuevos depósitos mientras persistían las observaciones
El escrito sostiene que, entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, Ueno habría continuado promoviendo la captación de depósitos y certificados de ahorro mediante campañas comerciales y reintegros del 50 %.

Según la Fiscalía, estas acciones se desarrollaron mientras las autoridades de supervisión conocían las observaciones sobre la entidad.

El documento sitúa el inicio del procedimiento de resolución bancaria el 2 de noviembre, ante un índice de solvencia inferior al 50 % del mínimo requerido, y la renuncia de Carvallo al día siguiente.

La hipótesis investigativa sostiene que una actuación tardía habría permitido el ingreso de nuevos depósitos y aumentado las obligaciones del Fondo de Garantía de Depósitos. Ese supuesto perjuicio deberá ser cuantificado.

Los USD 200.000 mencionados en la residencia presidencial
La imputación incluye un episodio sobre aproximadamente USD 200.000 en efectivo que habrían permanecido en un sector privado de la residencia presidencial.

Según la narración fiscal, personal doméstico habría encontrado dos paquetes en fechas distintas y Peña los habría recibido posteriormente, el 17 de junio de 2025, de manos de la coordinadora del personal.

El Ministerio Público incorpora este relato tanto entre los antecedentes patrimoniales como en su argumentación sobre la disponibilidad de recursos líquidos para un eventual desplazamiento.

El episodio, por sí solo, no permite establecer el origen ilícito del dinero ni su procedencia de Ueno Bank. Su vinculación con los hechos investigados requiere esclarecimiento.

Prisión preventiva y restricciones patrimoniales
La Fiscalía solicita prisión preventiva para ambos imputados y deja a criterio judicial el lugar de cumplimiento.

Respecto de Peña, invoca su capacidad económica, vínculos internacionales y acceso a dinero en efectivo como factores que, a su entender, podrían facilitar una fuga.

En el caso de Carvallo, enfatiza el supuesto ocultamiento previo de información y el riesgo de interferencia sobre documentos o elementos probatorios.

Además, requiere la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas, depósitos e inversiones y la eventual inmovilización preventiva de activos, con el alcance que determine el juzgado.

También pide localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales para evaluar medidas específicas.

Estas solicitudes buscan, según el requerimiento, evitar la transferencia u ocultamiento de bienes y preservar las posibles consecuencias patrimoniales del proceso.

Seis meses para determinar responsabilidades y perjuicios
El Ministerio Público solicita seis meses para presentar su requerimiento conclusivo. Entre las diligencias pendientes menciona informes del BCP, IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y distintas cajas previsionales.

La investigación deberá reconstruir la circulación del dinero, establecer la intervención concreta de cada persona y cuantificar los perjuicios.